1.300 policías destituidos por delitos y faltas graves volvieron a las filas por orden de los jueces

Solo entre 2021 y 2025, 653 policías separados volvieron a la institución policial por decisiones de jueces que torpedean los intentos de depuración interna. El caso de los 8 policías que intentaban ayudar al narcotraficante Óscar Caranqui a salir del exPenal en 2006 es paradigmático. Dos de ellos, incluido un oficial, están de vuelta en esas filas. En los últimos diez años, 1.300 oficiales y clases han sido reincorporados a la Policía amparados por cuestionados fallos judiciales, pese a que fueron separados por delitos y otras actuaciones reñidas con la ley. La solución a este fenómeno no pasa únicamente por intensificar el control disciplinario sobre jueces y fiscales, sino por replantear integralmente el modelo disciplinario policial.

Al atardecer del sábado 11 de noviembre de 2006, Óscar Caranqui jugó voleibol con sus compañeros de prisión. Por una molestia en una de sus rodillas, se acostó temprano. Esa noche había bullicio en los corredores del exPenal García Moreno. En la celda número uno del último piso, frente a la que ocupaba Caranqui, había una competencia de baile entre un teniente y un interno. Apostaban y el premio era licor. Eso es, al menos, lo que luego relató Caranqui. Él estaba preso por narcotráfico.

Hacia las diez y cuarto de la noche, algunos policías irrumpieron en su celda, la número 11 del exPenal. Uno de los uniformados le enseñó un documento, una especie de salvoconducto para que Caranqui saliera con ‘fines investigativos’.

Ésa era solo una fachada. En realidad, el preso más famoso por delitos de narcotráfico de la época había salido ya en otras ocho ocasiones del exPenal para irse de farra, en compañía de varios policías.

Y en todas había tenido apoyo de uniformados, que le prestaban uniformes para que él se  hiciera pasar por un miembro policial para dejar el presidio, ubicado en el centro colonial de Quito.

Desde la navidad de 2005 había salido de la cárcel para divertirse en centros nocturnos. Siempre retornaba antes de las 06h00, cuando se producía el cambio de guardia.

Ese 11 de noviembre, Caranqui pensó que era una de las salidas para una noche de diversión a las que ya se estaba acostumbrando. Solo que a diferencia de las anteriores, ésta no había sido planificada.

Pero esa noche era distinta. La salida fue frustrada. Algunos medios de comunicación esperaban afuera del entonces llamado Centro de Rehabilitación número 1. Constataron que Caranqui vestía el traje gris de la policía.

Al saber que había sido descubierto, él gritó que salía con ayuda de altos oficiales. La conmoción fue tal que la Comisión de Fiscalización del entonces Congreso Nacional convocó a una sesión extraordinaria.

El 21 de noviembre de ese 2006, vistiendo traje café oscuro, camisa blanca y corbata roja, Óscar Caranqui fue testigo de primera fila. Narró que no había sido un intento de fuga el que se había producido nueve días antes. Y relató que las salidas habían sido periódicas, siempre con apoyo de policías.

Ocho días más tarde, los jueces Alberto Moscoso, Patlova Guerra y Trajano Vargas, de la segunda sala de lo Penal de la Corte Superior de Quito ratificaron la sentencia de 16 años, en contra de Caranqui y su esposa, por tráfico de drogas. En 2010 él fue trasladado a La Roca. En 2013 fue asesinado en su celda. El libro que escribió, que documentaba relaciones con el poder político, no vio la luz por orden judicial.

En la institución policial empezó un proceso de purga interna lleno de complicaciones. La depuración de la policía enfrenta un gran obstáculo. Por órdenes de jueces, unos 1.300 miembros separados de la fuerza por actos de corrupción, delitos u otras irregularidadaes volvieron a la entidad por la puerta grande. Esto ocurrió en los últimos 10 años.  Lo revela a esta alianza el general Víctor Herrera, quien está a cargo de la Inspectoría General de la Policía.“Ciertos jueces -dice Herrera- se convierten en instrumentos de la impunidad. No se puede depurar esa fuerza si operadores de justicia devuelven policías desvinculados con evidencias sólidas a nuestras filas”, con el agravante de que el Consejo de la Judicatura tampoco ha intervenido para investigar y sancionar disciplinariamente a los jueces que emitieron esos fallos.

Los policías que habrían colaborado con Caranqui

La investigación interna en la policía detectó que Caranqui intentó abandonar el centro carcelario en complicidad con policías que se encontraban de guardia en esa jornada.

Los guías penitenciarios detectaron la irregularidad y se contactaron con la central de radio patrulla, que impidió la fuga. La noticia se filtró a los periodistas que estaban de turno, esa noche.

Ocho servidores policiales fueron involucrados y llamados a juicio. Cuatro subtenientes como autores directos. Además, un cabo segundo y tres policías como cómplices.

Todos fueron dados de baja en 2007. Ellos apelaron esa decisión. El Consejo de Generales firmó el 12 de diciembre de ese año la resolución que ratificaba la situación de la baja del grupo.

La justicia sentenció a ocho años de prisión a los autores directos. Y cuatro años para los cómplices. Sin embargo, apelaron a las sentencias.

Dos subtenientes, el cabo segundo y un policía lograron el sobreseimiento. De estos cuatro sobreseídos, tres han insistido en volver a la fuerza policial. Dos lo lograron.

