Cientos de chats y audios encontrados en el teléfono de Mayra Salazar, hicieron que la fiscal general, Diana Salazar, llegue a esa conclusión.
La clave del caso Purga para descubrir la corrupción que operaba en la Corte de Guayas fue Mayra Salazar, ella está presa y procesada en el caso Metástasis por colaborar con la red del narcotraficante asesinado Leandro Norero.
Según los cargos fiscales, el exasambleísta Pablo Muentes la puso en la Corte como publicista a órdenes de la presidenta Fabiola Gallardo.
En la casa de Muentes se negoció su salario por USD 2500 mensuales que durante meses pagaron, de su bolsillo, Gallardo y el exlegislador, quien a través de eso influyó para que Gallardo ganase las elecciones de presidencia de la Corte Provincial del Guayas.
Gallardo aseguró que la contratación de Salazar no fue decisión de ella sino llegó desde Quito por el Consejo de Judicatura, y que la relación laboral empezó el 1 de octubre de 2023.
Es que más adelante, Wilman Terán, entonces titular de la Judicatura y ahora procesado, le otorgó un contrato y pretendía darle nombramiento, relató la fiscal general durante la audiencia de la madrugada de este martes 5 de marzo.
Mayra Salazar negociaba con los jueces de Guayas y también servía a Muentes como operadora de cuentas troll para publicar sus mensajes.
Manejaba un troll center para beneficiar a Gallardo, dice la fiscal, por órdenes de Pablo Muentes, y que posteriormente aprendió cómo funcionaba el sistema de sorteos de causas para usarlo a su favor.
Con ello, Mayra Salazar habría tenido como objetivo instrumentalizar una dinámica criminal en la Corte, controlar las acciones judiciales y administrativas.
El Ministerio Público argumenta que así intervinieron en casos como una acción de protección con medida cautela presentada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en contra de la Empresa de Movilidad y Obras Públicas de Quito, por un contrato de entidades públicas por USD 30 millones.
Por todas estas relaciones fue valiosa la información que se encontró en su teléfono, cientos de chats y audios intercambiados por Whatsapp y otras aplicaciones de mensajería, no solo con los involucrados en el caso Purga, también con Daniel Salcedo y funcionarios de entidades públicas que le pedían favores. Ella tenía voz y voto en los tribunales.
Con esta información, la fiscal determinó que se conformó una estructura criminal con tres personal al mando: Pablo Muentes como líder, Fabiola Gallardo a cargo de la planificación, al igual que el juez Johann Marfetán, a quien señala de conseguir los fallos a favor del exasambleísta socialcristiano. A los otros nueve procesados los considera colaboradores.
El caso Purga se sigue por delincuencia organizada, pero la fiscal, Diana Salazar, advierte que los involucrados cometieron, además, tráfico de influencias, cohecho y prevaricato.
La parte acusadora en este caso pidió prisión preventiva para 11 procesados. Además, solicitó arresto domiciliario para el juez Reinaldo Cevallos, el doceavo procesado en esta investigación, pues es una persona de la tercera edad.
Cevallos, ordenó al Banco del Pacífico que le pagase casi USD 4 millones a Pablo Muentes en mayo del 2023 mediante un recurso de habeas data.
El antecedente de esto es que la institución bancaria lo acusó de no pagar una deuda de USD 314 000, que adquirió junto a su esposa que no se registraron 12 de 13 pagos en su sistema de transferencias.
Sin embargo, a través de un recurso de habeas data, no solo logró que un juez ordene que se le reconociera la legalidad que todos los pagos, sino que también se dispusiera que Banco del Pacífico le pagara como reparación económica USD 3 983 040, pues Muentes y su esposa habrían perdido un bien en torno a este proceso.
El magistrado Reinaldo Cevallos, erajuez de la Unidad Judicial Norte 2 Penal con sede en el cantón Guayaquil, pero tres días después del fallo ya trabajaba en la Corte Provincial del Guayas.
El Banco del Pacífico no ha pagado el valor dispuesto y esperan que exista una resolución de su caso contra Muentes en la Corte Nacional de Justicia, por recurso de casación, dado que no han dado lugar a su demanda contra el exasambleísta. (ECUAVISA)
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