La Refinería Esmeraldas, RE, estaría en una condición de alto riesgo por la falta de mantenimiento, situación que afecta a los equipos y su funcionamieto. El impacto en la producción de Refinería Esmeraldas, debido exclusivamente a falla de equipos que han afectado a la operación de las unidades desde enero hasta septiembre del 2023 sería de USD 25’652.466. Esto, según un informe técnico del estado de la RE, firmado el entonces superitendente de la Refinería y que estuvo en conocimiento de las autoridades de Refinación de la EP-Petroecuador y su gerencia general.
Hasta aquí puede parecer que un informe de esa naturaleza sea el punto de partida de proceso de mantenimiento general, pero que en el fondo, de acuerdo a una alta fuente de Petroecuador, es el intento de grupos internos de la RE por controlar el flujo de repuestos. Por ello, el informe mencionado advierte que los procedimientos actuales de contratación demandan recursos en preparación de información que conllevan a un esfuerzo adicional, pero que no siempre garantiza la contratación de bienes y servicios esperados que se iniciaron con el afán de mantener la disponibilidad y continuidad operativa de Refinería Esmeraldas. Es decir, los trámites de contratación demoran el tiempo suficiente para afectar las operaciones de la RE. Y por eso, el informe pide que se declare en emergencia a la RE.
El informe cita el hecho de que Refinería Esmeraldas atraviesa “una etapa singular en su gestión operacional, ya que, al observar la matriz de valoración de criticidad de sus principales equipos, ponderan un alto riesgo“. Como ejemplo, el impacto en el incumplimiento del mantenimiento programado de la unidad No Catalíticas 1, habría ocasionado que el horno de vacío V-H01 pierda su seguridad funcional.
Se advierte que “la planificación de los mantenimientos programados de los procesos de refinación no ha sido exitosa, a pesar del esfuerzo del personal técnico y administrativo por llevar a cabo sus procesos de contratación, razón por la cual han sido postergados”.
La situación aparece como dramática. Según los técnicos existirían varias afectaciones graves a “la integridad mecánica y funcional en los equipos y sistemas de generación eléctrica, motobombas, sistema de contraincendios incluido sus componentes asociados, torres y equipos del sistema de enfriamiento (Y-ME3003A/B), el colapso de manholes, afectación severa de la integridad mecánica del horno V-H1, afectación de la integridad mecánica de los equipos de la sección cracking de la unidad FCC por la pérdida o desprendimiento del material refractario, sistemas de preparación de crudo carga y tanques que requieren tratamiento integral”. Estas condiciones representaría “grandes dificultades y riesgos para mantener la continuidad operativa de las plantas de la Refinería Esmeraldas”.
La pérdida de oportunidad de Refinería Esmeraldas en septiembre del presente año fue de USD 1’653.281,91. El impacto en la producción de Refinería Esmeraldas, debido exclusivamente a falla de equipos que han afectado a la operación de las unidades desde enero hasta septiembre es de USD 25’652.466,88
No es todo. El parque de generación eléctrica autónoma de Refinería Esmeraldas, dice el informe, se encuentra “deficiente en su capacidad de generación, quedando ligada la funcionalidad de la Refinería Esmeraldas en el suministro de energía eléctrica dependiente del Sistema Nacional Interconectado (SNI), lo que coloca en vulnerabilidad inminente el complejo de refinación. Se cuenta con un solo generador eléctrico que no abastecería la demanda requerida para iniciar un proceso de arranque de la unidad de Servicios Auxiliares; dependiendo en este momento completamente del SNI y la estabilidad de su Sistema de Distribución”.
Esta situación no es negada por las actuales autoridades, pero “no es tan apocalíptico como se lo presenta en ese informe”, que circuló antes de que el gobierno de Guillermo Lasso termine y se posesionen las nuevas autoridades. De hecho, el nombramiento del gerente general de la estatal petrolera tuvo una serie de contratiempos que causaron que la mayor empresa estatal del país no tuviera una cabeza en firme sino seis meses después de posesionerse el nuevo gobierno. Estos problemas tuvieron que ver sobre todo por la crisis en el ministerio de Energía, ya que la ministra Andrea Arrobo fue despedida del cargo por el presidente Noboa y señalada por el mandatario “de presuntamente haber ocultado información sobre la crisis energética del país, que ha vuelto a sufrir apagones de varias horas ante la imposibilidad de atender la demanda nacional de electricidad”. El presidente Noboa la denunció a ella públicamente de presunto sabotaje ante la Fiscalía General. Esto trastocó o pospuso los planes para el nombramiento definitivo del nuevo genrente de Petro, pues Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas fue encargado de la cartera de Energía.
