Jueces de Esmeraldas, Los Ríos y Guayas, en la mira por fallos a favor de policías sancionados

En el cantón de Puebloviejo, la unidad judicial del lugar ha emitido sentencias inéditas. Una de ellas ordenó reincorporar a un policía a la institución y además pagarle los sueldos que no recibió durante ocho años. Pero ese uniformado tiene una sentencia en la que aceptó los cargos. En el 2022, hubo la mayor cantidad de reincorporaciones de uniformados gracias a resoluciones judiciales.

En pleno festejo de fin de año, en 2014, hombres armados llegaron en varios vehículos hasta una casa del sector El Guayabo, en Santa Rosa, provincia de El Oro. A las personas del lugar les dijeron que debían cumplir un allanamiento de la Policía Antinarcóticos. Derribaron la puerta y obligaron a las víctimas a que se acuesten en el piso. Los asaltantes les quitaron celulares y dinero. Después acudieron a otra casa de la zona para seguir con los robos.

Mientras tanto, uno de los afectados llamó a la Policía. Hubo una persecución que terminó con la captura de cinco sujetos, que minutos antes habían lanzado por la ventana del vehículo las armas largas que usaron en los asaltos. Ramón C. fue el conductor de uno de los autos que intentaron escapar. Pero Ramón C. era un cabo segundo de la Policía y había ingresado a la institución en el 2002. Él y su banda se acogieron a un procedimiento abreviado, en el aceptaron los cargos y obtuvieron una pena reducida. Fueron condenados a un año de cárcel y al pago de 10 salarios básicos.

En 2015, este policía fue desvinculado. Pero el 14 de abril pasado, presentó una acción de protección en la que argumentó que sus derechos fueron violados porque no fue notificado de esa resolución. También dijo que, al momento de su separación, aún no había una sentencia en su contra y por lo tanto debió presumirse su inocencia.

La defensa del Ministerio del Interior le preguntó por qué esperó tanto este reclamo y calificó a esa acción de protección como ‘desnaturalizada’. También dijo que Ramón C. ya no cuenta con la formación, preparación física ni tiempo de entrenamiento necesario para el reintegro a las filas policías. “Hay una sentencia ejecutoriada, quiere una sentencia judicial para restituir valores que no vienen al caso”, dijo el representante de la Procuraduría. “Sería irónico que dentro de las filas policiales exista una persona que tenga sentencia penal, atentaría contra la moral, ética y la misión de la Policía garantista del orden público”, manifestó por su parte el defensor de la institución.

Pero Wladimir Zhigue Banchón, juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Puebloviejo, provincia de Los Ríos, aceptó la acción de protección y concluyó que a Ramón C. se le habían violado sus derechos al trabajo y a la defensa. Por eso dispuso que se deje sin efecto el acuerdo ministerial con el que el policía fue separado de la institución y ordenó su reincorporación. Además, la Policía debe pagarle los sueldos por los ocho años, que es el tiempo que ha durado su desvinculación.

El juez de Puebloviejo es uno de los magistrados que ha sido cuestionado públicamente por el alto mando policial. El general Fausto Olivo, inspector general, relató en una rueda de prensa del pasado 27 de junio otro caso que se dio en esa jurisdicción. Dijo que policías procesados por faltantes de droga y destituidos de la Dirección Nacional Antinarcóticos habían solicitado su reincorporación. En esa dependencia judicial se aceptó el reclamo de los expolicías con el adicional de que debía volver a cumplir las mismas funciones previas a su destitución.

Desde el 2020 hasta la actualidad, 286 servidores policiales han sido reincorporados a la Policía por sentencias de unidades judiciales y tribunales. Foto: Twitter Policía Ecuador

Las causales de destitución han sido varias: por cumplir el tiempo de situación transitoria, encontrarse ausente ilegalmente más de tres días, haberse demostrado una falta muy grave, entre otras.

En total, desde el 2020, 286 uniformados han sido reincorporados a la Policía por sentencias de unidades judiciales. “Algunos servidores de justicia no están actuando acorde el esfuerzo en contra de la corrupción, en contra de esta iniciativa y línea estratégica de mejorar las condiciones de confianza de los servidores policiales”, dijo el general Fausto Salinas, comandante de la Policía, en esa misma rueda de prensa.

El general Olivo contó otro episodio. Dijo que en el 2007 se reincorporaron dos policías. Pero uno de ellos viajó a España y, cuando regresó en el 2023, solicitó que se ejecute esa reincorporación, es decir 15 años después. “Se requerirá que se vuelva a tomar todas las pruebas físicas, médicas y de confianza para establecer si un policía puede volver a cumplir con sus funciones”. En 2014, en la provincia de El Oro, se sentenció a un año de prisión a un uniformado, pero se fugó. Luego de que prescribió el caso, solicitó su reincorporación y los jueces la aceptaron.

Los casos más recurrentes se han presentado en Esmeraldas, sobre todo en el cantón Atacames. En esa unidad judicial se han ordenado seis reincorporaciones. Este tipo de resoluciones también provienen de la provincia del Guayas.

