14 millones de usuarios tienen en sus manos las empresas de telefonía móvil Conecel S.A (Claro) y Otecel S.A (Movistar), el servicio de estos consumidores se encuentran en riesgo debido a que el Gobierno suspendió la renegociación de los contratos con estas dos compañías.
En agosto del 2021, durante el Gobierno de Lenín Moreno, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) inició la renegociación de los contratos y a inicios del 2023 se acordó que el acuerdo se firmaría el 2 de junio del 2023, sin embargo, el 25 de mayo, solo una semana antes de que se venza el plazo, las autoridades suspendieron las mesas de diálogo.
Según la Resolución 0097 de la Arcotel, la decisión de suspender la renegociación se tomó principalmente por la falta de valoración del espectro radioeléctrico, que es básico para definir el monto que pagarán las empresas por la renovación del contrato, el informe debe ser realizado por la propia Arcotel, en conjunto con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en inglés).
Adicionalmente, la resolución de la Arcotel señala que faltan algunos documentos que deben ser remitidos por instituciones públicas, entre estos el Dictamen Favorable de Sostenibilidad y Riesgos Fiscales y el Dictamen Favorable de Impacto Presupuestario, que deben ser entregados el Ministerio de Economía y Finanzas.
Además, la Procuraduría General del Estado debe aprobar la cláusula de solución de controversias del contrato de renovación del servicio móvil, en caso de que la Arcotel incluya un arbitraje internacional.
El tiempo corre
De acuerdo con la resolución que la Arcotel tomó el 25 de mayo del 2023, las mesas de trabajo tendrán 120 días para completar la documentación necesaria y para llegar a un consenso en el contenido del contrato de concesión, lo preocupante es que este plazo sobrepasa las fechas en las que los contratos de las dos empresas vencen, lo que pondría en peligro el servicio de los usuarios.
Según los acuerdos firmados hace 15 años, durante el Gobierno de Rafael Correa, el contrato con Conecel vencerá el 27 de agosto del 2023 y la renegociación se concluiría recién el 25 de septiembre de este año; para Otecel se cuenta con más tiempo, hasta el 30 de noviembre del 2023.
Sin embargo, la demora en este tipo de renegociaciones no es nueva, el anterior proceso se inició en 2006, durante el gobierno de Alfredo Palacio, pero concluyó en 2008, con Rafael Correa; como resultado, el Estado logró que Conecel cancele 480 millones, mientras que Otecel pagó USD 220 millones. En la actual negociación se espera que el monto sea muy inferior al obtenido hace 15 años.
Sigilo en la negociación
Al igual que ocurrió hace 15 años, cuando no se conocieron las condiciones de los contratos hasta después de que se los firmó, el actual Gobierno ha mantenido el sigilo ante los nuevos acuerdos, se desconoce el monto, las características del servicio y si la renegociación implica mejoras para los usuarios.
Para Juan Carlos Solines, experto en Telecomunicaciones, la opacidad con la que se ha manejado el proceso y el último aplazamiento para la firma del contrato deja en evidencia un manejo poco técnico de un asunto de vital importancia para los ecuatorianos, pues corre el riesgo un servicio del que se benefician 14 millones usuarios.
Solicitamos un pronunciamiento de Vianna Maino, ministra de Telecomunicaciones, quien además preside el directorio de Arcotel, sobre la decisión de aplazar la firma del contrato y sobre los alcances de la renegociación, pero por motivos de agenda no nos pudo atender.
Cifras
52% del mercado es manejado por Conecel S.A (Claro), con 9,2 millones de usuarios
30% del mercado lo tiene en sus manos Otecel S.A (Movistar), con 5,4 millones de líneas activas.
700 millones de dólares pagaron las dos empresas de telefonía en el 2008, por un contrato de 15 años (DIARIO EL MERCURIO)
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