La comercializadora Copedesa, cuyo accionista es el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, enfrenta una denuncia en la Fiscalía por supuesta venta irregular de combustibles subsidiados.
El denunciante es el director de la Agencia de Regulación y Control de Energía (Arcernnr), Franklin Erreyes Tocto, e incluye a Antonio Alvarez, presidente de Barcelona y hermano del alcalde, así como a nueve personas más.
Según el documento, existen pruebas documentales, grabaciones y testimonios que revelarían la existencia de una red organizada de comercio irregular de combustibles.
¿Pero en qué consiste el esquema, según el Gobierno? A continuación se lo explicamos:
1.- Comercializadora vende combustibles de manera irregular a gasolinera
El esquema, según la Arcennr, consiste en que cuatro comercializadoras, entre ellas, supuestamente Copedesa, la empresa del Alcalde de Guayaquil, entrega los combustibles con precios subsidiados a gasolineras de Fuelcorp para las cuales no está autorizada a despachar.
Según la Arcernnr, Copedesa habría entregado de manera irregular 745.718 galones de combustibles de manera irregular a Fuelcorp, solo en 2023.
Fuelcorp, de acuerdo con la denuncia, tiene dos oficinas administrativas y una gasolinera llamada Estación San Francisco, ubicada en el cantón Milagro (Guayas).
2.- Gasolinera vende de manera irregular el combustible
Luego, las estaciones de servicio de Fuelcorp, aparentemente, habrían vendido esos combustibles subsidiados a cuatro empresas (algunas de las cuales Arcernnr presume que serían comercializadoras) que fueron a cargar con vehículos sin placa.
Además, esa gasolinera habrían vendido combustible a 8.019 autos que tienen un solo dueño, que aparentemente es trabajador de Fuelcorp.
Uno de esos 8.019 vehículos reporta un consumo irregular de 117.000 galones de gasolina y, además, 3.000 galones de diésel, pese a que el carro es a gasolina.
Estas cifras llaman la atención porque es un carro con motor de 1.400 centímetros cúbicos, con un rendimiento de 60 kilómetros por galón.
Es decir, para que haya podido usar ese volumen, ese carro habría tenido que cargar decenas de veces al día y, además, haber recorrido toda la red vial de Ecuador unas 4 veces en un año.
Llama la atención que uno de los accionistas de Fuelcorp, Cesar Emilio B., fue gerente de la empresa de Aquiles Alvarez, en 2021; es decir, de Copedesa.
En su programa radial del 8 de julio de 2024, el presidente Daniel Noboa ya había anticipado, sin mencionar nombres, que había empresas que se beneficiaban con millones de dólares a través de la venta irregular de combustibles subsidiados, como el diésel y hasta hace poco la gasolina.
Incluso, describió el esquema que ahora consta en la denuncia presentada por la agencia gubernamental Arcernnr en contra de varias empresas, incluida la de Aquiles Alvarez.
Además, en ese mismo enlace radial, Noboa hizo referencia también al cruce de palabras que tuvo con el Alcalde de Guayaquil, que reclamó por el retraso del Gobierno Central en la emisión de garantías soberanas para la realización de obras.
Sin mencionar directamente a Alvarez, el presiente Noboa dijo:
“Sí se va a dar la garantía soberana, que el otro siga haciendo relajo. Sí se va a dar, que él siga insultando a todo el mundo. Pero vamos a fiscalizar cada metro”, comentó Noboa.
Luego Aquiles Alvarez le respondió al jefe de Estado el 8 de julio de 2024 que fiscalice a sus ministros en lugar de sus obras municipales.
Y este 12 de julio de 2023, a través de un video publicado en su red X, el alcalde de Guayaquil calificó de “invento” a la denuncia por comercialización ilegal de combustibles presentada en su contra por la Arcernnr en la Fiscalía. Y añadió que se presenta “justo cuando Guayaquil reclama por sus derechos”.
“Es un montaje distractor, sin sustento, basado en una confusa mezcla de elementos para generar engaño, para generar escándalo (…). La verdad prevalecerá”, añadió Alvarez al señalar que su administración es una amenaza para la “visión electorera” del Gobierno Central.
Cuál es la pena por comercialización ilegal de combustibles
El artículo 264 del Código Integral Penal establece como delito el almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles, o el desvío de los combustibles para un segmento distinto.
La persona que cometa este delito será sancionada con cárcel de acuerdo a la siguiente escala:
- Mínima escala, de dos a seis meses.
- Mediana escala, de seis meses a un año.
- Alta Escala, de uno a tres años.
- Gran Escala, de tres a cinco años.
Además, la empresa que participara en este delito estará sujeta a la sanción de cierre temporal, según el mismo artículo 264 del Código Integral Penal. (MONICA OROZCO – PRIMICIAS EC)
Antes la prefecta de Cotopaxi denunció desvio de combustible
La prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, realizó una impactante denuncia pública sobre actos de corrupción relacionados con el desvío de combustible en el Gobierno Autónomo Descentralizado provincial.
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