El sistema de poliductos de 1.600 kilómetros, que transporta combustibles (gasolina, diésel, GLP) por todo el territorio nacional, se ha convertido en una especie de coladera por donde se han escurrido, solo en 2023, 643.556 barriles equivalentes (líquidos y gas). Para entender la descomunal dimensión, con esta enorme cantidad de combustible robado, sería posible llenar al menos 40 piscinas olímpicas.
La pérdida para las arcas fiscales también es millonaria, pues ha sido contabilizada, en ese mismo año, en unos $89,78 millones ($81,20 millones por valor de combustible) y ($8,58 millones) de las posteriores reparaciones que se debieron realizar.
Los datos provienen de un informe reciente de Petroecuador, con corte a diciembre del 2023. En este año, dice el informe, se detectaron al menos 334 perforaciones, en siete poliductos: Esmeraldas-Santo Domingo, Santo Domingo-Pascuales, Santo Domingo-Quito, La Libertad-Pascuales, Libertad-Manta, Monteverde-El Chorrillo y Pascuales-Cuenca. Los siete poliductos alcanzan una extensión de 1.469 kilómetros, es decir el problema de pinchazos afecta al 92% de esta infraestructura estratégica del país.
Casi la tercera parte de productos se extraen por la ruta La Libertad-Manta en la cual se perdieron 201.018,56 barriles que representan $24,4 millones en ingresos fiscales. Esto, en 62 perforaciones.
La otra vía en la que frecuentemente se registran este tipo de siniestros es el poliducto Santo Domingo-Pascuales, que de acuerdo al informe de Petroecuador sufrió 84 perforaciones y la pérdida de 149.919 barriles, a un costo de $18,4 millones. Este último poliducto es conocido como La Flauta, debido a los numerosos agujeros que los ladrones de combustible le han ocasionado.
El 9 de junio del 2023, Petroecuador firmó el contrato LAB N° 2023177 con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército para la prestación del Servicio de Mantenimiento y Protección de poliductos y mantenimiento civil menor de terminales y depósitos de productos limpios, el cual incluye incremento de cantidad de patrullas, sistemas automatizados de vigilancia y sobrevuelos con drones.
Pese a estas medidas, las cuadrillas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que se encargan de brindar seguridad a los ductos, tienen que enfrentarse a los hot tapping (pinchazos) con mucha frecuencia.
Se trata de perforaciones que se hacen en las tuberías presurizadas (poliductos y oleoductos) para desviar los combustibles, sin cerrar la tubería principal. Se hace a través de un enroscado caliente con válvulas.
En un video al que La Fuente – Periodismo de Investigación tuvo acceso, se puede apreciar a una decena de miembros de una cuadrilla de esta entidad frente a una típica perforación o pinchazo tratando de controlar el líquido que sale de manera continua desde el ducto.
Así en un informe de finales del año pasado, emitido por el anterior gerente de la estatal Petroecuador, Reinaldo Armijos, el funcionario explicaba que el crimen organizado había sobrepasado la capacidad de vigilancia de la empresa.
“Se ha demostrado que EP Petroecuador ha realizado los esfuerzos posibles para proteger la infraestructura hidrocarburífera, sin embargo la delincuencia ha sobrepasado la capacidad de gestión de la empresa por lo que solicito comedidamente convocar por su intermedio al Consejo de Seguridad para mitigar el accionar de las organizaciones delictivas”, decía en su comunicación.
Era un SOS que lanzaba Armijos, en ese momento, frente a esta suerte de ‘desangre’ de los combustibles y la violencia y penetración del crimen organizado.
Por ejemplo el 11 de noviembre del 2023, se había reportado el asesinato de dos conductores de un tanquero que llevaba combustible desde la Refinería de Esmeraldas hasta Quito. El hecho había ocurrido en la carretera Esmeraldas-Quinindé.