Uno de los subtenientes fue dado de baja por primera vez el 9 de mayo de 2008. Por resolución del juez octavo de lo Civil de Pichincha, el 13 de junio de 2008, quedó insubsistente la baja. Sin embargo, el 6 de junio de 2013 fue dado de baja por segunda vez. El 22 de octubre de 2021, la unidad judicial del Distrito Metropolitano de Quito decidió su reincorporación. En diciembre de 2024 se dispuso nuevamente su salida de la entidad. En conclusión, salió en el tercer intento. Cuando salió ya ostentaba el rango de capitán.

En cambio, uno de los subtenientes y un policía, que ostentaban esas jerarquías en 2006 y que fueron sobreseídos, volvieron a la institución policial tras presentar sendos recursos judiciales.

El subteniente que recibió la baja en mayo de 2008 presentó una acción de protección. La primera sala de lo penal de la Corte de Justicia de Pichincha dejó insubsistente la baja en marzo de 2010. El 6 de junio de 2013 se decidió la baja por segunda ocasión. Pero en enero de 2022 fue reincorporado, gracias a una acción de protección. La tercera sala de lo penal, colusorio y tránsito de la Corte Provincial de Pichincha acogió su petición. Se  encuentra activo en las filas y presta sus servicios en Quito.

El policía que recibió la baja en marzo de 2008 fue reincorporado en septiembre de 2023. Esto, por efecto de la sentencia de la sala especializada de lo penal, penal militar, penal policial y tránsito de la corte provincial de Pichincha. Actualmente presta sus servicios en Quito. No obstante la Inspectoría apeló el fallo para que sea revisado por una instancia superior.

No son casos aislados

57 mil uniformados integran en la actualidad las filas policiales. Desde 2015, aproximadamente 1.300 policías separados de la institución, por distintas causas, volvieron a sus cargos por decisión de jueces, advierte el general Herrera, entrevistado por esta alianza.

“Estas acciones legales tienen un pie de firma, un juez responsable. Nos llama la atención que hay jueces que tienen hasta 15 a 20 casos de reincorporación. Son órdenes de jueces competentes y si no cumplimos estamos cayendo casi en el desacato e inclusive los reincorporados llegan con disposiciones de reparaciones económicas”, afirma.

Varias cartas de reclamo ha enviado la entidad al Consejo de Judicatura, para alertar de la magnitud del problema. La mayoría no han tenido una consecuencia ni una respuesta con acciones desde esa institución encargada de los procesos disciplinarios de los funcionarios judiciales.

De hecho, explica Herrera, hay una “falta de articulación”. “A veces le mandan al mismo servicio del que salieron con problemas, digamos que salieron de Antinarcóticos y tienen que regresar a Antinarcóticos”.

El mensaje de fondo, detrás de estas acciones legales recubiertas de aparente legitimidad, es la impunidad.

Solo entre 2021 y 2025, 653 policías destituidos se reincorporaron por decisiones jurídicas, con cobertura legal.

Sin embargo, para el abogado y experto en temas de seguridad Hugo Espín la solución, en este caso, no pasa únicamente por intensificar el control disciplinario sobre jueces y fiscales, sino por replantear integralmente el modelo disciplinario policial. “Esto implica fortalecer la tipificación de conductas, garantizar el respeto irrestricto del debido proceso administrativo, mejorar la calidad probatoria de los sumarios y establecer mecanismos de articulación efectiva con la justicia constitucional”.

Por tanto -agrega Espín- la reincorporación de servidores policiales destituidos no responde exclusivamente a decisiones judiciales cuestionables, sino a una problemática estructural en la que confluyen deficiencias del sistema disciplinario, el ejercicio legítimo de garantías constitucionales y la ausencia de una coordinación institucional efectiva. “La responsabilidad no puede ser atribuida de manera unilateral, sino entendida como una corresponsabilidad sistémica que exige reformas profundas y técnicamente fundamentadas”.

Cuáles son las unidades judiciales que reintegran policías destituidos

La Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo en 2022 permitió 30 reincorporaciones; en 2023, dos y una más en 2024. Suman 33.

El Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario, con sede en el cantón Portoviejo, viabilizó un reingreso en 2022. Pero en 2024 dio luz verde a 15 más y en 2025 favoreció a otra petición. En total: 17.

La Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito, de Quito, permitió siete reincorporaciones entre 2021 y 2025. La Unidad Judicial Multicompetente con sede en la parroquia Valdez del cantón Eloy Alfaro: permitió seis reingresos en ese período. No son las únicas, pero sí las que más reincorporaciones han decidido en los últimos años.

Cómo se investiga la corrupción policial

Entre 2025 y lo que va de 2026, en la policía hubo 1.515 sumariados. De ese total, solo 509 casos llegaron a destitución. La causal principal, en el 61 por ciento de veces, es la ausencia injustificada del trabajo.

Esto tiene una explicación. Cuando el policía comete un delito, enfrenta dos procesos. Del penal se hace cargo la justicia. Del procedimiento administrativo disciplinario se hace cargo la entidad policial. Normalmente, al tercer día de ausencia injustificada el uniformado es separado de la entidad. Pero algunos encuentran todo tipo de argucias para justificar la falta, entre ellas, certificados médicos alterados.

“No estamos juzgando el presunto delito, estamos juzgando su ausencia y es ahí donde empiezan las argucias, como certificados médicos falsos, para conseguir órdenes de jueces competentes que piden su reincorporación. Ese bache con la justicia envía una señal de impunidad; hemos enviado varias cartas de queja a la Judicatura”, advierte Herrera.

Su mensaje es contundente. Si un policía irrespeta su uniforme y colabora con el crimen tiene dos caminos. Saldrá de las filas policiales. Y quedará a merced de las estructuras criminales. Esas, que consideran a todos sus colaboradores como seres desechables.

Por María Belén Arroyo y Arturo Torres
Alianza Código Vidrio – Vistazo