Mayra Salazar y Marcelo Lasso Saavedra fueron muy cercanos al capo Leandro Norero. La primera habría sido compañera sentimental del capo -asesinado en la cárcel en octubre del 2022- y el segundo, compañero de pabellón y su hombre de confianza. Ahora ambos causaron un tsunami político este 28 de marzo, al entregar sus testimonios anticipados en los casos Metástasis y Purga.
Mayra Salazar, haciendo gala de su habilidad de comunicación “vomitó sin pena” todo lo que sabía, dando ‘santo y seña’, refiriéndose a personajes involucrados ya conocidos en la trama de corrupción del manejo de la justicia a través de la narcopolítica, pero también aportando nuevos datos sorprendentes.
Lo hizo durante hora y media, lapso en el cual nombró a los corruptos: políticos, jueces, talentos de televisión, operadores de narcos… Ella llegó a la Corte de Justicia, a través de un operativo de seguridad, para resguardar su integridad.
Precisamente, el testimonio de Salazar era el que más expectativa generaba, toda vez que, según la información encontrada en su celular y los 15 dispositivos móviles de Leandro Norero, la exfuncionaria judicial intercedía con jueces “suicidas” a favor de la impunidad del capo y de los miembros de la estructura criminal bajo el liderazgo de Pablo Muentes, socialcristiano procesado en el caso Purga.
El país ha conocido con estupor los chats de Salazar en los cuales se conoció su cercanía con la élite de la narcopolítica y su desalmada forma de operar. Ahora dando una imagen de arrepentimiento, Salazar se confesó:
“Pequé de pensamientos, de deseos, pero nunca pequé de acción. Soy ser humano y me equivoqué, pero no me quiero quedar en el error”, continuó con la voz entrecortada.
Mayra Salazar, durante su testimonio anticipado, le da la razón a Fernando Villavicencio al confirmar que Pablo Muentes es, efectivamente, un traficante de tierras con grandes extensiones en Durán, adquiridas de manera ilegal.
«Será la tarea de la Fiscalía investigar con el equipo más cercano de Villavicencio y determinar si Villavicencio estaba al tanto únicamente del incidente denunciado por Erick Ramírez, o si tenía conocimiento de otro caso de tráfico de tierras de Pablo Muentes. Quizás en ese punto encontraremos la razón detrás de lo que le sucedió a Villavicencio», comentó.
Salazar agregó: «Si algo me llegara a ocurrir, la única persona responsable sería Pablo Muentes Alarcón». También afirmó que ha sido blanco de al menos cinco atentados. La antigua relacionista pública contó que el último de ellos ocurrió un dia antes del testimonio anticipado, cuando recibió una alerta de bomba en el centro de reclusión donde permanece arrestada desde el pasado 13 de diciembre.
Lasso Saavedra habla de Correa y el ex presidente le reta al polígrafo
El primero en rendir testimonio fue Marcelo Lasso Saavedra, amigo y compañero de pabellón de Leandro Norero. Lasso Saavedra estuvo entre mayo y octubre de 2022, según relató, en el pabellón transitorio en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, en la celda uno, por tráfico de armas. Ahí pudo atestiguar visitas y video llamadas que recibía Norero. Por ejemplo durante la pacificación se comunicaba por Threema con líderes de bandas. Fito, Ronny Aleaga, Willy, Salcedo, Pipo, Choco, JR, Jordán, aseguró.
También relató que pudo conocer cómo El Patrón, tuvo al menos dos contactos con el ex presidente, ahora prófugo, Rafael Correa. El objetivo de las comunicaciones era conversar sobre una posible libertad del ex vicepresidente, ahora escondido en la Embajada de México, Jorge Glas. La fiscal Diana Salazar le interrogó sobre cómo supo que se trataba de Rafael Correa, y el testigo aseguró que él mismo lo vio a través de la videollamada.
El seudónimo del exmandatario en la aplicación Threema era “RC”, las mismas siglas con las que se lo identifica en diversos pasajes de los chats del capo con su red criminal. Además, Norero se refería a él como “Mashi”.
Correa reaccionó al poco tiempo a través de su cuenta de X (antes Twitter) al testimonio de Lasso Saavedra. “¿Nos ponemos frente a un detector de mentiras?”, desafió.
Los primeros y últimos días de Norero en Latacunga
Lasso Saavedra refirió cómo fueron los primeros y últimos días de Norero. Aseguró que cuando el capo llegó a la cárcel, él le cedió su celda a Norero y que esa misma noche llegaron colchones ortopédicos y comida. Asimismo, contó que William Acurio y José Ignacio Arévalo le pidieron que “cualquier cosa les avise”, debido a que Lasso Saavedra iba a ser el nexo entre ellos y Norero.
Explicó que la segunda semana en prisión, Norero recibió la visita de Claudia Garzón, quien fungía como delegada de la Pacificación de las Cárceles. En ese contexto, ingresaron a la celda de “El Patrón” para mandarle videos a Pablo Ramírez para agradecerle por no trasladarlo a los complejos carcelarios de Guayaquil.
Ella, explicó Lasso Saavedra, fue el vínculo con Pipo, Fito JR, Willy y Choclo. Luego de esto, se dio la visita del coronel Karolys, de inteligencia. Entró a la celda 1 y 2 y revisó las gavetas. Se fue poco después porque Norero llamó a Acurio.
Para evitar contratiempos, Norero se comunicó con Claudia Garzón para que le solicitara a Ramírez que no ingresara más, puesto que ingresaría su armamento al área de transitoria.
Ramírez aceptó, con la condición de que Norero deposite $200.000 para el SNAI pero que se los entregue en Guayaquil para que no quede registro. Quien se encargó de esta negociación fue Christian Romero, abogado de Norero.
