“Mamá, cuando llegue, espero que ya haya cotizado los muebles que le voy a comprar”.
Con esa promesa en vísperas del día de la madre Elvis Luis Vargas Jaimes, un bachiller de 17 años de edad, se despidió de su mamá, Gladys Vargas, en la mañana del sábado 6 de abril de 2002.
“Pero yo no lo volví a ver”, le dice Gladys a BBC Mundo en una sufrida recapitulación del evento que cambió su vida.
De 58 años y empleada doméstica, Gladys es madre soltera de tres hijos más.
Son tantos los dolores que ha padecido, tantos los episodios de revictimización que dice no entender por qué está viva.
“A mi hijo lo desaparecieron y luego a mí no me mataron para que siguiera sufriendo, porque, si no, yo no entiendo por qué me dejaron viva”.
Ayudante de latonería del taller de un tío, Elvis Luis fue detenido y desparecido por uno de los frentes al mando de Salvatore Mancuso, uno de los personajes más importantes de la historia del conflicto colombiano.
Mancuso, condenado por estos hechos en 2014, fue uno de los principales comandantes de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el ejército ilegal que con el objetivo de enfrentar a las guerrillas cometió más homicidios que cualquier otro movimiento armado en el país.
Nacido en Montería, Córdoba, en la llanura del Caribe, Mancuso fue el cerebro de los frentes más sangrientos de las AUC y el artífice del vínculo que dicho movimiento entabló con decenas de políticos colombianos.
Mancuso cumplió en 2020 su pena de 15 años por tráfico de drogas en Estados Unidos. Desde entonces está pendiente su extradición a Colombia, donde tiene orden de captura, o a Italia, país del que tiene nacionalidad.
Ahora, el presidente Gustavo Petro lo nombró gestor de paz en Justicia y Paz, un sistema de justicia transicional que surgió del proceso de paz con las AUC en 2008.
“El proceso no ha terminado, aun no se sabe toda la verdad de las haciendas entregadas y muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados”, dijo Petro para justificar su decisión.
La figura de gestores de paz la empezó a utilizar Petro para personas que puedan contribuir en procesos de diálogos, de esclarecimiento de la verdad del conflicto armado en el marco de la llamada política de “paz total”.
Uno de esos cuerpos que no han sido encontrados es el de Elvis Luis. Su madre, que cree está enterrado en una fosa en Venezuela, espera encontrarlo. El nombramiento de Mancuso, que ella celebra, puede ayudarle.
“Yo lo apoyo —dice—, siempre y cuando este señor nos diga toda la verdad, y que nosotros podamos encontrar a nuestros familiares, y podamos descansar y darles sepultura, eso sí”.
Los crímenes de los paramilitares
Experto en ingeniería y agropecuaria, hacendado y fluido en inglés, Mancuso empezó su carrera criminal a comienzos de los años 90 armando civiles y colaborando con el ejército en busca de proteger latifundios de la toma guerrillera en el departamento de Córdoba, la cuna del paramilitarismo.
En el 94, se alió con los hermanos Carlos y Vicente Castaño para crear las AUC, organización que, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), cometió la mitad de los 262.000 homicidios derivados del conflicto entre 1958 y 2016.
Para principios del siglo XXI Mancuso había consolidado su influencia en círculos empresariales, universitarios y políticos y promovido una impresionante expansión del control territorial del paramilitarismo más allá de Córdoba.
Así llegó a regiones como Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, donde creó uno de los batallones más poderosos del paramilitarismo, el Bloque Catatumbo, que a través del llamado Frente Fronteras tenía el control de Juan Frío, el corregimiento donde vivían Gladys y sus hijos.
En 2005, el gobierno de Álvaro Uribe firmó un acuerdo de paz con las AUC que pactó la desmovilización y verdad de los paramilitares a cambio reducciones de penas a través de Justicia y Paz.
En dos sentencias de 2014, Justicia y Paz condenó a Mancuso a 40 años de cárcel por un total de 1.500 crímenes que incluyen incursiones, masacres, homicidios de varias índoles, soborno, narcotráfico y uso indebido de insignias militares.
