La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Dirección General de Investigación, ejecutó la operación denominada “Digitador”, una acción coordinada con la Fiscalía General del Estado que permitió desarticular una presunta estructura de delincuencia organizada dedicada a la gestión irregular de trámites vehiculares en la provincia de Manabí.
El operativo, desarrollado durante la madrugada de este día, fue liderado por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Corrupción y la Unidad Nacional de Delitos Contra la Eficiencia en la Administración Pública, con el apoyo de Criminalística, el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO).
Las diligencias comprendieron 17 allanamientos simultáneos, ejecutados en 12 domicilios y 05 instituciones públicas, como parte de una investigación que permitió identificar indicios sobre la presunta existencia de una red conformada por funcionarios públicos y particulares que habrían vulnerado los procedimientos establecidos para la emisión de documentos relacionados con la movilidad y el tránsito.
La investigación se inició tras una denuncia recibida a través de la línea 1800 DELITO, mediante la cual se alertó sobre presuntas actividades de corrupción relacionadas con la emisión de licencias de conducir, matrículas y revisiones técnicas vehiculares.
A partir de las labores investigativas desarrolladas por los equipos especializados, se logró identificar una presunta estructura que habría operado mediante la captación de usuarios interesados en agilizar trámites vehiculares, omitiendo requisitos legales y técnicos establecidos por la normativa vigente.
Según los elementos recabados durante la investigación, los involucrados habrían solicitado pagos irregulares que oscilaban entre 100 y 150 dólares por trámite, generando beneficios económicos ilícitos y afectando la normal prestación de los servicios públicos. Asimismo, las indagaciones permitieron establecer que estas prácticas habrían ocasionado la saturación de los sistemas de atención, limitando el acceso oportuno de los ciudadanos que realizaban sus trámites conforme a los procedimientos legales.
Las investigaciones también permitieron determinar la existencia de una presunta estructura organizada con funciones específicas y niveles de coordinación interna, cuyos integrantes habrían participado en la captación de usuarios, gestión irregular de trámites y distribución de los recursos obtenidos ilícitamente.
De manera preliminar, el perjuicio económico ocasionado al Estado se estima en aproximadamente cinco millones de dólares, motivo por el cual se gestionaron las respectivas órdenes judiciales de allanamiento, detención, registro e incautación de indicios ante la autoridad competente.
Resultados de la operación
Como resultado de las intervenciones ejecutadas, fueron detenidas 13 personas para fines investigativos dentro del proceso judicial en curso:
- Ángela P. S.
- Raúl A. D.
- José F. C.
- Andy P. M.
- Jorge P. G.
- María L. P.
- Marco M. P.
- Vicente L. P.
- Javier I. C.
- Roerto M. V.
- María P. B.
- Joan A. T.
- Julissa L. P.
Las diligencias judiciales incluyeron intervenciones en las siguientes entidades:
– GAD Municipal de Jipijapa.
– Corporación de Servicios Públicos Municipales de Jipijapa EP.
– Autoridad de Tránsito y Movilidad de Jipijapa.
– Centro de Revisión Técnica Vehicular Municipal de Calceta.
– Centro de Revisión Técnica Vehicular de San Vicente.
Indicios levantados
Durante los allanamientos se recopilaron diversos elementos que serán sometidos a los respectivos análisis periciales, entre ellos:
* 20 terminales móviles
* 03 laptops
* 02 libretas
* 04 dispositivos de almacenamiento
* 150 documentos varios (matrículas vehiculares, RTV)
* 20.264,09 dólares americanos en efectivo y cheques
* 01 impresora
Los indicios obtenidos serán incorporados al proceso investigativo y permitirán fortalecer las líneas de investigación que se desarrollan bajo la dirección de la Fiscalía General del Estado.
La Policía Nacional del Ecuador reafirma su compromiso con la transparencia, la lucha frontal contra la corrupción y la protección de los recursos públicos, ejecutando acciones investigativas orientadas a garantizar el cumplimiento de la ley, fortalecer la confianza ciudadana y contribuir a la construcción de instituciones más íntegras al servicio de la sociedad.
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