Explicó también que en agosto y septiembre se movió mucho la pacificación y Norero habló mucho con Xavier Jordán, Ronny Aleaga, quien tiene contacto con Carlos Manuel Macías Saverio, alias “El Diablo”, líder máximo de Los Latin Kings. Aleaga, según dijo el exconvicto, sí es él “El Ruso” e incluso conoció las conversaciones entre el narcotraficante y el ex asambleísta.
El difunto capo también conversó con Fito, Junior, Choclo. En ese marco, Los Tiguerones manifestaron su rechazo a plegar a cualquier acuerdo.
Ahí empezaron los primeros roces, la última semana de septiembre hubo una fiesta. Metió chanchos, almorzaron con los tres directores. Organizaron este evento y Norero lo pagó.
Ya el lunes 3 de octubre a las 10:00, continuó Lasso Saavedra, alias Zeus le avisó a Norero que alias Brazudo lo llamaba en máxima por un supuesto incidente con un muerto. Norero fue con su equipo de seguridad y empezaron a sonar detonaciones.
Lasso Saavedra, además, refirió que Norero confiaba en Brazudo puesto que él le pidió al narco que intercediera por él ante Pipo para que no lo degradara dentro de la estructura de Los Lobos.
Luego de escuchar los tiros en el filtro de máxima seguridad, Lasso Saavedra explicó que escondió los teléfonos de Norero en la celda 2 de transitoria los celulares y ayudó a escapar a Israel Norero y Maribel Zambrano Tigua, los hermanos de su amigo asesinado.
Lasso Saavedra reveló también que a través de Pablo Ramírez, asimismo, tenían contacto con Mauricio Romero Naranjo, encargado de las cámaras de seguridad, quien “nos llamaba cada vez que iba a haber requisa”.
Respecto al pago de sobornos, Lasso Saavedra indicó que todo era recaudado en la cuenta de la guía penitenciaria, Pilar Guaita.
En lo que refiere a Claudia Garzón, ex comisionada de pacificación también procesada en el caso Metástasis, el testigo aseguró que “tenía moral flexible”. Además, contó que Garzón y Norero tenían una relación amorosa y se reunían en su celda para “visitas íntimas”. También contó que el capo le compró un departamento en Bogotá, otro en Cartagena y un vehículo nuevo para la hija de Garzón.
El testigo también contó que los abogados Kevin Prendes y Christian Romero entraban a la cárcel haciéndose pasar por su defensa. Romero, además, habló con el exjuez, Emerson Curipallo, para sacar a Madrid y Cuyuyuy, dos miembros de la banda de Los Lobos, a cambio de $240.000.
Cuando Gloria Trevi le pidió a Salazar conocer una cárcel
Mayra Salazar habló de todo en su testimonio. Al referirse a su primer contacto con el sistema penitenciario, Salazar recordó que el 13 de octubre de 2017, organizó un concierto al que fueron invitadas las artistas Alejandra Guzmán y Gloria Trevi. Esta última habría solicitado ingresar a un centro penitenciario femenino. Ella hizo la diligencia en el CRS femenino de Guayas, pero se lo negaron.
En ese momento, indicó la exfuncionaria judicial, constató las necesidades de las personas privadas de libertad, por lo cual, supuestamente, quiso cambiar su situación a través de talleres, brigadas médicas y otras actividades.
En el marco de estos supuestos programas de ayuda social, Salazar conoció a Samara Rivera, esposa de Jorge Luis Zambrano, alias “JL”, cabecilla de Los Choneros asesinado el 28 de diciembre de 2020 al interior de un patio de comidas del Mall del Pacífico.
“Desde ese momento tengo amistad con Samara hasta mi detención”, precisó. Salazar, además, reflexionó que desde que conoció a Rivera “su vida tomó otro rumbo”. La esposa del difunto narco fue quien le presentó a Xavier Novillo Arana, alias “Novi”, abogado de Leandro Norero con quien también tiene amistad.
Mayra Salazar conoce a Norero
Dentro de sus conversaciones con Novi, el abogado le contó algunas cosas; por ejemplo, el exjuez José Tamayo Arana, su tío, fue quien le concedió la libertad a Rasquiña.
El abogado Novillo Arana, además, defendió a los trabajadores de Fabián Gilmar Campuzano, procesados por temas de drogas. Asimismo contó que Novi tiene amistad con la fiscal provincial Yanina Villagómez, a la que se refería como “su mamá”. Villagómez fue recientemente vinculada a la instrucción fiscal del caso Metástasis.
Antes de que Salazar ingresara a la Corte de Guayas, Novillo le contó que tenía un operador en la Corte de Guayas al que denominaban “Barón Chiquito”, el cual sería Eduardo Lascano Holmes, funcionario de la Corte de Guayas en la sala penal, contratado por Fabiola Gallardo para manejar el agendamiento de la sala. Novillo, según contó Salazar, le sugirió que se acerque a Lascano para decirle que era su amigo.
Salazar también contó que el modo de operar de varios jueces en Guayas consistía en contratar al hijo de la jueza Carmen Vásquez para que asumiera la defensa de los procesados y la magistrada se excuse de las causas. Esto costaba $5.000 y fue una estrategia que Novi y Norero trataron de implementar.
En 2021, la procesada finalmente conoció a Norero. Novi la citó para reunirse y presentarle un cliente que necesitaba contratar sus servicios en comunicación para la empresa NL TecniCentro Car Wash, local comercial de propiedad de “El Patrón”.
Allí, mantuvieron una reunión con los administradores de dicho negocio, entre ellos el también procesado de nacionalidad colombiana, Juan Pablo Jaramillo, e Israel Norero, hermano del difunto capo.
“Conozco a Norero y tuve una relación de amistad desde octubre de 2021 hasta mayo de 2022”, señaló.
Desde que conoció a Norero, el narco le pidió que la comunicación se hiciera mediante Threema, aplicación de mensajería con cifrado que no vincula un número celular, sino a un código único. El usuario de Salazar era “así es mejor”. El costo mensual de la aplicación era de $5 dólares.
