La Contraloría General del Estado (CGE) predeterminó la destitución de la exalcaldesa de Guayaquil Cynthia Viteri, de la exdirectora de Recursos Humanos del cabildo y de ocho funcionarios que estarían inhabilitados para ejercer cargos públicos en el Municipio.
Así lo informó la instancia de control mediante un boletín de prensa difundido este domingo, 14 de abril.
Según la Contraloría, el personal tendría relaciones de parentesco o afinidad con dos concejales urbanos que estaban en funciones y con la exdirectora de Recursos Humanos del Gobierno autónomo descentralizado.
Esta funcionaria habría contratado a su prima, cuñado y hermanos mientras ejerció como delegada de la máxima autoridad para suscribir contratos de servicios ocasionales y acciones de personal.
Por su parte, la exalcaldesa mientras estaba en funciones, entre 2019 y 2023, contrató a los hermanos, la cónyuge y la hija de los miembros del cuerpo colegiado municipal, de acuerdo con la instancia de control.
Estas personas habrían incurrido en la prohibición de nepotismo establecida en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep).
La normativa prohíbe a toda autoridad nominadora contratar, en la misma entidad, a sus parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, a su cónyuge o con quien mantenga unión de hecho.
La prohibición se extiende a los parientes de los miembros de cuerpos colegiados o directorios.
El organismo de control estableció las posibles sanciones administrativas como resultado del examen especial que realizó a la gestión del talento humano en el cabildo guayaquileño entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2023.
La auditoría concluyó que no se implementaron los controles necesarios para evitar que se contratara a personal inmerso en las inhabilidades y prohibiciones para ejercer cargos públicos en el Municipio.
En caso de confirmarse las destituciones, las personas sancionadas no podrán ejercer cargos públicos por dos años y, según lo establecido en el artículo 15 de la Losep, transcurrido ese periodo no podrán reingresar a trabajar en el Municipio de Guayaquil.
A partir de la notificación, los posibles responsables disponen de 30 días para presentar sus pruebas de descargo y ejercer su derecho a la defensa.
Luego del análisis de estos argumentos, la Controlaría podrá confirmar total o parcialmente las responsabilidades o no confirmarlas, según lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. (DIARIO CORREO)
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