Guayaquil (Guayas), 25 de abril de 2024.- Fiscalía procesa a seis detenidos –entre médicos, policías activos y una funcionaria administrativa– por su presunta participación en el delito de asociación ilícita, que se habría cometido en la entrega de certificados médicos irregulares a personal policial, a cambio de valores económicos: de 200 a 600 dólares (el valor se incrementaba con el número de días solicitados).
La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional (Fedoti) inició una investigación en enero de este año, luego de que la que la Unidad de Conducta Criminal y Anticorrupción de la Policía Nacional informara de supuestas irregularidades en la emisión de permisos médicos para personal policial.
Entre las irregularidades constan el elevado número de días otorgados por descanso médico, basándose en enfermedades no confirmadas o inexistentes del policía que solicitaba dicha certificación, que variaba entre cinco y noventa días (o más en algunos casos).
El informe señala que los uniformados que se acogían a este descanso como un “beneficio laboral” fueron investigados y procesados en algunas causas penales por delitos que habrían cometido en los días en que justificaban su ausencia dentro de la institución con las certificaciones emitidas por personal médico especializado, también de dicha institución.
Una vez que Fiscalía obtuvo los elementos de convicción suficientes, solicitó a un juez de Garantías Penales las órdenes de detención y de allanamiento a los domicilios de los investigados en Guayaquil, Durán, Daule y Samborondón. Además, se procedió al allanamiento de las oficinas de los involucrados al interior del Hospital de la Policía Nacional en Guayaquil.
La madrugada del miércoles 24 de abril del año en curso, con la participación de seis agentes fiscales y personal misional, se procedió a la diligencia judicial, en la que seis personas fueron detenidas.
En la operación se incautaron teléfonos celulares, computadores, documentación (certificaciones médicas, listado de personal policial que requería los servicios, entre otros). Todo fue ingresado en cadena de custodia de la Policía Judicial.
En la audiencia de formulación de cargos, desarrollada la madrugada de este jueves 25 de abril, el Fiscal del caso presentó como elementos de convicción: el parte policial integral (que recopila la información obtenida de diferentes investigaciones a personal policial y administrativo), los parte de detención, la pericia informativa forense (en la que se encontró los chats de conversaciones, los valores económicos solicitados, los presuntos intermediarios y los médicos que iban a emitir este servicio), entre otros.
El Juez de Garantías Penales de turno acogió el pedido de Fiscalía y ordenó prisión preventiva para Froilán Ricardo P. C. (médico), Norma Orfelia D. A. (funcionaria administrativa), Richard Alfredo Ll. B. y Franklin Alberto M. L. (policías en servicio activo), contra quienes giró la boleta de encarcelamiento y traslado a la Penitenciaría del Litoral.
Mientras que a Fidel Ariosto V. Z. y Xavier Luis S. A. (médicos especialistas) les dictó arresto domiciliario y prohibición de salida del país, debido a que presentaron los arraigos sociales, familiares y laborales. Además, uno es adulto mayor y el otro presenta una discapacidad física grave del 55%.
La instrucción fiscal durará noventa días.
Según Fiscalía, existiría un número mayor de personas participantes en este hecho (de las filas policiales), por lo que se continuará con las investigaciones en esta causa.
Información jurídica
Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica el delito de asociación ilícita y lo sanciona con pena privativa de libertad de tres a cinco años. (FGE)
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