Contactos con Daniel Salcedo alias Bello y los talentos de TV
Una vez que Norero es detenido, Daniel Salcedo -a quien Salazar conocía desde 2013- le pidió que le transmitiera al narco que él podría recibirlo en la Cárcel 4 de Quito. Norero rechazó la invitación de Salcedo porque en ese momento el exvicepresidente, Jorge Glas, también estaba recluido en ese centro de privación y no quería que lo vincularan.
En vista de la insistencia de Salcedo, el capo accedió a comunicarse con él. Salazar, tal como se evidencia en los chats, concretó la comunicación entre ambos. El seudónimo de Salcedo era “Bello”.
Salazar reiteró que Norero tenía “una buena relación con Pablo Ramírez”, exdirector del SNAI que concedió una serie de privilegios al capo a cambio de ingentes cantidades de dinero. Eso le permitía al narco ingresar toda clase de objetos prohibidos.
Sin embargo, la procesada por delincuencia organizada enfatizó que nunca ingresó a ver a Norero a ningún centro de privación de libertad. A este respecto, precisó que no existe prueba documental, ni a su nombre ni a nombre de su fundación.
Además, Salazar contó que María Fernanda Pincay, modelo de programas y concursos, le presentó el 4 de febrero de 2021 a Gilmar Campuzano, su pareja, en su cumpleaños celebrado en la ciudadela Los Rosales. En altas horas de la noche.
Salazar, de igual manera, reveló la identidad de alias “CC”, quien sería pieza clave para el tráfico de drogas. Se trata de Carlos Perea, colombiano esposo de Yulesi Coca, modelo chica reality y cantante a quien Salazar conoció por su actividad profesional. Ellos eran dueños de la discoteca “Living Club” en la Garzota. Ese local sufrió dos atentados. Héctor Vanegas es su abogado y el padrino de la hija de ambos.
Para recordar un poco más sobre Daniel Salcedo:
Daniel Salcedo Bonilla, enjuiciado en 4 procesos penales y sentenciado en dos de ellos con condenas que suman 17 años por actos de corrupción cometidos en plena crisis sanitaria, construyó un entramado empresarial en medio de vínculos con políticos y con autoridades del sistema de salud pública; acumuló dinero en cuentas bancarias, bienes y acciones por $4 millones.
La cifra se desprende de la información revisada por este portal en los juicios iniciados en su contra, de los registros de los organismos de control, así como de datos revelados por la prensa.
Solo, en el proceso por lavado de activos, a cargo del Tribunal de Garantías Penales de Machala constan: $1,7 millones de 15 cuentas bancarias, 7 vehículos, 1 casa, 3 terrenos, una oficina y un departamento entre los activos incautados a Daniel Salcedo, a su hermano Noe y a sus empresas relacionadas.
Mientras en el juicio por delincuencia organizada, sobresalen en las investigaciones de la Fiscalía $2,64 millones en depósitos y transferencias realizadas a sus cuentas bancarias durante 2014 y 2019. Esto, sin contar con las posesiones de Salcedo fuera del país y que suman $1,56 millones por una casa y un departamento adquiridos en Miami entre 2018 y 2019.
¿Cómo los hermanos Salcedo llegaron a tener estos millonarios bienes y a mover cientos de miles de dólares en sus cuentas bancarias? ¿Qué tienen que ver sus empresas de organización de eventos, construcción de edificios, fabricación de productos de peluquería o venta de equipos de comunicación con la venta de insumos médicos, actividad de la cual derivan las supuestas prácticas corruptas investigadas en su contra?
Alrededor de Daniel y Noé Salcedo hay un conglomerado de compañías y de negocios que se ha tejido para ocultar el origen ilegal de su dinero.
Específicamente en el proceso #07712-2020-00205 por lavado de activos, la Fiscalía considera que los hermanos hicieron compra – ventas de inmuebles en efectivo a nombre de sus empresas y así impedir que se identifique la real de la procedencia de los activos. La Fiscalía estima que el monto total del lavado asciende a $3 millones.
Este 15 de julio está previsto que el Tribunal de Garantías Penales de Machala, integrado por: Manuel Zhapan, Rafael Arce y Wilson Landívar, dicte sentencia, en este caso que no ha estado exento de dilaciones y en el que se han recogido testimonios de más de 100 personas.
Entre ellas 17 miembros de la Policía, además de funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) y Servicio de Rentas Internas (SRI); empleados de empresas privadas, así como de la banca pública y privada.
El origen de este caso fue la captura de Noé Salcedo con $47.600 cuando intentaba llegar al Perú, un día después del accidente de avioneta ocurrido en Tumbes, Perú, en la que su hermano, Daniel Salcedo, huyó del país.
El 9 de junio de 2020 Noe Salcedo y Jonathan Flores Saavedra fueron aprehendidos cerca del Control Fronterizo Huaquillas, en un paso ilegal y Noe Salcedo portaba un pasaporte a nombre de otra persona.
Morocho resaltó contradicciones entre las propias declaraciones de Noe Salcedo y luego entre sus afirmaciones y las de sus abogados.
En su versión original ante el juez, dijo que obtuvo el dinero por la venta de un vehículo y luego que provenía del préstamo de una compañía. Tampoco encajaban otros detalles: “el detenido ha manifestado que venían del Perú, su defensa refiere que no venían de Perú, y el desembolso se ha dado el 8 de mayo de 2020… cuando es de conocimiento que la nave se accidentó en junio.”
Sobre el origen de los recursos Carlos Díaz, abogado defensor de Salcedo, agregó otra versión: “… esos cuarenta mil también es de la familia que les ha prestado el dinero…”
En este proceso Noe Salcedo declaró que junto a su hermano Daniel son socios en varias compañías y participa en la administración de H.D.C. Producciones que, según admitió, es una de las empresas más grandes de su hermano. También aceptó que sus empresas manejan altas cantidades de dinero.
