La millonaria lavadora de dinero de alias Fito está bajo la lupa

Dos mujeres cercanas a José Adolfo Macías, alias Fito, líder de Los Choneros, encabezan una red de supuesto blanqueo de activos y crimen organizado. Inteligencia detectó USD 23 millones.

En su tablero de ajedrez, Fito juega con dos reinas y varios alfiles. Dos mujeres tienen un rol crucial en su vida y en sus finanzas.

Ambas, de 47 y 30 años, aparecen a la cabeza de un esquema de supuesta delincuencia organizada y lavado de activos.

Esquema que habría sido montado por José Adolfo Macías, alias Fito, el líder de la banda de Los Choneros.

De esta forma, el cabecilla del grupo criminal más poderoso del país ha buscado lavar sus millonarios ingresos.

Los investigadores estiman que estos ingresos provienen del narcotráfico, del microtráfico, de las extorsiones y del sicariato, dentro y fuera de las prisiones.

Su principal fuente de ingresos es el cartel de Sinaloa, que le paga por servicios de transporte, seguridad, acopio y envío de cocaína a través de los puertos de Esmeraldas, Manabí y Guayas, hacia Centroamérica y Estados Unidos.

El esquema

Este esquema de crimen organizado es investigado desde 2022 por agentes de los subsistemas de Inteligencia.

Los agentes entregaron sus informes a la Policía, para que se encargara de judicializar el caso con la Fiscalía.

Sin embargo, la unidad policial aún no ha avanzado con la investigación, según conoció PRIMICIAS. Quien estaba al mando fue reemplazado recientemente por otro oficial que recién empezará el análisis.

El comandante de la Policía, Fausto Salinas, dijo que esa y otras investigaciones son parte de la estrategia que apunta a blancos de alto valor, enfocada en golpear las economías criminales.

“Estamos construyendo estos expedientes en colaboración con la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), para obtener todos los enlaces con evidencias sólidas, que nos permitan atacar las estructuras financieras de las organizaciones”, dijo Salinas.

Y explicó que las autoridades “no solo buscamos judicializar los casos y aprehender bienes, sino desmantelar las organizaciones con investigaciones a largo plazo, pese a que el sistema judicial solo da señales de impunidad“.

USD 23 millones para lavar

Hasta 2020, Junior Roldán y Fito, a la izquierda, eran los lugartenientes de Rasquiña, quien lideraba a Los Choneros. Primicias

Según los datos recopilados por los agentes en el sistema financiero, la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la UAFE, Verónica B. Z. y Mariela P.T., así como cuatro familiares de alias ‘Fito’, serían piezas clave en el engranaje financiero para blanquear parte importante de sus ingresos.

Los recursos detectados en manos de testaferros y en empresas de fachada y otras actividades sumarían unos USD 23 millones, según los reportes de Inteligencia.

Este dinero se reparte en la operación de empresas de transporte de carga pesada, venta de material de construcción, depósitos y transferencias en cuentas bancarias.

También hay empresas de compra de inmuebles, vehículos y operación de comercios, según los informes y reportes financieros sobre los colaboradores de esta organización.

Las empresas y comercios de los cercanos del líder de Los Choneros, quien está preso en la cárcel Regional de Guayaquil, se hallan en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos y Pichincha.

En los negocios del grupo están involucrados 13 agentes penitenciarios y funcionarios del SNAI, quienes han recibido pagos por colaborar con el grupo criminal.

Las actividades más relevantes se enfocan en la comercialización de mariscos, en el sector inmobiliario, en la compra-venta de vehículos, el transporte de carga pesada y el comercio informal.

Los nombres de todas las empresas y representantes, así como las cuentas bancarias y otras inversiones, están en poder de los investigadores. PRIMICIAS se abstiene de revelarlos por hallarse bajo una investigación previa.

La máquina de billetes

¿De dónde provienen esos recursos? Salen del narcotráfico, microtráfico, sicariato y las extorsiones dentro y fuera de las prisiones, explica un agente que analizó las relaciones empresariales y familiares, así como la situación financiera de los cercanos a alias ‘Fito’.

Así se establecieron los siguientes patrones delictivos recurrentes:

Permanentes transferencias de dinero a personas con antecedentes penales sin relación alguna.

