Voceros de Petroecuador revelaron que estiman en $16.470 millones las pérdidas a causa del cese de la explotación del bloque 43, dentro del Parque Nacional Yasuní, en el hipótetico caso que el sí gane en la consulta popular que se efectuará el 20 de agosto, en conjunto con la elecciones generales anticipadas.
La Corte Constitucional de Ecuador aprobó el martes 9 de mayo de 2023 la realización de una consulta popular antes mencionada, tras diez años de impulsar la iniciativa por el colectivo ambientalista Yasunidos, finalmente aprobó la pregunta por ellos planteada y que debe ser sometida al voto popular.
“¿Está usted de acuerdo con que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? Sí – No”, es la pregunta para la consulta popular.
La Corte Constitucional, además de emitir un dictamen favorable a la pregunta de Yasunidos, condicionó que en la papeleta que servirá para la consulta se coloque un texto para el caso de que la iniciativa gane la votación, que explique cómo desmontar las operaciones petroleras existentes en la zona.
“Se procederá a hacer un retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada a la extracción de petróleo en el término no mayor a un año”, precisó la Corte en su fallo.
La mañana de ayer, en el espacio de entrevistas ‘Decisión 2023’ de Diario Correo, acudieron Guillermo Ortega, Jefe de Campo del Bloque 6 Machala y Jonathan Mancheno, Especialista de Gestión Ambiental de Petroecuador.
55.000 BARRILES DIARIOS
El Bloque 43 está ubicado en la provincia de Orellana, localizado al este de la Cuenca Oriente, aledaño al Bloque 31 operado por Petroecuador .
Esto representa para el país más de $1.200 millones anuales del Bloque 43, que actualmente produce unos 55. 000 barriles de crudo diarios y que dejaría de exportar Ecuador si triunfa la consulta popular, comentó Ortega.
Cuenta con unas reservas y recursos estimados de 282 millones de barriles de petróleo que reportarían al Estado $ 13.800 millones en los próximos 20 años, señaló
Recursos que se traducen en salud, educación, vialidad, sacar a las comunidades de la pobreza y recursos que son distribuidos en el país.
Para él, no hay alternativas a corto o mediano plazo para reemplazar los recursos que a su criterio se perderían.
Ante esto, explicó que las pérdidas están calculadas con base en el valor del petróleo que se quedaría en el subsuelo, el valor de las inversiones realizadas, el coste del cierre de las instalaciones y la pérdida de 37 mil plazas de empleo, que representa el 0.5% del empleo del país
Las pérdidas ocasionadas serían $467 mil millones por costos de abandono del campo, ya que implicaría el sellado de los pozos, el desmantelamiento de las instalaciones y el desarmado de tuberías.
Además de $252 mil millones que implicaría la pérdida de empleo causada por el cese de operaciones y la resolución de contratos con empresas nacionales e internacionales que prestan servicios en la operación a la compañía pública.
Y $1.952 mil millones pérdidas asociadas a inversiones realizadas al 2023 y $13.800 por cierre de operaciones.
Entre las desventajas de ganar el sí, dijo que el país passaría a importar el crudo luego de ser productores, analizar de nuevo los subisdios y perdería los beneficios antes mencionados.
BLOQUE 43 ES EL 0,01 % DEL YASUNÍ
Para Jonathan Mancheno, Especialista de Gestión Ambiental de Petroecuador, aseguró que la explotación petrolera en el Bloque 43, es bajo ‘control’. Para explicar puso de ejemplo que el Parque Nacional Yasuní, es como del tamaño de El Oro y el Bloque 43 sería el Parque Juan Montalvo.
“Es totalmente reducida nuestra área de explotación”, expresó.
La superficie de las instalaciones dentro del Parque Nacional Yasuní (225 pozos repartidos en 12 plataformas) abarca 80 hectáreas, lo que supone menos del 0,01 % de las 818.501 hectáreas de la reserva natural, la más grande del Ecuador continental, situada en la Amazonía. Además enfatizó que en la actualidad, cuentan con las licencias y planes de manejo ambiental autorizados por el Ministerio del Medio Ambiente.
Las actividades que se realizan en este bloque son fiscalizadas por el ejecutivo y por otros entes de control. Que en materia legal les dio las pautas para poder ejercer sus labores. Para geolocalización, posicionamiento de plataformas y acceso ecológico que exister en el punto utilizan tecnología en vanguardia, en ingeniera civil y topografía ambiental que sea ‘amigable’ para el planeta.
En el trayecto entre plataformas o accesos debieron realizar estudios para determinar la rutas ecológicamente amigables. La construcción de plataformas cuentan con todo los mecanismo de precaución en caso se presenten acontecimientos no deseados que puedan afectar al ambiente.
Además del personal capacitado para que monitoreen constantemente las zonas de influencia directa e indirecta del bloque.
Son un total de siete comunidades indígenas en el área de influencia directa, 661 familias beneficiadas por el programa de relaciones comunitarias, 2512 habitantes beneficiados por los convenios firmados con las comunidades, agregó. (DIARIO CORREO)
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