Con estas evidencias el fiscal pidió el inicio de la investigación por lavado de activos. El juez Angel Maza López, de la Unidad Judicial Penal de Huaquillas aceptó la teoría de Fiscalía y ordenó prisión preventiva.
El 8 de julio de 2020 la Fiscal, Ivonne Proaño, vinculó también a Daniel Salcedo, a Jorge Sánchez Montiel y a Jorge San Lucas y solicitó la retención del dinero de las cuentas bancarias de Daniel Salcedo y de las empresas PALIYE, H.D.C. PRODUCCIONES y SALNOEDAN PRODUCTIONS, así como la prohibición de enajenar sus paquetes accionarios en las dos primeras empresas y la incautación de bienes de Salcedo. Se vinculó también a INDUSTRIAS SALDONOBO, HIGCISTEM y MAREWORLDGROUP.
El juez Ramiro Ramírez de la Unidad Multicompetente Penal de Huaquillas acogió lo solicitado por la Fiscalía y los bienes incautados pasaron a custodia del Servicio de Gestión Inmobiliaria del sector público.
En audiencia preparatoria de juicio (14 de octubre de 2020) Fiscalía concluyó que Noé Salcedo es autor directo del delito de lavado de activos. Se agrega que prestó el nombre de las empresas Paliye y Salnoedan para cometer el delito e ingresó dinero de procedencia ilícita por los pasos y puentes del país.
Sobre Daniel Salcedo la Fiscalía dijo que “tuvo en su poder y se benefició de activos de procedencia ilícita, los cuales disimuló utilizando el sistema bancario, mediante compra venta de inmuebles en efectivo, de tal manera que convirtió dichos dineros de origen ilícito en inmuebles a nombre de sus empresas con la finalidad de impedir la determinación real de la procedencia de los activos, además prestó el nombre de sus empresas H.D.C. Producciones, Paliye y Salnoedan Productions para la comisión del delito.”
Jorge San Lucas Vanegas, contador de H.D.C. Producciones, Salnoedan Productions y Paliye, una pieza clave en otros procesos penales, según Fiscalía fue cómplice, pues al tener bajo su responsabilidad el registro contable de las transacciones de 2018 a 2020, aprovechó el alcance de sus funciones y “ocultó la determinación real de la procedencia de activos de origen ilícito; realizó maniobras tributarias y contables para ocultar el verdadero origen de los activos… desconociendo las obligaciones que se establecen en la Ley tributaria, Ley de Compañías y la Ley de contadores para desempeñar su cargo pues es el responsable de la información presentada ante las entidades de control”.
Desde febrero de 2021 en que se llamó a audiencia de juzgamiento, el proceso enfrentó varias dilaciones de los hermanos Salcedo. Los pedidos de diferimiento se dieron pese a contar con otros abogados defensores.
También demoró el proceso el trámite para trasladar a Daniel Salcedo del Centro de Rehabilitación de Latacunga a la Cárcel N°4 de Quito, tras denunciar amenazas en contra de su vida.
En junio las audiencias volvieron a aplazarse pues los abogados de los procesados alegaron que necesitaban tiempo para revisar las pruebas documentales de la Fiscalía. El Tribunal accedió al pedido y fijó para el 5,6 y 7 julio la reinstalación de la audiencia. Sin embargo, en providencia de este 7 de julio el Tribunal decidió suspender la audiencia para analizar “la elevada prueba documental que se ha presentado.”
También indicó que deberá volver a escuchar los audios de las audiencias, por lo que su resolución se emitirá el 15 de julio de 2021.
DANZA DE MILLONES EN DINERO Y PROPIEDADES
Además de las cuentas bancarias, las casas, departamentos y vehículos incautados a Daniel y Noe Salcedo en el caso de lavado de activos, se prohibió la enajenación de las acciones que poseen solo en Paliye y H.D.C. Producciones, pero los hermanos son dueños y representantes legales de un total de 12 empresas.
Tras una revisión realizada por Periodismo de Investigación a los registros de la Superintendencia de Compañías se constató que 10 de estas empresas están activas y 2 están disueltas. De las activas, 8 no han presentado balances financieros entre 2018 y 2020 y 5 no registra ningún dato en sus cuentas económicas ante el organismo de control.
Si bien esta es una radiografía parcial del estado de las empresas de los hermanos Salcedo, de las compañías que sí exhiben información sobresalen: H.D.C. Producciones, que organizaba eventos, con los mayores activos con un total de $1’021.000. Le siguen, con mucha diferencia: Salnoedan Productions, compañía de espectáculos, con activos por $179.294,32; Imcomfra S.A., dedicada al mantenimiento y reparación de vehículos, con $120.924,55; y Ecap-Mediq, constituida para vender instrumentos, materiales médicos y quirúrgicos, con $90.902,03.
Los activos de estas compañías y los de 3 más que registran su información en la Superintendencia, dan un total de $1’474.789,39. Por su parte, los ingresos registrados por 6 de las 12 empresas, totalizan $1’609.204,30.
Sin embargo, la suma de las utilidades generadas por 7 de estas compañías (que sí exponen su información) apenas dan un total de $52.421,14.
¿Cómo se explican estas cifras frente a $1,7 millones que la Fiscalía ordenó inmovilizar de las cuentas bancarias relacionadas con los hermanos Salcedo, solo dentro de este caso de lavado de activos?
El proceso # 09286-2020-01773 se inició en contra de 15 personas por su participación en la venta con presunto sobreprecio de medicamentos a los hospitales del IESS de Guayaquil. Entre los vinculados están funcionarios y empresarios que se habrían beneficiado de convenios de pago.
El caso, a cargo de la Unidad Judicial Norte 2 Penal de Guayaquil, se inició el 22 de julio de 2020 con la figura de asociación ilícita para la venta irregular de insumos médicos en hospitales públicos.