Transferencia de dinero a funcionarios y agentes de seguridad penitenciaria.

Uso de prestanombres para la recepción y transferencia de dinero, incluidos menores de edad e indigentes.

Utilización de compra-venta de vehículos de alta gama y de carga.

Incremento patrimonial injustificado de los involucrados.

Control de dinero por parte de familiares y personas afines a ‘Fito’.

En la cabeza de la pirámide está Mariela P., una trabajadora de la salud, quien enfrenta juicios de delincuencia organizada, lavado de activos, asesinato, extorsión y robo.

Su patrimonio suma USD 6,8 millones. En sus cuentas, en seis bancos y una cooperativa, registró un saldo de USD 2,1 millones hasta 2022.

Adquirió cinco propiedades y dos plantas de una empresa de bebidas en Manabí, por las cuales pagó USD 3,3 millones, la mayoría, de contado.

Junto con dos de sus hermanos constituyó dos empresas de transporte de carga pesada y de bebidas, y compró cuatro autos y dos motos avaluadas en USD 102.000.

Según el análisis de su perfil financiero, se presume que estaría involucrada en un delito de enriquecimiento ilícito privado no justificado.

Operadora financiera

Otro puntal de las movidas de supuesto blanqueo de dinero es Verónica B., una mujer de mucha confianza del cabecilla de Los Choneros. Ella lo visita constantemente en prisión.

Se dedica a la venta de mariscos y al negocio de ferreterías.

Y con recursos del cabecilla de Los Choneros habría creado dos empresas de transporte de carga pesada y una tercera, de venta de material de construcción, que están a nombre de familiares y domiciliadas en Manabí.

Ella misma trabaja en una de las firmas.

Otra de las compañías posee cuatro tráileres y siete camiones. Desde mayo de 2019, abrió cinco establecimientos comerciales de venta de mariscos, plásticos, panadería y centros odontológicos.

Mientras que entre 2020 y 2021, recibió depósitos y transferencias por USD 336.451 en sus cuentas, de los cuales trasfirió USD 262.244 a cuentas de otras personas.

De ese monto, USD 248.144 fueron transferidos a 97 beneficiarios, 25 de los cuales son parte de bandas delictivas y enfrentan procesos judiciales por delincuencia organizada, sabotaje y terrorismo, asesinato, homicidio, violación, extorsión, narcotráfico e ilícitos aduaneros.

En septiembre de 2020, Verónica B. compró una propiedad en USD 303.000 en la parroquia Eloy Alfaro, Manabí, a un médico que registra un incremento patrimonial injustificado y trabajó en el Ministerio de Salud.

Familiares empresarios

Cuatro familiares cercanos del líder de Los Choneros también están bajo la lupa de los investigadores.

Se trata individuos cuyas edades oscilan entre los 71 y 29 años. Tres enfrentan juicios y han estado detenidos por delincuencia organizada, narcotráfico, asesinato, intimidación, tenencia ilegal de armas, asociación ilícita, entre otros delitos.

Dentro de este esquema de lavado de activos se estableció una relación con la compra de dos propiedades y cuatro vehículos, avaluados en USD 600.000, pero cuyo valor real superaría el millón de dólares.

A su nombre también están registradas cuatro compañías de taxis, de transporte y limpieza.

Los informes de este esquema de supuesto lavado están en poder de la Dirección Nacional de Delitos contra la Administración Pública de la Policía, que deberá continuar la investigación y judicializarla en coordinación con la Fiscalía.

Ya casi sale de la cárcel

‘Fito’ está a punto de recobrar su libertad. El 16 de marzo de 2023, la unidad de Garantías Penitenciarias declaró extinguidas cuatro penas en su contra por robo, delincuencia organizada y porte de armas.

Pese a que no se ordenó su inmediata liberación, esa unidad estableció que podía solicitar la unificación de las penas de otras sentencias que pesan en su contra.

Así, ‘Fito’ tiene libre el camino para obtener la prelibertad, que ya es gestionada por sus abogados.

Desde 2020, ‘Fito’ lidera a Los Choneros junto a Junior Roldán Paredes, alias ‘JR’.