Cuando se emitieron esas sentencias, sin embargo, Mancuso ya llevaba 6 años en Estados Unidos, porque, en 2008, Uribe decidió extraditar a este y otros jefes paramilitares con el argumento de que estaban delinquiendo desde la cárcel colombiana.
Esa extradición culminó en 2020 y el destino de Mancuso está por definirse. Una opción tras ser designado de gestor de paz, nombramiento que aceptó y para el que dijo “estar listo”, es que sea extraditado a Colombia y colabore con la justicia.
Eso, para miles de víctimas como Vargas, reabre las heridas de décadas atrás. Varios tribuales de Colombia han adelantado procedimientos para volver a imputar Mancuso. Solo en Bogotá, por ejemplo, Justicia y Paz asegura que hay 75.000 presuntos crímenes por investigar.
“Picado en pedacitos”
Al menos 80.000 personas han sido desaparecidas durante el conflicto en Colombia, calcula el CNMH. El 46% de ellas se consideran víctimas de los paramilitares.
“Yo hubiera preferido que lo mataran en mis narices a que lo desaparecieran“, dice Gladys Vargas. “Porque ahora no sé qué pasó, no sé nada, no puedo pensar que murió si no lo vi en un cajón”.
Han pasado 18 años de la desaparición de Elvis Luis y su madre aún no sabe con certeza lo sucedido: sus investigaciones, que le costaron innumerables amenazas, estiman que lo sacaron de un bar esa noche de sábado.
El paramilitar Rafael Mejía, alias “Hernán”, le dijo a Vargas durante una dramática audiencia de Justicia y Paz en 2010 que a su hijo luego lo torturaron por dos días, lo mataron el lunes y lo echaron a una fosa, “picado en pedacitos”.
“Duraron 4 meses enterrados y después los echaron al horno, para que se desaparecieran, porque por orden de Mancuso tenían que desaparecer a los cuerpos”, recuenta Vargas.
En los tribunales, los exparamilitares mantuvieron su teoría de que Elvis Luis era colaborador de la guerrilla y que por eso lo mataron como a tantos miles más.
“Pero yo le dije en la cara que eso no era cierto, les mostré las notas del colegio, recogí firmas, tenía todas las pruebas, pero es que ellos apuntaban sin saber si en verdad era guerrillero”, asegura ella.
En 2022, en una audiencia de la Comisión de la Verdad, una entidad que investigó el conflicto armado, el exparamilitar Jorge Iván Laverde, alias “el Iguano”, le dijo a Vargas que el cuerpo de su hijo, en lugar de ser incinerado, fue enviado a Venezuela y enterrado en el cementerio de San Cristóbal.
“La lucha mía ahora es que el gobierno me ayude a repatriar los cuerpos que hay sin identificar en Venezuela“, dice Vargas.
Petro, en efecto, ha dicho que esa es parte de su intención: “Si Mancuso logra detectar las zonas, si efectivamente allí hay cadáveres, pues el Estado venezolano nos ayudaría al regreso de los restos y a la entrega a sus familiares“, dijo Petro en mayo tras reunirse con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro.
El Estado colombiano, en efecto, tiene una deuda histórica con miles de víctimas que nunca supieron el paradero de los restos de sus familiares, sometidos injustamente por la guerra.
“Mire —dice Gladys—, a mí me dieron 18 millones de pesos (unos US$4.500) y a dos de mis hijos también los indemnizaron, pero me falta uno, que está preso. Y de resto ni acompañamiento ni abogados nos han dado; toda esa plata se fue en los procesos legales”.
La hondura de las heridas de Gladys Vargas parece interminable, porque cada vez que lee una noticia con el apellido Mancuso en ella reaparecen los fantasmas del paramilitarismo que “me quitaron la vida sin matarme“.
Han pasado 20 años y aún no ha logrado materializar la promesa de Elvis Luis del día de la madre de 2002.
“Después de que desapareció nos cambió tanto la vida que nunca pude comprar los muebles”.
Fuente: BBC News Mundo
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