El 30 de julio de ese año la fiscal Claudia Romero acusó de autores a: Jacobo Bucaram Pulley, Abdala Jaime Bucaram Pulley, Michel Abdala Bucaram Pulley, Gabriela Pazmiño, Daniel y Noe Salcedo, Jorge San lucas, Marco Sevillano, Federico Zenck, Xavier Jordán, Pablo Mendoza, Karina Cadena, Jorge Henriques, Luis Jairala Zunino y Stefano Adum.
Los fundamentos de la Fiscalía se encuentran principalmente en los perfiles que se levantaron de los procesados sobre la base de información recabada de bancos, la UAFE, el SRI y Superintendencias de Compañías.
En la data recopilada se puede observar las relaciones empresariales entre varios de los procesados, una importante cantidad de ingresos que movieron varias de sus empresas, además de la salida de divisas a paraísos fiscales tales como Hong Kong, Panamá y Países Bajos.
En el caso de Daniel Salcedo, cuya actividad económica registrada en su RUC es la cría y exportación de peces de agua dulce, se destaca su relación con 12 empresas: Paliye, H.D.C. Producciones, Industrias Saldanobo, Imcomfra, Importadora Sevmac, Salnoedan Productions, Sabupi, Más Producciones Prodmas, Higcistem, Mareworldgroup, Servicio Técnico informático Fastecom y Ecap Mediq.
En la mayoría de estas compañías Salcedo figura como accionista, presidente y/o gerente. En cuanto a sus ingresos de 2014 a 2017 en relación de dependencia, con la empresa que más registra es H.D.C producciones, con $31.750. Sus ingresos totales declarados ante el SRI entre 2014 y 2019, suman $1’056.499. Por salida de divisas del país se reportan $692 mil a Estados Unidos y $371 mil a España, es decir un millón de dólares aproximadamente. Tiene una camioneta Ford a su nombre, avaluada en $29.990.
Respecto a sus ingresos en el sistema financiero, en el período mencionado, registra depósitos y transferencias en tres bancos por $2’642.871 (un promedio aproximado de medio millón de dólares al año).
Entre los ordenantes que envían los fondos están empresas que han trabajado con el sistema de salud pública como Silverty, involucrada en un juicio por peculado, cuya sentencia se dictó el 5 de julio de 2021, y en la que también se condenó a Daniel Salcedo a 13 años de prisión como coautor, junto a 7 personas más, entre ellas Sandra Ortega, representante de Silverti.
A esta empresa se le adjudicó un contrato de $872 mil en el hospital de Los Ceibos para la provisión de fundas de cadáveres con un precio que sobrepasó en 300% a otras ofertas: $148 frente a valores de mercado entre $12 y $25.
De vuelta en el expediente sobre delincuencia organizada, en relación con las propiedades de Salcedo en Ecuador, se indica que existe gran cantidad de inmuebles registrados en las notarías de Daule, Salinas, Guayaquil, Samborondón y Simón Bolívar, pero no se dan detalles.
Además de estos activos que constan en el juicio, Salcedo tiene otras propiedades, según investigaciones periodísticas: una casa de dos pisos en Doral, Miami (Estados Unidos) adquirida en 2019 por $670.000.
Tres compañías en La Florida y una de ellas se denomina Paramount 2706 LLC, la cual fue registrada en julio de 2019 y es dueña del departamento 2706 del edificio Paramount Miami Worldcenter Condo.
En los registros del condado Miami Dade, el 27 de septiembre de 2019 se firmó la escritura de compra por $890 mil a favor de Paramount 2706 LLC.
Sobre Noé Salcedo consta en el expediente que es accionista de cinco empresas: Paliye, Industrias Saldanobo, Salnoedan Productions, Higcistem y Mareworldgroup. También aparece como gerente o presidente de algunas de ellas. No hay uniformidad sobre las cifras de sus ingresos entre 2014 y 2018.
Según sus declaraciones al SRI fueron $33.920, pero por la suma de lo percibido bajo relación de dependencia registra $24.000. Mientras el dato entregado por la UAFE es de $19.805. En las notarías tiene a su nombre propiedades en Guayaquil, promesas para celebrar contratos con algunos intervinientes y una camioneta Ford 2019, avaluada en $59.990.
Michel Abdala Bucaram Pulley es accionista de Serviprof S.A., Damaga S.A., Sofinecop, Sabupi. Junto con Salcedo, participa en ENTERGUAYAS que se encuentra en liquidación y de la cual es presidente ejecutivo. En cuanto al sistema financiero reporta ingresos por $1’228.134. De 2014 a 2017 no registró declaraciones ante el SRI. Por salida de divisas constan $14.647 hacia paraísos fiscales y Estados Unidos. Posee un vehículo avaluado en $44.800 de 2003. Las notarías dan cuenta de compra de inmuebles en los cantones Santa Ana y Playas.
Jacobo Bucaram Pulley tiene participación accionarial en: Consultores Legales y de Negocios WORLDLEX S.A., Centro de Proyecto y Estrategias y Tecnológicos Quality Project, y Serviprof S.A. De 2014 a 2019, declaró ingresos por $33.837 en el SRI, frente a $212.699 reportados a la UAFE, los que representa una diferencia de $178.862.
Abdala (Dalo) Jaime Bucaram Pulley mantiene participaciones en la empresa Damaga S.A., es presidente de WORLDLEX S.A. y gerente y accionista del Centro de Proyectos y Estrategias Quality Proyect.
La única relación de dependencia que registra es con la Asamblea Nacional, con un total de ingresos de $66.687. Dalo Bucaram en sus declaraciones al SRI de 2014 a 2019 presentó ingresos por $294.687. Mientras según la UAFE los ingresos fueron $327.638, lo que implica una diferencia de $32.950 con lo reportado a la administración tributaria. Por salida de divisas: $38.852, el 63% fue a Estados Unidos y la diferencia Panamá y Países Bajos.