Ambos asumieron el liderazgo de la banda tras el asesinato de Jorge Luis Zambrano, conocido como ‘Rasquiña’, en Manta.

En febrero de 2023, ‘JR’ fue liberado, para que cumpliera el resto de su pena en su domicilio, pero actualmente está prófugo, luego de un atentado que sufrió en El Triunfo (Guayas), en marzo de 2023.

Esposa de alias ‘Fito’: de enfermera a millonaria empresaria

Sus cuentas y bienes crecieron como la espuma. Inda Peñarriera, quien es enfermera de profesión, se convirtió en menos de seis años en una acaudalada empresaria.

Acumuló bienes, compañías y millonarios ingresos en sus cuentas bancarias. Sus socios cercanos son familiares de alias ‘Fito’ y de su pareja.

Los movimientos financieros y las conexiones de Peñarriera fueron rastreados por la Policía y la Fiscalía, que trataban de identificar el destino de los recursos que su esposo, José Macías Villamar, alias ‘Fito’, cabecilla de Los Choneros, obtendría con el narcotráfico, el microtráfico, y las extorsiones dentro y fuera de las prisiones.

No obstante, dos años después todos los involucrados en esta trama fueron declarados inocentes.

El primer juez que los exculpó fue destituido, pero volvió al cargo con una acción de protección. La Fiscalía investiga ahora a tres de los jueces.

Los investigados La Fiscalía inició una investigación previa, por lavado de activos, defraudación tributaria y enriquecimiento privado no justificado, de varias personas cercanas a ‘Fito’.

El mapeo financiero comprendió el período 2014-2020. A mediados de 2020, en pleno pico de la pandemia de Covid-19, un fiscal de Manabí armó el primer rompecabezas.

Con informes del sistema financiero, de la Superintendencia de Compañías, del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), abrió la instrucción fiscal y formuló cargos por los tres delitos a:

Inda Peñarriera (esposa de ‘Fito’).

Jorge y Julio César Peñarrieta Tuárez (hermanos de Inda).

Ronald Macías Villamar (hermano de ‘Fito’).

Ramón Macías Intriago (primo de ‘Fito’).

Los cinco, además, tenían antecedentes judiciales: habían enfrentado otros juicios por delincuencia organizada, asociación ilícita, asesinato, tenencia de armas y robo.

Como personas jurídicas fueron acusadas la compañía de carga pesada Jomavi S.A. y Queenwater S.A., envasadora de gaseosas.

PRIMICIAS reveló que, a través de dos operadoras mujeres y decenas de testaferros, alias ‘Fito’ tendría una red de supuesto blanqueo de activos y crimen organizado, que está en el radar de Inteligencia y de la Policía.

Alias Fito (centro) apoyó el proceso de pacificación, que llevaba adelante la comisión, encabezada por Claudia Garzón. Cortesía.

Esta última investigación empezó en 2022 y estima que, a través de empresas y negocios de fachada, se habrían permeado al sistema formal unos USD 23 millones.

En este caso, quien encabeza la estructura más grande y compleja es Verónica B. Ella habría tomado el relevo de Peñarriera en esas actividades, luego de que la última fue enjuiciada y quedó expuesta en 2020.

Lavado y evasión

En julio de 2020, el mencionado fiscal de Manabí formalizó cargos a Peñarriera, como autora, y a los otros cuatro implicados, como coautores.

Los acusó de supuestos delitos concurrentes de:

Lavado de activos.

Enriquecimiento no justificado.

Defraudación tributaria.

En la audiencia, celebrada ante el juez Juan Eduardo Espinosa Zapata, el agente fiscal expuso que Peñarriera era la cabeza de la organización porque manejaba los activos y creó dos empresas.

En las cuentas de Peñarriera, en ocho bancos y una cooperativa, entraron depósitos por USD 2,1 millones, entre 2013 y 2019.

Ella también es accionista y gerente de las empresas Queenwater S.A. y de la compañía de transporte de Carga Pesada, Jomavi S.A., ambas domiciliadas en Manabí.

En 2015, los ingresos en el sistema financiero de estas empresas llegaron a USD 344.000, mientras en el SRI solo se reportaron USD 199.000, existiendo una diferencia de USD 145.000.

