Caso Gabela: cinco exministros del gobierno de Rafael Correa, investigados por presunto peculado

QUITO.- Cinco exministros que integraron el gabinete del expresidente Rafael Correa están siendo investigados por presunto peculado, por el tratamiento que se dio al denominado tercer producto, en la investigación del asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela Bueno, en el 2010.

La Fiscalía General del Estado comunicó este 17 de julio de 2023 a la Corte Constitucional (CC) el cumplimiento que dio a una sentencia en la que ordenó la reconstrucción de este tercer informe, en el trámite de una acción extraordinaria de protección que presentaron Patricia Ochoa, viuda de Gabela, en conjunto con la Defensoría del Pueblo en el 2018.

Ello, porque pese a una acción de acceso a la información pública que tramitaron años atrás, no pudieron acceder a la documentación completa de esa investigación.

Los jueces de la Corte, en un fallo de febrero pasado, concluyeron que se vulneró el derecho a la verdad de la familia de Gabela y decretó que se reconstruya este tercer producto y que la Fiscalía y la Contraloría General del Estado informen sobre las «medidas y sanciones» emprendidas hasta este 18 de julio.

Alegaron que la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública determina «sanciones civiles, administrativas, penales para aquellos funcionarios estatales que oculten, alteren, pierdan o afecten a la información pública».

Según la Corte debe investigarse a aquellos exservidores que en su momento “estaban obligados al manejo de elaboración, recepción del informe final elaborado por el Comité Interinstitucional y a los funcionarios responsables de las contrataciones para elaborar dicho informe”.

De esta manera, la titular de la Fiscalía General, Diana Salazar, remitió a la Corte Constitucional los resultados de esas medidas y acciones que tomaron por lo que sería la desaparición de este documento de los archivos del Estado.

Salazar informó que el 13 de marzo de 2023 abrió un expediente por el delito de peculado y que se encuentra en investigación en la Fiscalía de Fuero de Corte Nacional.

El expediente aglutina, por el momento, 2.968 fojas en 30 cuerpos y, como parte de la indagación previa, se han dispuesto 164 diligencias, entre ellas: 26 versiones receptadas, cuatro autorizaciones judiciales obtenidas, cuatro cadenas de custodia relacionadas con evidencia documental, digital y de audio y video, doce pericias dispuestas que incluyen las del sistema informático, 162 requerimientos a instituciones públicas, dos requerimientos a instituciones privadas y diez versiones por receptar.

De acuerdo con este procedimiento, la Fiscalía reporta como presuntos involucrados a cinco personas que integraron el equipo de ministros de la gestión de Rafael Correa en el periodo del 2015. Entre ellos:

Ledy Andrea Zúñiga Rocha, exministra de Justicia (actual candidata a asambleísta por el movimiento Revolución Ciudadana).

César Navas Vera, exministro de Coordinación de Seguridad.

Fernando Cordero Cueva, exministro de Coordinación de Seguridad y exministro de Defensa (expresidente de la Asamblea Nacional).

José Ricardo Serrano Salgado, exministro del Interior (exasambleísta y expresidente de la Asamblea Nacional).

Pedro Solines Chacón, exsecretario de Transparencia de Gestión (actual alcalde de Milagro).

También se menciona a «funcionarios públicos que participaron de la contratación», aunque no se detalla sus identidades.

La investigación a estos exministros de Estado se da en un contexto en el que, en el 2012, el expresidente Correa constituyó un denominado Comité Interinstitucional que tenía como objetivo «conocer, investigar, analizar y pronunciarse sobre la denuncia de la señora Patricia Ochoa Santos en torno a la muerte del señor Jorge Fernando Gabela Bueno, excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana».

Jorge Gabela, general y excomandante de la FAE, denunció en el 2008 la existencia de presuntos actos irregulares en la compra de siete helicópteros Dhruv que concretó el Ministerio de Defensa por $ 45 millones, a la empresa transnacional Hindustan Aeronautics Limited (HAL), de los que cuatro se accidentaron y tres quedaron inoperativos.

Gabela fue asesinado en diciembre del 2010, luego que su hija fue víctima de una persecución en la que los delincuentes ingresaron a su casa en Guayaquil y en un aparente robo dispararon al general, que murió diez días después en el hospital Luis Vernaza.

La justicia procesó a cinco personas y concluyó que el asesinato de Gabela se debió a un delito común, pero Patricia Ochoa insistió al Gobierno de ese entonces que investigue, pues presume que el asesinato fue a causa de sus denuncias alrededor de la compra de los siete helicópteros.

Fue así que Correa integró este Comité en el que participaron un representante o delegados de las máximas autoridades del extinto Ministerio de Justicia, Derechos Humanos, quien lo presidía; el Ministerio de Coordinación de Seguridad, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior, y, la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión.

