La construcción de la nueva cárcel de máxima seguridad en Ecuador, denominada por el Gobierno de Daniel Noboa como la Cárcel del Encuentro, aún no ha comenzado, pero ya está generando serias preocupaciones. Con un presupuesto de más de 52 millones de dólares adjudicado sin licitación abierta, la participación de una controvertida empresa china y la opacidad en los documentos de contratación, el proyecto está rodeado de sospechas.
A esto se suman las denuncias de comuneros sobre invasión de tierras ancestrales y los riesgos ambientales en un bosque megadiverso, lo que ha encendido múltiples «red flags». En un país donde la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales, la Cárcel del Encuentro parecería ser un símbolo de polémica y alerta.
Red flag 1: Otro proyecto millonario para una empresa China
La construcción de la nueva cárcel de máxima seguridad costará 52´166.248,1 millones de dólares, bajo régimen especial. Esto significa que no hay concurso abierto para analizar varias propuestas (no hay licitación), sino que se hace a través de una invitación directa. Y, con las últimas reformas que se realizaron a la Ley de Contratación Pública, la información de contrataciones del sistema carcelario tiene carácter reservado. Eso quiere decir, que todos los documentos como: estudio de mercado, informe de necesidad, cotización del contratista, entre otros, no se reflejan en la página del SERCOP. En pocas palabras más de 50 millones de dólares en reserva y por 10 años.
La resolución de reserva fue emitida por el SNAI, el 17 de abril del 2024:
En una reforma a la Resolución del SNAI, de 28 de marzo, se indica que “permitir el acceso libre y público a toda la información del proyecto, pone en riesgo la seguridad del personal a cargo de la planificación y desarrollo del procedimiento de contratación; pero, sobre todo, conlleva un elevado riesgo para el Sistema Nacional de Rehabilitación Social y para la ejecución del proyecto como tal, pues en caso de que las organizaciones delincuenciales lleguen a conocer dicha información, lo convierten en un blanco fácil de atentados o acciones terroristas”.
Si lo vemos así, es entendible por tratarse de un tema de seguridad. Sin embargo, la alerta aparece cuando hablamos de la empresa a la cuál el SNAI invitó a realizar la construcción . La invitación, enviada por el Director General del SNAI, Grab. (SP) Luis Eduardo Zaldumbide López, está a nombre de PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS S.L.; subsidiaria de la Empresa Estatal China “China Road And Bridge Corporation CRBC”. Esta empresa china no es nueva en temas de compras y proyectos con el Estado.
PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS S.L., es una empresa española que está ubicada en el sector de La Primavera, Cumbaya. Registra en la Superintendencia de Compañías un capital suscrito de $100.000.
La invitación además indica que se otorgará un anticipo del 40% del valor del contrato. Y que los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la entidad contratante. El plazo para la construcción de la nueva cárcel de máxima seguridad es de 300 días.
La primera alerta en este proceso la presentó la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), la cual a través de un comunicado informó que dicha empresa adquirió de forma ilegal el Hotel Quito, en un proceso irregular en el cual el IESS vendió dicho bien público.
Ante este pronunciamiento, el presidente de la República, Daniel Noboa, señaló que quienes se oponen a la nueva cárcel son los narcos y los criminales. Además, insinuó que la Comisión nunca ha funcionado.
En respuesta, la CNA, a través de su cuenta de X, rechazó las declaraciones de Noboa clasificándolas de maliciosas y reiteró su cuestionamiento sobre el contrato con China Road And Bridge Corporation (CRBC).
China Road And Bridge Corporation (CRBC) es dueña del 100% de las acciones del Hotel Quito desde el 2016. Las cuales adquirió por $30.827.333 a través de una subasta pública. Esta venta es cuestionada por la Comisión Nacional Anticorrupción, quienes denuncian las irregularidades de esta transacción.
En el 2017, un examen especial de la Contraloría General del Estado observó una irregularidad en el valor final de la venta. El documento señala que el gerente General del BIESS del periodo de enero a mayo del 2016, Danilo Ortega, ofertó el inmueble y todos los espacios que lo conforman por aproximadamente $30 millones de dólares.