Mantenimiento en la Refinería Esmeraldas 2021. Foto: Archivo Petroecuador
Mientras tanto, en Refinación de la estatal se aconsejaba, según el informe, que para mejorar el procedimiento de contratación de obras, bienes y servicios, se incremente “la vigencia del y/o los estudios de mercado a 90 días, con el propósito de asegurar la culminación de los procesos de contratación y lograr obtener la disponibilidad de bienes o servicios en Refinería Esmeraldas”.
El objetivo era “gestionar de manera urgente la intervención mecánica en los equipos críticos identificados como malos actores. Recuperar la disponibilidad del sistema de contraincendios y generación eléctrica que permitiría generar más de 20 MWh. para enfrentar la época de estiaje es de suma importancia para Refinería Esmeraldas y el país”. Esto en noviembre del 2023.
Se advertía que en el último trimestre del año 2023 se pronosticaban altos índices de precipitaciones por el fenómeno de “El Niño” en la región costa del Ecuador, y era “necesario gestionar el mantenimiento de canales y manholes de aguas lluvias de Refinería Esmeraldas, de tal forma de eliminar la posibilidad de inundaciones que afectarían la estabilidad y continuidad operativa de las plantas de Procesos”.
Por la “situación crítica” se recomendaba en el informe aplicar el Art. 57 en concordancia con lo establecido en el numeral 31 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con el propósito de gestionar el sustento jurídico correspondiente “para realizar las contrataciones de forma emergente de tal forma de poder contratar los servicios correspondientes para recuperar la integridad mecánica y funcionalidad en los equipos y sistemas de generación eléctrica, motobombas, sistema de contraincendios incluido sus componentes asociados, torres y equipos del sistema de enfriamiento; la recuperación del sistema de manholes, afectación severa de la integridad mecánica del horno V-H1, afectación de la integridad mecánica de los equipos de la sección cracking de la unidad FCC por la pérdida o desprendimiento del material refractario, sistemas de preparación de crudo carga y tanques de almacenamiento de derivados que requieren tratamiento integral.
La no atención a las recomendaciones antes mencionadas, se advertía “representan grandes dificultades y riesgos para mantener la continuidad operativa de las plantas de proceso de la Refinería Esmeraldas, con la consecuencia de generarse grandes pérdidas económicas para el Estado Ecuatoriano”.
El 11 de diciembre del 2023, ya en este gobierno, un nuevo oficio del gerente de Refinación insistía ante la gerencia general que “es estrictamente necesario gestionar la contratación emergente para recuperar la función operativa de los Sistemas de Generación Eléctrica Interna; Sistema de Torres de Agua de Enfriamiento; Sistema de la Red Contraincendios; Tratamiento de Aguas y Efluentes; Almacenamiento y Transferencia. Vale informar que, el no atender de manera oportuna la presente petición en caso de presentarse un evento no deseado de gran seriedad en las instalaciones, deja la alta probabilidad de causar ruinas en otras infraestructuras ocasionado un daño mayor generando pérdidas económicas diarias por arriba de los 50 millones de dólares. Por lo expuesto, y considerando que el tiempo previsto para intervenir y recuperar la función e integridad de los sistemas asociados al proceso de refinación de la Refinería Esmeraldas, supera los 60 días, razón por la que es necesario contar con la aprobación de la máxima autoridad para la declaratoria de emergencia bajo el sustento de los informes técnicos respectivos que se anexan al presente requerimiento”.