El 15 de noviembre, otro conductor resultó herido. Armijos indicaba en este documento que debido a este tipo de situaciones, muchos de los conductores habían renunciado a sus puestos de trabajo.
En otro caso, del 19 al 26 de noviembre se tuvo que detener la actividad del gasoducto del terminal de Productos Limpios en El Chorrillo, esto porque delincuentes intentaron perforarlo. Se trató de una maniobra sumamente peligrosa que hubiese podido terminar en una tragedia de grandes proporciones.
No se conoce cuál fue la respuesta a este pedido del anterior gerente. Lo que sí se sabe, es que a partir del 9 de enero del 2024, cuando se declaró el estado de guerra interna, y ahora, tras los resultados de la Consulta Popular, militares y policías han estado reportando una serie de hallazgos que dan cuenta del gran negocio del crimen que está instalado en el país.
Ecuador, gran proveedor de combustible ilícito, que ya incursiona en la producción de droga
De acuerdo con las Fuerzas Armadas, el tráfico de combustibles líquidos, como la gasolina blanca, puede ser utilizado como precursor químico para la elaboración de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización (estupefacientes y psicotrópicas).
De lo que se conoce, la gasolina blanca se mezcla con las hojas de coca para obtener la pasta base. Adicionalmente, reportes internacionales dicen que hay precursores alternativos que se usan para procesar la droga. Estos son gasolina, diésel, lavantina (lejía) y cemento.
Este tipo de procesos se hace especialmente en Colombia, por lo que los combustibles ecuatorianos pasan hacia el norte a través de varias vías. De informaciones preliminares, el combustible ilícito es llevado a través de lanchas rápidas, desde San Lorenzo, Eloy Alfaro o Río Verde, en Esmeraldas, hasta Tumaco, en Colombia. Allí venden el combustible a las mafias del narcotráfico. También se indica que el 80% de la gasolina que se comercializa ilegalmente está destinado al procesamiento de cocaína
Sin embargo, el proceso de producción también se ejecuta en el territorio ecuatoriano. En marzo pasado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas localizó un laboratorio clandestino de procesamiento de 15 toneladas mensuales de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
En el sector de San Lorenzo, Esmeraldas, se encontraron hornos industriales, hornos microondas, galones de acetona, y logística para al menos 80 personas. Este negocio ilícito podría haber estado produciendo unos $150 millones mensuales.
En lo que va del 2024, se han reportado una treintena de hallazgos relacionados con acoples desde los poliductos que desembocan en piscinas clandestinas de combustibles, tanqueros ilegales y sin guía, depósitos ilegales de miles de galones, embarcaciones cargadas de combustible tanto en ríos de la Amazonía como en alta mar.
Los reportes llegan de todos lados: Sucumbíos, Esmeraldas, Orellana, Morona Santiago, pero también provincias de la Sierra como Loja, Imbabura, Tungurahua y hasta en Galápagos.
Este 3 de mayo las Fuerzas Armadas reportaron un nuevo acople o pinchazo descubierto en Mocha (Tungurahua), previamente el 28 de abril se conoció que tres ciudadanos habían rentado una casa cerca de donde pasaba un poliducto para robar gasolina, al sur de Ambato. Se les halló con 4.000 galones.
Tras este tipo de hallazgos, las Fuerzas Armadas toman contacto con Fiscalía, con la Unidad de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos de la Policía Nacional y con personal de seguridad física de Petroecuador para que en el ámbito de sus competencias tomen el procedimiento correspondiente.
Un fuerte golpe al bolsillo fiscal
La afectación económica, generada por la apropiación ilícita de combustibles a través de pinchazos, así como otros procesos de desvío, es potente si se considera que en su mayoría son combustibles importados, caros y subsidiados. Unos $750 millones pierde Ecuador anualmente por no industrializar el gas asociado de la Amazonía que se quema en los mecheros y la gasolina natural que se desprende del proceso.
