Santa Elena (Santa Elena), 17 de mayo de 2024.- Luego de la ejecución de un operativo en varios cantones de la provincia de Santa Elena, en el que trece personas fueron detenidas, Fiscalía les formuló cargos por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada. Juez dispuso prisión preventiva para doce y presentaciones periódicas, y prohibición de salida del país para una mujer.
En total se llevaron a cabo diecinueve allanamientos en los cantones La Libertad, Salinas y Santa Elena, en la provincia de Santa Elena, y en el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, en Guayas.
Dos de los detenidos fueron identificados como presuntos líderes y coordinadores de los actos delictivos, y el resto como colaboradores, quienes cumplían funciones de almacenamiento, distribución, transporte y expendió de sustancias sujetas a fiscalización.
En la audiencia de formulación de cargos, el Fiscal del caso explicó que luego de una investigación que inició en diciembre de 2023 contra un grupo de personas (incluidas tres privados de libertad) se estableció que los hoy procesados estarían involucrados en delitos como tráfico de armas, tráfico de drogas y delitos contra la vida, y que serían parte del grupo terrorista “Los Choneros”.
Entre los elementos de convicción más importantes presentados en la audiencia, se cuentan: los parte policiales sobre los allanamientos ejecutados y la detención de los trece procesados, las versiones de los agentes que participaron en el operativo, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y el informe investigativo.
Entre las evidencias encontradas –y presentadas en la diligencia– se encuentran seis armas de fuego, 843 municiones de varios calibres, nueve granadas, 11.230 gramos de heroína 5,8 gramos de cocaína, seis vehículos, 10.000 dólares en efectivo, dispositivos electrónicos, documentos y balanzas.
La instrucción fiscal durará noventa días.
Información jurídica
El delito de delincuencia organizada, tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), se sanciona con pena privativa de libertad de siete a diez años. (FGE)
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