Los reportes del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) señalan que más de 100 guías fueron retenidos en los centros de privación de la libertad (CPL) de Napo, Cotopaxi, Azuay, Cañar, El Oro y Loja.
Ocurrió en medio de los enfrentamientos registrados, durante cuatro días, en en el CPL Guayas N°1, conocido como la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil y hoy en el centro de privación de libertad de Esmeraldas. Hasta el mediodía de hoy, martes 25 de julio de 2023, las autoridades confirmaron seis internos fallecidos y 11 heridos.
Desde el SNAI se informó que se han desplegado acciones para tener a los agentes penitenciarios a buen recaudo, pero su situación de vulnerabilidad es inminente frente a los casos de agresiones y muertes que cada vez son más recurrentes a escala nacional. De hecho, los agentes retenidos fueron liberados horas después.
Para Luis Ángel Saavedra, activista de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), la falta de seguridad de los guías es un problema de toda la vida y ningún Gobierno se ha preocupado por dotar de equipamiento, tampoco capacitación para afrontar amotinamientos.
Cita el caso de las tres agentes que fueron acribilladas en las afueras de la Penitenciaría, el pasado 13 de abril, mientras almorzaban en un local frente a ese recinto. “Es lamentable, pero deben tener un protocolo para salir a alimentarse. Por cuestiones de seguridad, no pueden comer en cualquier lugar. Esa es una grave falencia”.
A su juicio, la situación de los celadores es tan crítica que son considerados como “la última rueda del coche” por parte de las autoridades. Se debe mejorar sus salarios para que no caigan en casos de corrupción. Asimismo, hace falta capacitarlos para que los nuevos efectivos que se suman al sistema penitenciario conozcan su funcionamiento. “Se debe prepararlos en temas de violencia”.
Capacidad operativa del sistema penitenciario del país
El abogado penalista Simón Valdivieso maneja temas penitenciarios desde hace más de 40 años. Considera que la violencia en los centros de privación de libertad radica en que estos no son manejados por personas expertas, como criminólogos, quienes deben encargarse de implementar políticas públicas para reducir la agresividad.
Los militares y polícías en retiro no son idóneos para manejar las cárceles del Ecuador. No es asunto de habilidades y destrezas en el manejo de armas, sino de políticas públicas dirigidas por criminólogos.
Dice que la corrupción es la principal causa para que se produzcan desmanes en las cárceles. “La situación no pasa por dar armas, sino depurar y mejorar las condiciones de trabajo de los guías, quienes están facultados para hacer uso progresivo de la fuerza”.
La falta de equipamiento
El presidente Guillermo Lasso Mendoza suscribió el Decreto Ejecutivo número 823 con el que dispuso el estado de excepción por grave conmoción interna en todas las cárceles de Ecuador, durante 60 días.
En el documento se indica que con la reciente entrada en vigencia de la Ley que regula el Uso Legítimo de la Fuerza, es necesario actualizar y adquirir la dotación de armamento letal y menos letal. “La falta de equipamiento y armamento frente al poder de fuego de las personas privadas de libertad, constituye una vulnerabilidad y un peligro para nuestros servidores, razón por la cual se requiere contar con el soporte operativo de FF.AA. y Policía Nacional“.
De igual forma, el documento enfatiza que los enfrentamientos entre bandas del crimen organizado, en las cárceles, pone en peligro la vida de los presos, así cómo de los efectivos del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Asegura que una de las estrategias de los grupos criminales es tomar como rehenes penitenciarios a los guías y policías, lo cual podría generar un incremento de las hostilidades, “conllevando a la pérdida de vidas de estos servidores, con el objetivo de desacreditar la imagen del Estado”. (DIEGO BRAVO – ECUAVISA)
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