El Pleno de La Asamblea Nacional votó de manera unánime a favor, con 121 votos, del proyecto de Ley de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y la Financiación de Otros Delitos.
Esta iniciativa crea el Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y sus Delitos Precedentes, la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Conclaft), que supervisará la lucha contra el lavado de dinero.
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle Kozhaya, resaltó que esta es la ley número 24 durante la administración actual, obteniendo el apoyo unánime de los legisladores presentes.
Nathaly Farinango, encargada de exponer el informe, mencionó que según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el lavado de activos representa entre el 2% y el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador.
La funcionaria explicó que la normativa redefine conceptos relacionados con el delito, establece el Conclaft, refuerza la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), implementa unidades adicionales contra el lavado de dinero, modifica la forma de nombrar al director de la UAFE, introduce medidas preventivas y lista a los sujetos obligados, tanto financieros como no financieros, entre otros.
Durante el debate, Cristhian Vega mencionó que se trata de una ley destinada a privar de fondos a los grupos delictivos.
La Asamblea Nacional rechaza el lavado de activos
Por su parte, Patricio Cisneros recordó que uno de los problemas más graves para la sociedad ecuatoriana es la delincuencia, que debe ser combatida con esta nueva legislación. Mientras, José Vallejo informó que en el año pasado se detectaron operaciones sospechosas por un valor de mil 500 millones de dólares, y entre 2016 y 2020 solo hubo doce condenas por este delito.
Otros legisladores abordaron temas como la actividad económica criminal y su impacto en los Estados; los esfuerzos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat); la preocupación por el lavado anual de 3 500 millones de dólares en Ecuador, en parte procedente del narcotráfico; la necesidad de presupuesto para implementar la normativa por parte del Ejecutivo; el fortalecimiento independiente de la UAFE en su labor; la fuga de 810 millones de dólares mediante minería ilegal en 2022; las restricciones a la circulación de dinero ilícito; y la alineación con las recomendaciones del GAFI.
En términos de nuevas propuestas, Lucía Posso sugirió la creación de un Sistema Integrado de Coordinación para la prevención del lavado de activos y la financiación de otros delitos, mientras que Katiuska Miranda abogó por evitar la duplicación de funciones en las entidades mencionadas en los artículos 5, 8 y 17 del proyecto.
La nueva legislación, que revocará la vigente desde 2016, comprende 94 artículos, 4 disposiciones generales, 5 disposiciones transitorias, 5 disposiciones reformatorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final. (EL DIARIO)
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