Quito (Pichincha), 5 de agosto de 2025.- Fiscalía vinculó a cuatro personas naturales y una jurídica al proceso penal que investiga el presunto delito de delincuencia organizada con fines de extorsión. Cuarenta personas ya están procesadas en esta causa por presuntamente conformar una red criminal que operaba bajo la fachada de la empresa LKL CALL S. A. S., desde donde se ejecutaban actos de extorsión dirigidos a ciudadanos de Ecuador y México.
La diligencia se instaló la tarde de este 5 de agosto, en el Complejo Judicial Norte de Quito. Con base en más de cuarenta elementos de convicción presentados durante la audiencia de vinculación, el Juez Anticorrupción que conoció la causa dispuso prisión preventiva para las personas naturales.
El Magistrado también ordenó oficiar a la Superintendencia de Compañías que proceda con la clausura provisional y la suspensión temporal de la empresa LKL CALL S. A. S.
Adicionalmente, se impusieron otras medidas para los cinco vinculados: prohibición de enajenar bienes y congelamiento de cuentas bancarias, con excepción de los rubros relacionados con pensiones alimenticias o jubilares. La instrucción fiscal se extenderá por treinta días más.
Durante el desarrollo de la audiencia, Fiscalía detalló las razones por las que presentó cargos penales en contra de:
LKL CALL S. A. S. (persona jurídica): empresa constituida en enero de 2023, que habría sido utilizada como fachada para actividades ilícitas relacionadas con extorsión y amenazas. Los operadores habrían enviado mensajes y correos con contenido violento y amenazante a víctimas en Ecuador y México, exigiéndoles dinero a cambio de no difundir ese material.
Fue allanada por Fiscalía y Policía en junio de 2025. Su dirección operativa no coincidía con la registrada oficialmente.
Emily Daniela J. T.: representante legal y gerente general de la empresa. Salió del país luego de haber sido notificada por Fiscalía y tiene orden de captura vigente.
Margarita Fernanda J. A.: también fue representante legal y gerente general, posee el 100 % de las acciones de la empresa. Registra movimientos bancarios con Emily Daniela J. T. y con cuentas de LKL CALL S. A. S.
Edwin Rodrigo M. T.: contador, reveló que la empresa facturaba mensualmente entre 5.000 y 67.000 dólares, provenientes de cuentas de México y Ecuador. Afirmó que más del 80 % del personal (100 personas) no tenía contrato ni afiliación al IESS, y que los sueldos se pagaban con fondos del exterior. Fiscalía recordó que la omisión de denunciar este tipo de hechos también constituye delito, según el artículo 277 del COIP.
Michael Edward M. Q.: técnico de sistemas y luego supervisor, se encargaba del mantenimiento de los equipos y del software usado por los operadores. La empresa utilizaba sistemas como Pegasus para ocultar sus actividades ilícitas.
Información jurídica
El delito de delincuencia organizada está tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). (FGE)
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