En cuanto a propiedades tiene una camioneta Chevrolet, avaluada en $36.490 y un vehículo Blazer avaluado en $59.990.
Gabriela Pazmiño Pino es presidenta del Centro de Estética y Peluquería Gaby Pino y accionista de Damaga S.A. Mantuvo relación de dependencia de 2014 a 2015, con Cadena Ecuatoriana de Televisión canal 10, donde le pagaron un total de $149.474, y de 2016 a 2019 con la Corporación Ecuatoriana de Televisión, donde percibió $157.173. Sus ingresos reportados al SRI de 2014 a 2020 sumaron $1’227.611, mientras que los registros de la UAFE refieren un valor de $1’400.414, lo que da una diferencia de $172.807.
En salida de divisas constan $43.670, de los cuales el 85% fue para Estados Unidos y el resto a Países Bajos y Panamá.
Jorge Henriques presidió la empresa Ingraetsa (en liquidación). Fue parte de ENTERGUAYAS junto a Michel Bucaram, como gerente; Henriques consta además como gerente de Eclipsemundi (en liquidación).
Mantuvo relación de dependencia en la Asamblea donde percibió $16.070 en 2015; en esta institución fue asesor de Dalo Bucaram y asambleísta alterno de Gabriela Pazmiño. De 2017 a 2019 trabajó en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, donde percibió $43.225.
Entre 2014 y 2018 sus ingresos declarados al SRI fueron de $68.339, frente a lo reportado por la UAFE que ascendió a $342.604, lo que da una diferencia de $274.264. Por salida de divisas contabilizó $25.997, destinados en su mayor parte a Estados Unidos. En 2009 registra una camioneta Ford, avaluada en $35.990 y en las notarías constan inmuebles a su nombre en Machala y Salinas.
Luis Jairala Zunino es accionista de Ausculmedic S.A y registra relación de dependencia en el IESS, con ingresos por $54.345 de 2015 a 2017; en el hospital Teodoro Maldonado Carbo ha cobrado $162.036, desde el 2015 al 2019; y en el Hospital Norte Los Ceibos, $7.095 en 2017. Ante la administración tributaria reporta $588.857 en ingresos y salida de divisas de casi $20 mil, 54% de ese dinero fue al Reino Unido y la diferencia a Luxemburgo y Holanda. Tiene a su nombre un jeep de 2015 avaluado en $50 mil y un automóvil Honda, avaluado en $4.282 de 1990.
Pablo Jorge Mendoza tiene participación en cinco empresas. Ha sido presidente en Tienda on line Tol S.A. e Italwine; gerente general en Biosalud y Cartractor; y accionista en Bestopsa S.A.
Fue empleado de Biosalud de 2014 a 2019, con ingresos por $133 mil. Por salida de divisas contabilizó $200.955, el 63% fue a Estados Unidos y la diferencia a Países Bajos, Hong Kong y Panamá. En el sistema financiero durante el período 2014- 2020 mantuvo ingresos por $1’187.843.
Es importante señalar que en Italwide, Bestopsa y Tienda on line, Mendoza comparte acciones con Karina Marlene Cadena Aguilera, quien a su vez comparte con Federico Zenck Alfaro, participación accionaria en Insilina S.A. De 2014 a 2020, por salida de divisas Cadena registra $595.797, direccionadas a Aruba, República de Mauricio, Malta, Italia, Hong Kong, Luxemburgo, Panamá, Portugal y República Checa. En el sistema financiero y en la UAFE constan ingresos por $854.937. En tanto que ante el SRI se reportaron solo $25.540, lo que representa una diferencia de $819.396.
Del reporte enviado por las notarías hay varios inmuebles adquiridos por Cadena en Salinas, Samborondón y Guayaquil; hay escrituras de constitución de varias compañías, así como una declaración patrimonial de $120.000.
Federico Zenck fue presidente de Insilina, presidente de Terracompa S.A. y gerente de: Vicquen S.A., Rocasfit S.A., Rockbit S.A., Osaria S.A., Digao S.A. De 2014 a 2019 declaró ingresos por $20.799 ante la administración tributaria, mientras la UAFE reporta ingresos por $945.236, con una diferencia de $924.436. Uno de los ordenantes de las transferencias bancarias en favor de Zenck es Xavier Jordán Mendoza, quien ha sido gerente y accionista en Goncur y Hecatesa, empresas en disolución. En su declaración tributaria Xavier Jordán refleja ingresos por $43.016.
Jorge San Lucas ha sido contador de Daniel Salcedo y además su socio. Es gerente de Ecap-Mediq, de la cual es también accionista con Salcedo. Asimismo, ha tenido participación accionarial en Imcomfra, que ha realizado transferencias a Daniel Salcedo; y el 26 de mayo del 2020 transfirió sus acciones en Importadora Sevmac a Salcedo. Entre 2014 y 2019 registra relación de dependencia con Multibilingue Ecuador MB y Golden Bridge Corporation con ingresos de $118.507.
El 6 de noviembre de 2020 se unió el expresidente del Consejo Directivo del IESS, Paúl Granda. La Fiscalía lo vinculó tras presentar una bitácora encontrada en el edificio Torres Colón, en Guayaquil, en la que aparecía el nombre de Granda en varias ocasiones. Daniel Salcedo había alquilado una suite en ese lugar, donde se reunían empresarios y altos funcionarios del Gobierno para presuntamente concretar las adjudicaciones de jugosos contratos.
En abril de 2021 Stéfano Adum fue sobreseído y un mes después, pese a los argumentos de Fiscalía, el juez Ronald Guerrero también dictó sobreseimiento a favor de Michel y Dalo Bucaram, Gabriela Pazmiño y Marco Sevillano por considerar que no había suficientes pruebas en su contra. Esta decisión levantó una controversia con la Fiscalía que difundió su desacuerdo en sus redes sociales. “Fiscalía hace público su rechazo al resultado de las audiencias sobre procesos que tienen que ver con delincuencia organizada… Los juzgadores no han valorado con rigurosidad los elementos de convicción presentados”.