De acuerdo con Jorge Luis Hidalgo, experto en temas energéticos y gerente de GreenPower (empresa interesada en la industrialización del gas local), Ecuador lleva décadas de mal manejo del sector energético ya que no hay control sobre la importación de combustibles, ni sobre la producción petrolera, de derivados y gasífera en el país.
Lamenta que parte de esos productos se pierdan en pinchazos, algunos de los cuales funcionan años sin control. También señala como parte del problema, la nula transparencia de producción de gasolinas naturales (gasolina blanca) que salen de los mecheros de los campos petroleros.
Por ejemplo en la Planta de Tratamiento de gas de Shushufindi, en Sucumbíos, se calcula que esta debería producir 241.719 kilos/día de GLP, es decir unos 16.115 tanques de uso doméstico. Sin embargo, la producción es del 50%. Además, debido a la composición del gas de mecheros, también se podría obtener del proceso 1.038 barriles de gasolina natural, pero solo se reporta un 10% de lo que se debiera producir.
Lo que sucede en la planta de Shushufindi es solo una muestra de las millonarias pérdidas que se registran por no proceder a la industrialización de este gas, pues en toda la Amazonía se desperdician 140 millones de pies cúbicos de gas.
La falta de aprovechamiento del GLP hace que el Estado deje de percibir unos $303 millones anuales. Si se industrializara la gasolina natural podría generarse $350 millones más y $100 millones anuales adicionales por recuperación de gas natural, explica Hidalgo.
Pinchazos, tanqueros ilegales y canecas, el día a día del desvío
Mientras se conoce que los combustibles se estarían desviando a las organizaciones criminales, dedicadas a diversos delitos como narcotráfico y minería ilegal, también existe la sospecha de que una parte de este combustible, sobre todo el diésel, estaría siendo utilizado por empresas inescrupulosas para sus procesos productivos.
De acuerdo con Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo (Camdeppe) el tema de los pinchazos no es de ahora, sino de mucho tiempo atrás. Explica que hay varias vías por las que se puede estar perdiendo el combustible: a través de los pinchazos, de tanqueros ilegales, e incluso a través de la comercialización por canecas.
De acuerdo a comentarios que han hecho los gasolineros a su Cámara, existe una circunstancia técnica especial bajo la cual se realizan los pinchazos. Es necesario bajar la presión en los poliductos, pues hay un principio físico: a mayor presión mayor temperatura. En este sentido si se llegara a hacer un pinchazo con alta presión, este estallaría, volaría la infraestructura.
Para Rosero “esta baja de presión solo se podría hacer desde adentro, desde Petroecuador”, por lo que considera que se debe revisar la empresa estatal casa adentro.
Por otro lado, también podría estar escapando el combustible a través de los propios terminales de Petroecuador. Se ha empezado a recibir llamadas de todo el país en las que los transportistas indican que se está recibiendo menos combustible en los tanqueros al mes.
Tomando en cuenta varios reportes de prensa sobre tanqueros llenos de combustibles y sin guía, hallados cerca a los terminales en diversos puntos del país, la hipótesis es que se estaría entregando fraudulentamente combustible a ciertos tanqueros desde los propios beaterios. Para compensar esa falta de combustible desviado y no reportado, les estarían bajando un porcentaje del volumen entregado a los transportistas legales.
Rosero recuerda que el ex ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, había comentado que quienes compraban el combustible proveniente de pinchazos serían gasolineras inescrupulosas. Para Rosero este fue un señalamiento irresponsable, porque “aunque no se puede poner las manos al fuego por todas”, difícilmente pueden ocurrir irregularidades en el sector ya que “somos el sector más controlado del país en el que reportamos diariamente compras y ventas”, dijo.
En ese momento también se habló de un posible desvío de diésel hacia las camaroneras. Según la narrativa oficial de ese momento, habría camaroneras que lo estaban requiriendo porque a este sector se le retiró el subsidio en enero del 2022.
