QUITO.- El dispositivo de seguridad que custodiaba al excandidato presidencial Fernando Villavicencio al momento de su asesinato no era el adecuado tanto en número de servidores policiales asignados como en sus perfiles, concluye el informe borrador de la comisión ocasional de la Asamblea Nacional que investigó las responsabilidades políticas en el hecho.
Y por ello recomienda que el documento final sea enviado a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado para que realicen las investigaciones respectivas.
La Comisión tenía previsto aprobar ese texto, de 99 páginas, la tarde de este 13 de junio del 2024, para luego enviarlo al pleno de la Asamblea y que lo debata.
En el borrador se explica que, por las actividades investigativas que desarrollaba, a Villavicencio -que fue asesinado el 9 de agoto de 2023, luego de un mitin de campaña- se le elaboró un análisis de riesgo personal (ARP), que es un estudio técnico de carácter reservado, “con levantamiento de información sobre las causas de las posibles amenazas, condiciones de vulnerabilidades existentes y probables eventos no deseados y los daños y consecuencias que estas pueden producir”.
Este análisis lo hace la Policía Nacional a través de la Subdirección Operativa de Seguridad y Protección, perteneciente orgánicamente a la Dirección General de Inteligencia.
Dentro de la clasificación del riesgo individual se establecen los siguientes niveles: a) bajo: del 1% al 30%; b) medio: del 31% al 60%; c) alto: 61% al 90%; y, d) muy Alto; 91% al 100%.
Y para cada nivel de riesgo se determinan los dispositivos de protección y seguridad que se deben cumplir, los cuales incluyen la asignación de personal policial para brindar seguridad y protección, que debe tener ciertas características; el tipo de vehículo que usarse para el dispositivo de seguridad del resguardado, el cual debe tener condiciones físicas y mecánicas de seguridad y versatilidad para realizar maniobras de escape.
Según el informe borrador, el primer análisis del activista, con fecha 22 de julio del 2022 (más de un año antes de su muerte) ya determinaba un riesgo “muy alto” del 92 %: uno posterior, del 1 de mayo de 2023 (tres meses antes del crimen) ubicó dicho riesgo en el 93 %, un punto más.
El acuerdo ministerial que regula el tema señala que, de acuerdo con la condición de Villavicencio, su dispositivo de seguridad debía tener al menos nueve servidores policiales con los siguientes perfiles:
1.- Dos de dirección Operativa: desde subteniente a mayor de policía.
2.- De cuatro a ocho técnico operativo: desde policía a sargento de policía.
3.- Tres de seguridad a domicilio: fijo.
Total: de nueve a trece servidores policiales.
En el documento se reseña la información proporcionada el 7 de febrero del 2024 por Fausto Íñiguez Sotomayor, director general de Inteligencia a esa fecha, en su comparecencia en la comisión.
Íñiguez contó que cuando Villavicencio solicitó que se realice el ARP se le asignaron dos servidores policiales como custodia. (DIARIO CORREO)
Fernando Villavicencio: Fue un crimen político, según Comisión
Un informe preliminar, señala que el equipo de seguridad de Fernando Villavicencio no respetaba las condiciones establecidas en los reglamentos pertinentes. La Comisión para la investigación del asesinato de Villavicencio revelará dicho informe la tarde de este jueves.
Este informe preliminar sugiere que el asesinato de Villavicencio tiene implicaciones políticas significativas, siendo este considerado como un crimen político.
“Se considera que Villavicencio fue objeto de la delincuencia política, no de la delincuencia común, y su asesinato debe investigarse en ese contexto”, destaca el texto.
El documento detalla que Villavicencio incomodaba a ciertos sectores con sus investigaciones periodísticas, incluyendo el caso Arroz Verde y la trama de corrupción de la petrolera internacional Gunvor.
Se afirma en el informe que hubo coordinación de ataques y obtención de información personal de Villavicencio por parte de funcionarios públicos, políticos y periodistas.
Se menciona a Andersson Boscán como alguien que, según el informe, habría acordado ocultar información a Villavicencio en la investigación llevada a cabo por la Comisión de Fiscalización.
Funcionarios del ECU-911 se señalan por proporcionar la ubicación de Villavicencio, mientras que se acusa a Xavier Jordán de informar sobre gestiones para desprestigiar a Villavicencio.
Finalmente, el documento presenta siete recomendaciones, incluyendo la depuración de organizaciones criminales en entidades estatales y una revisión del sistema de contratación pública. El informe se presentará a las 17h00 de este 13 de junio en la comisión. (EL DIARIO)
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