Entre sus atribuciones, ese cuerpo colegiado podía recopilar información de cualquier naturaleza, entrevistar personas que pudieron tener conocimiento de los hechos denunciados; también acceder archivos y documentos, incluso aquellos que se encuentraban protegidos con el carácter de secreto, confidencial o reservados; y, también, practicar visitas, inspecciones, sesiones de trabajo, o cualquier otra actividad.

Para sus tareas podía contar «con peritos y expertos que les ayuden en el análisis técnico».

Bajo esas atribuciones, el Ministerio de Justicia contrató, a través de la modalidad de consultoría, al perito argentino Roberto Meza Niella para que investigue los hechos que rodearon el crimen de Gabela.

La contratación se adjudicó por $ 78.000 y de ella se desprendieron tres productos. El primero contenía un cronograma de trabajo; en el segundo producto se había arribado a la hipótesis que el crimen se relacionaba con el crimen organizado por las denuncias de Gabela.

En ese segundo momento se había observado que el acto criminal se debía a un «acto ajeno a la delincuencia común» y se encontraron méritos en hechos relacionados con la actividad laboral de Gabela, por lo que se debía emitir un tercer informe sustentado con «recaudos probatorios que permitan determinar a los presuntos autores intelectuales del móvil del crimen».

En julio del 2013, el perito Meza entregó el denominado tercer producto al Comité Interinstitucional y sus resultados se divulgaron en una rueda de prensa en el 2015 por la exministra de Justicia Ledy Zúñiga, quien informó que la muerte de Jorge Gabela había sido un delito común, descartando el crimen organizado y las denuncias.

Sin embargo, ese documento no se encontró íntegro en los archivos de las instituciones que integraron ese Comité, según lo constataron los mismos jueces de la Corte Constitucional cuando sustanciaron la acción extraordinaria de protección presentada por Ochoa y la Defensoría del Pueblo.

Por ejemplo, la Corte constató que «el tercer producto presuntamente elaborado por el perito Roberto Meza presenta inconsistencias» que estaba «incompleto». Además, que un tercer producto que constaría entre los documentos «no posee firmas de responsabilidad y sumillas».

«Adicionalmente, esta Corte anota que el segundo producto concluyó que el delito se relacionó con la delincuencia organizada y precisamente por esta razón, conforme el contrato con el perito, se creó el tercer producto en el que se debía identificar el móvil y a los presuntos responsables del crimen. No obstante, el tercer producto habría concluido que la muerte del general Jorge Gabela fue un delito común, por lo que las conclusiones entre ambos informes serían inconsistentes y la información proporcionada no puede ser catalogada como fidedigna, ya que no tiene aptitud para ser considerada original, creíble y veraz. Ergo, se vulneró el derecho de acceso a la información pública», determinó el máximo organismo de control constitucional.

Para la reconstrucción de este tercer informe se creó una Comisión de Coordinación para que facilite la recolección de la información de las instituciones que integraron el Comité y permita que el perito Roberto Meza elabore, nuevamente, ese documento.

El documento se entregó el 11 de julio de 2023 y, en ese proceso, Meza contó que encontró tres versiones del tercer producto y ninguna de ellas había sido las que él entregó al Comité Interinstitucional en el 2013.

«Cuando organizamos las cajas (de información) para la reconstrucción encontramos tres diferentes versiones y la cuarta versión aparece en el tuit del expresidente Rafael Correa con el informe que recoge el medio Página 12. Ese informe nunca lo vi. Ese que dice que está en la Fiscalía, no está. A mí nunca se me presentó ese informe de la Fiscalía. Entonces tenemos cuatro versiones diferentes y esa versión que Correa muestra en Twitter y que sale en Página 12 tiene conclusiones diferentes a las conclusiones que leyó la exministra Zúñiga (en el 2015)», explicó Meza.

Por su parte, la Contraloría General informó en mayo pasado a la Corte Constitucional las acciones que tomó en cuanto a este caso.

Según los documentos públicos, el organismo de control realizó dos exámenes especiales: uno en el 2016 al proceso de contratación y ejecución del contrato que hizo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de consultoría para la prestación de servicios especializados para identificar e investigar el deceso del general Jorge Gabela Bueno.

Un segundo examen se había hecho en el 2019 a la gestión documental del Ministerio de Justicia con relación al manejo de la documentación del Comité Interinstitucional integrado para conocer, investigar, analizar y pronunciarse sobre la denuncia de Patricia Ochoa en torno a la muerte de Gabela y de los productos del contrato entre Roberto Meza y esa cartera de Estado.

De ellos, se identificó siete ‘sujetos de responsabilidad’. Entre ellos, el exministro de Justicia del gobierno de Correa, Lenin Lara Rivadeneira, que actualmente es candidato a asambleísta. (DIARIO CORREO)