El fiscal Eduardo Díaz sostiene que este sobreseimiento no está en firme debido a que presentó una apelación oral que sí es válida. La polémica sería resuelta en una sala penal, pues el fiscal planteó un recurso de hecho.
LOS OTROS PROCESADOS
El 13 de mayo de 2021 si se llamó a juicio a los otros 11 procesados. A tres de ellos se los cataloga como líderes de la red delincuencial: Xavier Jordán, Jorge Henriques y Pablo Mendoza.
De Jordán se concluye que tuvo facilidades de acceso al hospital Teodoro Maldonado Carbo, donde se habría mantenido reuniones con personeros del IESS y terceras personas para concertar los beneficios de varios proveedores en el otorgamiento de convenios de pago.
La unidad de contratación pública de la Fiscalía y la Contraloría concluyeron que estos convenios no cumplieron las formalidades de ley y se abusó de esta figura que debía ser excepcional.
Xavier Jordán, su hermano José Luis (exfuncionario del Ministerio de Salud) y José Antonio Marazita Espinar, exdirector de varios hospitales en Guayas, han sido identificados en publicaciones de prensa como un grupo vinculado, que manejó $24 millones en contratos del IESS, en el gobierno de Rafael Correa.
Henriques, como jefe de compras públicas en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, influía de forma directa en las asignaciones de contratos sin cumplir los requisitos de ley, favoreciendo la aceptación de convenios; permitiendo la injerencia externa de otros procesados en esta estructura criminal.
Desde su cargo tenía como colaboradores a Daniel y Noe Salcedo, Jacobo Bucaram y Jorge San Lucas.
Mendoza también sería líder de la organización, en la cual el beneficio económico obtenido era enviado al exterior en cuentas de proveedores, en cuentas personales y empresariales de los participantes de esta estructura.
Esto se ha hecho de forma concertada con la gerente del hospital Los Ceibos, Susana Mera León, quien favoreció a la esposa de Mendoza mediante convenios con Biosalud.
Mera también fue llamada a juicio como colaboradora, por haber participado en beneficio de proveedores y miembros de esta red que en lo posterior realizan transferencias y reflejan pagos como beneficio obtenido. Mera abusó de la autorización de convenios de pago.
Jacobo Bucaram Pulley irá a juicio como autor directo. En su resolución el juez destaca que “merece especial atención que el lugar donde según la Fiscalía se reunían los procesados para concertar sus actividades, no solamente fue visitada por el procesado, sino que éste incluso asumió la responsabilidad sobre la misma… así como, su vinculación con otro proceso, donde un procesado indicó que Jacobo Bucaram pidió comprar insumos médicos e hizo la entrega de pruebas rápidas y mascarillas…”
En calidad de autor directo, también se llamó a juicio a Daniel Salcedo como parte de una estructura donde autoridades del IESS y funcionarios beneficiaron a proveedores y miembros de la organización delincuencial dentro de los hospitales Teodoro Maldonado Carbo y los Ceibos y han conseguido un beneficio económico que se refleja en pagos y transferencias.
Igualmente, como autores directos se enjuiciará a Noe Salcedo, Federico Zenck y Karina Cadena.
Como colaboradores de esta red se llamó a juicio al expresidente del IESS Víctor Granda, y Luis Jairala Zunino, ex gerente del hospital Teodoro Maldonado Carbo. En el caso de Jorge San Lucas el juez consideró que se ha vinculado con terceras personas y funcionarios hospitalarios, buscando beneficios económicos para los integrantes de esa organización.
Carolina Jaume entregó una agenda con contactos de Xavier Jordán
Salazar contó que el 19 de diciembre de 2022 ayudó a una amiga suya, que fue privada de libertad, para que la mantengan en el área administrativa mientras su situación jurídica se solucionaba. Esta persona, según dijo, es la actriz y presentadora Carolina Jaume. “Me agradeció al salir. Me dijo que temía por su vida”, indicó
Además contó que Jaume le entregó la agenda entregada a la Fiscalía el pasado 16 de febrero. En sus páginas estarían descritos todos los nexos del prófugo Xavier Jordán con sus operadores en el sistema de justicia.
En lo que concierne a su fugaz paso por la función judicial, Salazar enfatizó que su contratación “no se da como Fabiola Gallardo dice”. Ella afirmaba que su currículo se encontraba en el banco de elegibles. “Yo manejé la campaña de Fabiola Gallardo a la presidencia de la Corte”, contó.
En febrero de 2022 el juez Johan Marfetán, también procesado en calidad de autor en el caso Purga, la contactó para una reunión en la presidencia de la Corte de Guayas, en el piso 9.
Ahí se especificó que contratarían sus servicios para la Corte Provincial. Seguidamente, Marfetán “armó una reunión con Pablo Muentes Alarcón” en el que era su “centro de operaciones”, ubicado en la urbanización de lujo Isla Mocolí Golf Club. “En esta reunión se me dejaron claro dos cosas: debía convertirme en la mano derecha de Fabiola Gallardo y todo se reportaba a Pablo Muentes”, acotó.
“Yo trabajé para la presidencia, recibiendo una remuneración de $2.500 en efectivo (pagados) en la casa de Muentes”.
Salazar precisó que trabajó desde febrero de 2022 hasta octubre de 2023. En esa fecha recién se le otorgó el contrato hasta diciembre de 2023. “Fui funcionaria judicial dos meses”, aclaró.
En noviembre le extendieron su nombramiento, por pedido de Muentes a Wilman Terán Carrillo, expresidente de la Judicatura procesado en el caso Metástasis, a través de su asesor Fabricio Herrera.