La Policía cuestionó que algunos jueces ordenen acciones administrativas que no son de su competencia como ascensos de personas que no cumplen los requisitos o que se les pague los haberes no recibidos por su desvinculación de la institución y con altas sumas de dinero.

Salinas dijo que se ha reunido con Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, y que se ha contactado con la Judicatura. Informó que hará las denuncias correspondientes contra esos magistrados.

Más pruebas de confianza

Esta situación ha sido tratada en la Policía al más alto nivel. En el Consejo de Generales, del pasado 27 de junio, fue uno de los temas de discusión. El general Fausto Salinas, comandante de la Policía, informó que, entre las medidas que resolvieron, está la ampliación de la aplicación de pruebas de confianza a más cargos y rangos de los servidores judiciales para sus ascensos. Por ejemplo, comprarán 18 polígrafos más y harán estudios socioeconómicos a los uniformados. De esta tarea se encargarán policías especialistas recién graduados. 

“Siempre estamos dispuestos a ser sometidos al escrutinio público”, manifestó Salinas, en la rueda de prensa del pasado 28 de junio junto al alto mando policial.

Otro cambio consistirá en fortalecer la Unidad de Conducta, que se encarga de la investigación de las faltas de los policías que tienen que ver con delitos. Veinte policías se incorporarán a esta área. Son investigadores y se regirán por las normas y lineamientos de la Fiscalía, dijo Salinas. “Será un trabajo transparente y comprometido y se hará de la misma manera con la que se hacen las investigaciones más delicadas”.

Salinas aclaró que los delitos penales los investiga la Fiscalía. Pero en la policía se abren procesos internos. Por ejemplo, entre las faltas administrativas están ausentarse ilegalmente a sus funciones, haberse declarado en su contra mala conducta profesional, por sentencia del Tribunal de Disciplina. Los policías que las cometen pueden ser sancionados hasta con destitución.

También anunció el desarrollo de un reglamento para la evaluación de desempeño de los policías. El general explicó que en ese análisis se observará si un uniformado está muy cercano a un grupo delincuencial. Eso podría influir en su calificación para que sea destituido.

El Comandante dijo que estas decisiones se tomaron como parte de la lucha contra la corrupción declarada como objetivo primordial y estratégico del Estado, mediante la resolución 47-01 del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe).

“Enfrentar la corrupción de manera firme, en el marco de los mecanismos e instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador y la legislación ecuatoriana”, dice uno de los artículos de este documento que firmaron el pasado 22 de junio Salinas, pero también el presidente Guillermo Lasso, el vicepresidente Alfredo Borrero, además de los máximos representantes de las funciones del Estado.

Policías en delincuencia organizada

En 2016, las autoridades detuvieron a tres personas, incluido un oficial de la Policía, y fueron procesados por delincuencia organizada. Según un parte policial, estaban vinculados a un grupo de 27 personas dedicadas al tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, robo, secuestro y tenencia de armas.

En los allanamientos se encontró marihuana y heroína. Entre los procesados se supo que expendía droga en una discoteca y un domicilio en Durán, en Guayas. A través de interceptaciones telefónicas se vinculó al oficial de la Policía. Se trataba de Boris M., quien tenía varias comunicaciones con uno de los sentenciados del caso. Sin embargo, para un tribunal de Guayaquil este elemento no fue suficiente porque no se especifica la información que intercambiaban.

Finalmente, dos de los tres detenidos fueron sentenciados como autores directos a cinco años de prisión y una multa de 12 salarios básicos. El policía fue declarado inocente por “insuficiencia probatoria”.

Este es uno de los casos que registró el Observatorio de Crimen Organizado, de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés). En marzo pasado, publicó un informe en el que analizó 149 causas por el delito de delincuencia organizada entre 2015 y 2020. Estas causas se relacionan con tráfico de drogas, extorsión, secuestro extorsivo, sicariato, robo, estaba, tenencia y porte de armas, trata de personas, tráfico de migrantes, peculado, entre otros.

En el periodo de estudio, más de 1.400 personas fueron procesadas, de las cuales el 67% tuvo una sentencia condenatoria; el 21% fue sobreseído; y el 12% de los implicados no fueron sentenciados o se les ratificó la inocencia. Un dato revelador del estudio es que uno de cada 10 casos incluye la participación de, al menos, un policía, la mayoría concentra sus actividades en el narcotráfico.

Alicia Contero, miembro de la Observatorio, dijo en una entrevista con Plan V que es una cifra que debería llamar la atención. Pero aclaró que la mayoría no de policías de servicio activo no están involucrados en estos procesos. Sin embargo, esas cifras demuestran que hay falta de control y la impunidad en muchos de estos casos. “Muchos operadores que han sido cooptados se sienten vencedores y saben que no hay controles y eso, a la final, termina desinstitucionalizando el sistema de justicia”. (PLAN V)

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