La Fiscalía General y la Policía Nacional ejecutaron allanamientos, la madrugada de este lunes 28 de julio de 2025, como parte del Caso Apagón, en las provincias de Pichincha, Guayas y Bolívar.
Ocurrió dentro de una investigación por presunto peculado. La acción está relacionada con contratos de proyectos de generación eléctrica a escala nacional.
La intervención se realizó luego de que Ecuador atravesara por una de las peores crisis energéticas de su historia, en el último cuatrimestre de 2024. Afectó gravemente a la mitad de las empresas del país, aunque todas reportaron algún tipo de perjuicio. Así lo revela una encuesta realizada por el Observatorio de PYMES de la Universidad Andina Simón Bolívar, que analizó el impacto de los apagones en el sector empresarial.
El estudio recopiló respuestas de 563 gerentes, propietarios y directores de pequeñas y medianas empresas. Además del problema energético, la encuesta abordó el impacto de la crisis de inseguridad. Un 38 % de los encuestados indicó enfrentar dificultades severas, mientras que el 49 % calificó el efecto como moderado y el 13% lo percibió de forma ligera. (ECUAVISA)
Caso apagón: 12 personas, investigadas por irregularidades en contratos para instalar dos termoeléctricas
La investigación de la Fiscalía por peculado se concentra en dos contratos que hizo la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), para instalar dos termoeléctricas de 150 megavatios en Guayas y Los Ríos, que no fueron culminadas.
El expediente del denominado caso Apagón Fiscal menciona a 12 personas investigadas. La lista está encabezada por Fabián Calero, quien entre abril y octubre de 2024 fue Gerente General de CELEC y hasta el 15 de julio de este año fue Viceministro de Energía: renunció en medio de esta polémica.
Los indicios de responsabilidad penal que encontró la Contraloría no mencionan con nombre y apellido a Calero, pero concluyen que el Gerente General Subrogante de CELEC autorizó el proceso de contratación asignando un presupuesto de USD 97 millones para la Central Salitral en Guayaquil y USD 49 millones para Quevedo en Los Ríos, sin ningún estudio de mercado previo que sustente técnicamente esos valores, ni documentación que acredite que la institución contaba con ese dinero.
En el expediente fiscal también están Byron Orozco Moreno, exgerente de Termopichincha quien firmó los contratos y Cristhian Dahik, subgerente jurídico de esa Unidad de Negocio, quien aprobó los acuerdos con Progen, y, según la Contraloría, no verificó el cumplimiento de todos los requerimientos legales. Lo que ocasionó que la ejecución de los contratos se retrase 33 días.
Además, solicitó a la notaría que la facturación de los trámites de esos contratos se haga a nombre de la empresa Astrobryxa S.A., sin justificar un vínculo contractual, cuando los costos notariales debió pagarlos Progen.
La investigación de Contraloría señala que los contratos se gestionaron 4 meses antes de que CELEC declare la emergencia, medida que habilitaba hacer contrataciones urgentes para atender la crisis energética del año pasado.
Seis días antes de que se declare la emergencia, la directora de planificación y desarrollo de proyectos de CELEC envió un listado de 13 posibles proveedores nacionales y extranjeros, entre ellos Progen, sin autorización para anticipar esos procesos.
La comunicación era informal vía WhatsApp con el Gerente de la Unidad de Negocio, Termopichincha. Además, usaron un correo electrónico temporal para enviar y recibir propuestas de interés de los proveedores, que solo funcionó durante 90 días.
Los otros indagados integraron el Comité Técnico de Emergencia de CELEC que recomendó adjudicar los contratos a Progen.
La Contraloría concluyó que en ese proceso no se evaluó la capacidad económica, la existencia legal, ni la situación patrimonial de la compañía estadounidense, tampoco se les exigió documentos que validen la ubicación de los generadores, la disponibilidad, ni la fabricación de los equipos. (ECUAVISA)
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