En este punto, Salazar refirió que Pablo Muentes manejaba la mayoría de la Judicatura conformada por los ex vocales Xavier Muñoz, Maribel Barreno y el propio Wilman Terán, todos procesados por obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y delincuencia organizada respectivamente.
“Los vocales recibían apoyo político de Pablo Muentes y del PSC, y estos le daban cuotas en el Consejo de la Judicatura”.
Salazar, incluso, aseguró que todos ellos se reunían con Muentes en su casa y que Muñoz vivía en la misma urbanización.
Cómo se jugó chueco al Banco del Pacífico
En la Corte, el juez Marfetán se convirtió en la mano derecha de Muentes. Mientras la procesada trabajó en la función judicial, intervino en un caso por orden de Marfetán, Muentes y Gallardo.
El antecedente de ello es el habeas data en contra del Banco de Pacífico El entonces juez Reinaldo Cevallos Cercado acogió el pedido de Muentes y ordenó que el Banco asiente en sus registros contables que el socialcristiano ya pagó la deuda de su crédito de aproximadamente $300.000. Las notas de pago, no obstante, eran falsificadas. Aun así, Cevallos ordenó que se paguen $4 millones por los daños ocasionados a Muentes y su esposa, Mónica Alvarado.
Esta decisión fue apelada por el Banco y subió a la Sala Penal de la Corte de Guayas, integrada por los jueces Guillermo Valarezo, Johan Marfetán y José Poveda. Rechazan el recurso. En compensación a lo que Cevallos hizo, Muentes ordenó que lo promovieron a juez de Sala penal de la corte de Guayas. Se lo hizo, según Salazar, con un concurso manipulado por Fabiola Gallardo, quien entonces era presidente de la Corte de Guayas y fungía como directora encargada del Consejo de la Judicatura.
Para garantizar que la apelación recayera en el tribunal solicitado, se encargaba a Salazar y a Susana Batallas, coordinadora del edificio de la Corte de Guayas, que “descifren la frecuencia del sistema de sorteos”.
La Directora Provincial de Control Disciplinario, Mercedes Villarreal Vera, ordenaba el archivo de los sumarios administrativos contra los jueces miembros de la estructura criminal, mientras que disponía el traslado administrativo a otras salas para aquellos magistrados que no cooperaban con el grupo de Muentes.
Villarreal Vega iba a ser vinculada al caso Purga, pero salió del país con destino a Europa poco antes de los allanamientos del 4 de marzo.
Eso ocurrió para conformar el tribunal de apelación con el que ratificó la sentencia contra el Banco del Pacífico en el proceso civil por nulidad y falsedad. El juez Alberto Lino Tumbaco -también procesado en el caso Purga- fue trasladado de la sala mercantil a la sala de lo civil, mientras que el juez Manuel Torres, por negarse colaborar con las pretensiones de Muentes, fue enviado a la sala de la familia y niñez.
Lino Tumbaco, no obstante, no tenía mayor conocimiento de materia civil, por lo que le solicita a Muentes que le pase la sentencia hecha. Así, el fallo fue elaborado por Tatiana Villafuerte Moreno, exasesora parlamentaria de Muentes en la Comisión de Fiscalización. A cambio de esto, Alberto Lino Tumbaco pidió un trabajo para su hijo.
Los abogados de Muentes, Rafael Oyarte y Ismael Quintana, quienes actuaban en el caso Banco del Pacífico y quienes habían defendido a capa y espada a su cliente incluso tras haber sido detenido por el caso Purga, renunciaron este 28 de marzo a seguir siendo sus representantes.
El troll center de Muentes y sus contratos de limpieza
Otra de las tareas asignadas a Mayra Salazar fue crear y comprar cuentas de la red social X (antes Twitter) que servían para la defensa de Muentes y descalificar a personas como Ricardo Noboa, abogado del Banco del Pacífico, María Josefa Coronel, exdirectora de Consejo de la Judicatura en Guayas, y al periodista Guillermo Lizarzaburo.
Asimismo, Salazar difundió, pocas horas después del asesinato de Fernando Villavicencio, el video en el que la banda de Los Lobos se atribuyen el crimen del excandidato presidencial asesinado el 9 de agosto de 2023 a la salida de mitin político.
En relación con los contratos del socialcristiano con el Municipio de Guayaquil y la Judicatura de Guayas, Salazar contó que estaban vigentes desde la administración de Jaime Nebot, líder del PSC y amigo de Muentes, pero que en la alcaldía de Cinthya Viteri esos valores se duplicaron.
“Me contó que era beneficiario de los contratos de limpieza a través de asociaciones vinculadas a él”. Los contratos eran por concepto de servicios de limpieza para la dependencias de Guayaquil y superaban $1.4 millones.
Durante el periodo en que María Josefa Coronel fue directora de la Judicatura en Guayas, Muentes ya no pudo mantener este esquema mafioso en la Judicatura de Guayas. “Por eso tienen sus diferencias”, explicó.
Muentes, asimismo, tenía interés en el negocio de tierras en la zona industrial de Durán. Salazar citó el caso de Eric Ramírez, que se hizo público por Fernando Villavicencio y el medio digital Guayaquil News.
Según explicó, Mayra Salazar, Muentes enviaba a su gente a sacar información en el Registro de la Propiedad y, seguidamente, generaba un acto de compra y venta en una Notaria a favor de su primo y testaferro, Fausto Alarcón Gómez.
Muentes conseguía adjudicaciones de varios terrenos ante el Ministerio de Agricultura a favor de sus testaferros para revenderlo a sus familiares.
La Fuente – Periodismo de Investigación publicó una amplia investigación sobre el modus operandi de la familia Muentes para el tráfico de tierras y despojo sistemático de propiedades en Durán.
En estos lotes fraccionados y habitados por asociaciones campesinas, explicó Salazar, Muentes llegaba con “200 delincuentes” a maltratar a niños y mujeres para desalojarlos de sus terrenos. (LA FUENTE PERIODISMO DE INVESTIGACION)
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