En 2016, se registró el ingreso de USD 261.000, mientras en el SRI se reportaron USD 163.000, con una diferencia de USD 97.000, según la Fiscalía.

La Policía verificó que Jomavi solo era una empresa de fachada.

En estos casos, según el fiscal, se evidenciaría una clara evasión tributaria.

Mientras que frente a los otros ingresos patrimoniales, se establecieron variaciones significativas entre los depósitos en el sistema financiero y el pago de tributos al SRI, desde 2013.

A partir de 2013 y hasta 2019, en sus cuentas, Peñarriera recibió depósitos por USD 2,1 millones, pero reportó USD 1,7 millones al SRI, según la investigación.

Eso significa una diferencia de USD 400.000, que se presume como evasión.

Abogados al ataque

En relación con el resto de acusados, la Fiscalía señaló, en la audiencia oral, que sus patrimonios no se justificaban con sus ingresos, y que había variaciones y diferencias sustanciales en el pago de impuestos.

En la diligencia los cinco procesados se acogieron al derecho al silencio.

Como descargo, los abogados defensores alegaron que el fiscal no había probado documentalmente los supuestos delitos imputados y descalificaron los testimonios de los peritos y policías que realizaron la investigación.

Además, señalaron que la Fiscalía no pudo argumentar ni sostener la relación causal entre los supuestos hechos delictivos.

Al final de la audiencia, el juez Espinosa Zapata ordenó la prisión de los acusados, la incautación de sus bienes e inmovilización de sus cuentas bancarias.

Todos inocentes

Tres meses después, en noviembre de 2020, se realizó la audiencia de juzgamiento, en la que hubo un giro sorpresivo.

Pese a los indicios de la Fiscalía, el juez Espinosa Zapata acogió varios argumentos de la defensa:

“Este juzgador considera que Fiscalía no ha sido clara al momento de establecer el concurso real de infracciones, los elementos de convicción no son concordantes”.

Y añadió que “en la pericia financiera, que es el elemento medular, existen variaciones en las cantidades expuestas, siendo que los números deben ser exactos”.

Así, el juez sobreseyó a todos los procesados en diciembre de 2020.

El fiscal apeló el fallo que fue conocido por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Manabí, que revocó el auto de sobreseimiento, en febrero de 2021.

Pero un año después (en julio de 2022), el Tribunal de Garantías Penales de Manta, conformado por los jueces Mary Quintero Prado, José Luis Alarcón Bowen y Loren Romero Cedeño, conoció el proceso por una última apelación de los procesados y ratificó el pronunciamiento del juez de primera instancia, declarando la inocencia de los dos procesados.

Para entonces, el fiscal de Manabí había cambiado el enfoque del caso: solo acusó a Inda Peñarriera y a Ramón Macías Intriago, dejando fuera al resto de procesados.

Y solo los acusó por el delito de enriquecimiento privado injustificado, descartando el lavado de activos y la defraudación tributaria.

Ese giro del fiscal sirvió de argumento para la defensa de los dos únicos acusados, que alegó una supuesta indefensión, porque el proceso se había iniciado como un supuesto lavado y devino en enriquecimiento ilícito.

Lo que también fue observado por algunos de los jueces que conocieron la causa y pidieron que se investigara al fiscal que llevaba el caso.

Así, en última instancia, todos los procesados fueron declarados inocentes y recuperaron sus bienes y dinero.

Los jueces investigados

Ante las anomalías y posibles delitos cometidos, el Consejo de la Judicatura abrió un sumario administrativo y destituyó al juez Juan Eduardo Espinosa Zapata, quien presentó una acción de protección que fue conocida por el juez de Rumiñahui, Gandhy Cervantes Galván.

En julio de 2022, Cervantes aceptó el recurso de su colega y dispuso que fuera restituido en el cargo, que actualmente ocupa en el mismo juzgado de Manabí.

La decisión fue apelada por la Judicatura y está en revisión en la Corte Provincial.

Además, la Fiscalía abrió una investigación previa por un presunto prevaricato contra Espinosa Zapata, por la devolución de los bienes.

También enfrentan investigaciones, por asociación ilícita, los jueces Mary Quintero y José Luis Alarcón, pero en este caso es por la liberación de 18 acusados de narcotráfico. (PRIMICIAS.EC)