Ignorando el informe de valoración de la compañía Price Waterhouse Cooper, quienes calcularon el valor de la venta por $37.435.212 millones de dólares. Decisión que no puso a conocimiento del Directorio del BIESS.
Desde el 2020, la Comisión Anticorrupción planteó a la Fiscalía la reversión de la venta. Decisión que es apoyada por el actual presidente del Consejo Directivo del IESS, Eduardo Peña y José Ortiz, presidente del gremio de jubilados Frente Único Nacional de Defensa del IESS.
Ortiz señala que es indispensable la reversión, ya que además de ser un bien patrimonial, lo que producía el hotel pagaba el incremento de las pensiones de los jubilados.
Pero ese no es el único contrato que tiene la empresa estatal china. CRBC además es contratista del Estado desde hace aproximadamente 10 años. Por ejemplo, en el 2014, Yachay invitó a CRBC para la construcción del edificio SENECYT valorando en más de 10 millones de dólares.
En el 2017, también firmó un contrato con el Ministerio de Transporte para la rehabilitación, rectificación y mejoramiento vial del proyecto Quinindé- Las Golondrinas, valorado en más de 60 millones de dólares.
Y los contratos no pararon ahí, en el 2016, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) suscribió un contrato con China Road And Bridge Corporation-CRBC para construcción del proyecto “Solución Vial Guayasamín”.
De junio a octubre del 2016, la EPMMOP entregó $3,5 millones de dólares, cuando decidió terminar unilateralmente el contrato con CRBC por varios incumplimientos, entre ellos el uso del anticipo. Por otro lado, en relación a la inversión de CRBC en el proyecto, hasta noviembre del 2016, debió justificar la inversión con recursos propios por más de $12 millones de dólares, pero no lo hizo. Este caso se fue a arbitraje internacional.
Red flag 2: en medio de un bosque diverso, tierras vírgenes y áreas ancestrales
Los planos demuestran que se ubicará en tierra virgen entre las comunidades de Juntas del Pacífico y Bajada de Chanduy.
Los comuneros denuncian que militares han invadido sus terrenos. Además, señalan que el espacio donde se pretende construir son tierras ancestrales y que la adjudicación de ese terreno por parte del Gobierno se realizó de manera ilegal.
Por su parte Fabricio Tamayo, gobernador de Santa Elena, indicó que las 37,8 hectáreas donde se construye la cárcel pertenecen actualmente al Gobierno. Según Tamayo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería las cedió al Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad (SNAI). El Gobierno, en cambio, indicó que las hectáreas se revirtieron al Estado por una hipoteca.
Donald Cabrera, representante de los comuneros de Bajada de Chanduy, y Abel Gallo, Biólogo Fundación Proyecto Sancha, alertaron sobre el impacto ambiental que tendría la construcción. El proyecto se encuentra en un bosque megadiverso de 435 hectáreas y está ubicado dentro de un área de conservación provincial. Además, señala Gallo, es un bosque con especies en peligro de extinción.
Red flag 3: Una cárcel sin accesos claros
Llegar al lugar donde se construye la Cárcel del Encuentro es una misión imposible. No hay carreteras adecuadas para acceder al terreno, tanto que ni siquiera el Presidente pudo llegar al sitio durante la ceremonia de inauguración y se la hizo en otro lugar a 40 minutos de distancia.
Las carreteras necesarias para llegar al terreno atraviesan tierras que los comuneros locales aseguran que les pertenecen. Han denunciado la invasión de sus terrenos por parte de militares y afirman que la adjudicación de esas tierras al Gobierno se realizó de manera ilegal.
Las comunidades de Juntas del Pacífico y Bajada de Chanduy insisten en que estas tierras son ancestrales y que cualquier proyecto en la zona debe contar con su consentimiento.
Esta falta de acceso y la disputa sobre la propiedad de las tierras subrayan las dificultades que enfrenta la construcción de la Cárcel del Encuentro. Sin caminos adecuados y con una fuerte oposición de las comunidades locales, el avance de la obra parece estar en un terreno tan complicado como las rutas que intentan abrir. (PERIODISMO DE INVESTIGACION LA FUENTE)
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