Quito (Pichincha), 05 de agosto de 2024.- Por unanimidad, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentenció a 26 años de pena privativa de libertad a Erick S., Mario C., Aurelio Ch. y Marcos V., como coautores del delito de desaparición forzada, descrito en el artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en concordancia con los artículos 188 y 189 del Código Penal (vigente a la fecha de los hechos).
El fallo condenatorio dictado por el Tribunal conformado por los jueces Felipe Córdova, Javier de la Cadena y Julio Inga también contempla el pago de una multa de 800 salarios básicos, el tratamiento psicológico para las víctimas indirectas y la reparación material.
Durante la audiencia de juzgamiento instalada en abril del año en curso, la Fiscalía General del Estado presentó 1 testimonio anticipado, 8 testigos, 5 peritos, 3 testigos expertos y 5 pruebas documentales con las que demostró que en noviembre de 2023, en una farmacia ubicada en la Alborada, en Guayaquil, se produjo la desaparición forzada de los ciudadanos Johnny G., César M. y Erwin V., a manos de una estructura para-policial.
Dicho grupo estuvo dirigido por el exmayor de Policía, Eduardo G., y conformado por varios miembros de la Policía Nacional en servicio activo y uno en servicio pasivo, quien actuó con la aquiescencia de todas las autoridades involucradas en este hecho.
La Fiscalía expresó que, para cometer el delito, los miembros de este grupo para-policial habrían planificado con antelación su intervención en el referido lugar. Por ello, se reunieron ese día desde las 05:00 en las instalaciones de la Policía Judicial de Guayaquil.
Posteriormente, procuraron estar presentes en las inmediaciones de la farmacia previo a que, se suscitara el robo y así tener garantizada la intervención en el control del interior y exterior del lugar.
Una vez que procedieron a privar de la libertad a las víctimas, desde su distribución de roles, emprendieron un sinnúmero de transgresiones de diversa índole. Primero, llevaron a las víctimas a un vehículo Nissan Pathfinder y posteriormente los trasladaron a las instalaciones de la Policía Judicial.
En dicho lugar, continuaron con las torturas, esta vez en contra de Jhonny G. y Erwin V., quienes, luego de haber sufrido agresiones físicas, fueron arrojados al estero salado.
Esta tarde, el Tribunal también ordenó que la Comandancia de la Policía Nacional reconozca públicamente la grave violación a los derechos humanos cometida el 19 de noviembre de 2003, cuando un grupo policial actuó al margen de la ley. Además, se solicitó que se pidan disculpas públicas a las víctimas por este hecho. El Tribunal dispuso también que se coloque una placa en memoria de las víctimas en la farmacia de la Alborada.
Asimismo, que la Comandancia cree una Unidad Especializada en Derechos Humanos, integrada por personal civil y policial, para la capacitación y supervisión de las actuaciones policiales. Además, dispuso que se publique la sentencia en la página web institucional y que se envíe por correo electrónico a todos los funcionarios de la institución. (FGE)
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