9 llamados a juicio por falsedad de información

Guayaquil (Guayas), 4 de mayo de 2026.- La Fiscalía General del Estado emitió dictamen acusatorio contra doce procesados por el delito de falsedad de información, en el marco de la investigación relacionada con el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL).

El proceso se inició a partir de denuncias presentadas en septiembre y diciembre de 2020 por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros contra las compañías DECEVALE S. A. y CITADEL Casa de Valores, por presuntas irregularidades en operaciones del mercado de valores.

Como parte de las diligencias, el 22 de junio de 2021 se ejecutaron once allanamientos en Guayaquil, Daule y Samborondón. En estos operativos se detuvo a siete personas y se incautaron equipos informáticos, dispositivos móviles y documentación relevante, que ingresaron en cadena de custodia. Posteriormente, en septiembre de 2021, otras cinco personas fueron vinculadas al proceso.

Según la investigación, DECEVALE S. A. habría suscrito contratos con compañías registradas en Panamá no autorizadas para operar en el mercado de valores de ese país, representadas por Jorge Ch. M. Asimismo, la empresa habría celebrado un contrato de depósito con el ISSPOL, incumpliendo disposiciones de la Ley de Mercado de Valores, y participando presuntamente como depositante, administrador y custodio de títulos negociados en mercados extranjeros no registrados en el catastro público de valores.

Fiscalía expuso que las operaciones habrían sido estructuradas para evitar su paso por la bolsa y el control de las autoridades, generando una apariencia de legalidad. Incluso, se habrían cobrado comisiones por estas transacciones.

Además, se investiga la presunta falsedad de la información contenida en los estados de cuenta remitidos por DECEVALE al ISSPOL, en los que se reportaba la tenencia de bonos que, en realidad, no constaban bajo su custodia. El presunto perjuicio económico superaría los 693 millones de dólares.

Durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio —que se instaló el 9 de marzo y concluyó el 28 de abril de 2026, tras trece reinstalaciones y bajo modalidad telemática—, el Fiscal de la Unidad de Administración Pública presentó los elementos de convicción que vincularían a los procesados con el delito investigado.

Entre estos constan informes de la Policía Judicial, reportes de la Superintendencia de Compañías, movimientos migratorios, pericias informáticas, documentales, bursátiles y contables, así como el informe de auditoría de la firma Ernst & Young, reportes de Criminalística y certificaciones emitidas por DECEVALE, entre otros.

El Juez de Garantías Penales a cargo de la causa acogió el dictamen fiscal y dictó auto de llamamiento a juicio, en calidad de autores, contra Luis A. V., Jorge Ch. M., Gonzalo N. M., Carlos C. C., Beatriz D. V., Rodolfo K. A., Alexandra M. S., Oriana R. T. y Marjorie Z. O. Los tres primeros se encuentran prófugos, por lo que se solicitó a INTERPOL su localización y captura; en su caso, la etapa de juzgamiento queda suspendida.

Para los demás procesados se mantienen las medidas de presentación periódica ante la autoridad competente y la prohibición de salida del país.

En cuanto a Sonia B. T., Karen C. Q. y Roberto C. G., el juez ratificó su estado de inocencia.

Asimismo, se dispuso la enajenación de bienes de los procesados por un monto de 600 millones de dólares y se ratificó la inmovilización de 260 millones de dólares en bonos depositados en el Banco Central del Ecuador.

Información jurídica

Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 312, numeral 1, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de falsedad de información con pena privativa de libertad de tres a cinco años. (FGE)