Acto seguido se dijo que se había detectado una venta inusual de combustible en ciertas gasolineras y, para prevenir que esto siguiera pasando, se pusieron cupos a 455 estaciones. Sin embargo, la mayor parte de las gasolineras castigadas estaban alejadas de las camaroneras, incluso ubicadas en la Sierra, por lo cual la medida no tenía lógica, dice Rosero.
Sobre el tema, el representante gremial tiene otra lectura: considera que el aumento del consumo de diésel se debió a que hubo un consumo inusual en las generadoras eléctricas, y esto perduró incluso luego del estiaje, por lo que más bien se debería seguir la pista a las generadoras.
En este sentido, exhorta a que se haga un control exhaustivo a las camaroneras para saber de dónde están obteniendo su combustible, y propone un mecanismo sencillo: pedir las facturas de compra de combustible y compararlas con el consumo.
Entre tanto, al ser consultado Rosero sobre por qué el Gobierno del presidente Lasso les habría culpado en este tema, comenta que posiblemente como una retaliación por la incomodidad que causaron sus reclamos y observaciones que se hicieron en temas hidrocarburíferos.
En estos días, varias gasolineras deben enfrentar juicios derivados de estas acusaciones.
Asegura que lo último que hizo ese Gobierno en contra del mercado de los distribuidores de combustibles fue aprobar, en la tarde del 23 de noviembre del 2023, es decir el mismo día del cambio de mando, una resolución polémica sobre la creación de gasolineras.
El decreto permitía de manera indiscriminada y sin ninguna restricción de distancias, la creación de estaciones de servicio.
A más de saturar el mercado, generaba la interrogante sobre si es o no un buen negocio tener estaciones de servicio. Los gasolineros, han venido reclamando que les es muy difícil seguir con los negocios con el bajo margen de comercialización que reciben y que lleva 20 años congelado.
El decreto que fue publicado a última hora, en el registro oficial, no ha logrado su objetivo pues las regulaciones son competencia exclusiva de la Agencia de Regulaciòn y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR). Actualmente se mantienen las distancias mìnimas.
De todas formas, Rosero, dice que no existe explicación clara sobre cómo algunos nuevos actores se arriesgan en invertir millones en este negocio para tener un retorno de menos del 1%, cuando en un banco podrían tener una mayor utilidad.
Se requiere reglas claras y control en este tema, dice, sobre todo para evitar posible incursión en prácticas ilícitas, como podría ser el lavado de dinero en casos puntuales.
Canecas y los apuros electorales de Jorge Glas
Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo (Camddepe), explica que el combustible perdido, que no va al sector industrial, también tiene otra vía de escape que es el contrabando fronterizo. Se conoce que en Perú y Colombia hay un negocio gigantesco de venta de canecas de combustible subsidiado en los ríos fronterizos, cuenta.
El caso de las canecas es interesante si se recuerda que el ex vicepresidente Jorge Glas, abogaba ante el director de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), José Luis Cortázar en 2014 para que permitiera la compra sin restricción del combustible en canecas, en la frontera. Decía, sin vergüenza alguna, que de esto y de la liberación de explosivos para los mineros, dependía tener más adeptos en un momento difícil para las candidaturas de RC.
Ese video publicado por Código Vidrio, muestra lo ocurrido el 5 de febrero del 2014 a 18 días de las elecciones de representantes seccionales. Glas fue a convencer a Cortázar, que al parecer no terminaba de entender el tema político, y más bien se manejaba en ese momento con criterios técnicos. Entonces el ex vicepresidente le había dicho que temía perder la Prefectura de Sucumbíos.
Antes de esa fecha, el propio Rafael Correa le había “pedido”, más bien ordenado, que liberara todas las restricciones para acceder al combustible. Y Cortázar había obedecido, eliminando las restricciones para los autos extranjeros. Sin embargo, en un segundo momento la ex ministra Betty Tola, le había aclarado que lo que debía liberar era la compra en canecas. (PERIODISMO DE INVESTIGACION LA FUENTE)
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