Pero, según altas fuentes de la empresa consultadas por este portal, la situación, que se presentaba incluso como devastadora para la economía del país, no eran tan crítica. Es más, se dijo, el petroleo se ha seguido refinando y no se han dado problemas en la provisión de combustibles. Para estas fuentes, estas peticiones representaban los intereses dea¡ un grupo de empresas contratistas que buscaban un cambio en la normativa legal (situacion de emergencia) para derivar externamente la compra de repuestos y reparaciones, en presunta complicidad con técnicos que, gracias a este tipo de informes, obtenían otros beneficios adicionales. La fuente no especificó cuáles. Es más, desde la estatal se puso en duda la existencia de este informe, pero Plan V pudo comprobar que el gerente de Refinación de ese entonces hizo llegar el informe al gerente general, y en el oficio de presentación mencionó que:
“el objetivo de éste documento es enfatizar el estado actual de los equipos y sistemas de la Refinería Esmeraldas, con el propósito de solicitar a usted como máxima autoridad, la búsqueda de una vía expedita en la parte legal, financiera y administrativa que permitan aplicar acciones eficaces en tiempo y recursos, de tal manera que logremos alcanzar la fiabilidad operacional de todos los equipos y sistemas de la refinería, asegurando la disminución del riesgo y la continuidad operativa de sus equipos, para la producción de derivados en calidad y cantidad que demanda el país.
“En virtud de lo expuesto, por medio del siguiente enlace, usted encontrará como adjunto el Informe Técnico Económico del estado actual de Refinería Esmeraldas; el cual determina que su situación es sumamente crítica ante el elevado riesgo funcional que atraviesa“.
La fuente de la estatal dijo a Plan V que este grupo de interés estaría detras de un sabotaje a una de las torres de refinación de la Refinería de Esmeraldas por lo cual, reveló, hay una denuncia penal en la Fiscalía. No reveló más detalles de la denuncia porque lo calificó de “reservada”.
Un cuento de nunca acabar
En enero del 2024 se emitieron varios informes periodísticos sobre la “situación crítica” de la Refinería Esmeraldas. En estos se mantenía que solo producía la mitad de los 110.000 barriles de capacidad de refinación de crudo.
Se citaba como fuente a “los trabajadores de la refinería” para afirmar que las tuberías del sistema contra incendios estaban corroídas, llenas de parches y fugas. Que de las dos torres de enfriamiento solo una estaba en funcionamiento, pero esta tenía un “riesgo de derrumbe, con evidentes cuarteaduras y desprendimientos de hormigón”.
Además, se afirmaba que el horno de vacío de la refinería “presenta un riesgo de colapso estructural. Las tuberías oxidadas y rotas soportan altas temperaturas y presión, lo que representa una amenaza para la seguridad y la eficiencia de la refinería”. Petroecuador no respondió a esos informes, pero la RE siguió en funcionamiento.
La RE fue intervenida integramente durante el gobierno de Rafael Correa. Un examen de la Contraloría del 2019 —en el cual se analizaron las operaciones efectuadas desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2018— determinó un costo superior a los USD 2000 millones sin que se hayan cumplido los objetivos técnicos en relación a tres aspectos: la eficiencia en el uso de los recursos, la operatividad de las unidades luego de la intervención y las condiciones ambientales.
Inspección de mantenimiento en el 2019. Para su funcionamiento adecuado, UOP emitió 24 recomendaciones que a ser implementadas, una vez que termiran las inspecciones.
En 2006, dijo la Contraloría, Petroecuador estableció el costo de la intervención en USD 127’053.207,17. Sin embargo, hasta 2018 se había desembolsado USD 2.304’967.343 y el complejo no funciona a toda capacidad. “Esto ocurrió porque no se definió el alcance técnico integral, sustentado en ingenierías definitivas, previo a la contratación del proyecto”, dijo el organismo de control.
Ocurrió, según el organismo de control, que en el camino de esa reparación integral “se efectuaron otras obras, que modificaron las estructuras existentes y requirieron nuevos trabajos que se complementaron a medida que aparecían los requerimientos. Así, el costo de la inversión se incrementó en 1.714 %, con respecto al costo inicial.
Los cambios en el programa de rehabilitación se efectuaron a través de la suscripción de contratos complementarios por USD 836’879.460. La fiscalizadora del proyecto, la estadounidense WorleyParsons, en su informe final, argumentó que el costo se elevó debido a que no se contó con planes de ingeniería integral desarrollados, causando que durante la ejecución se deban contratar nuevos trabajos que no estaban previstos.
Por ejemplo, a pesar del alcance técnico que tenía el cambio de la unidad de FCC, no se calculó el impacto que tendría sobre otras unidades, como la planta concentradora de gases (GASCON), planta Merox y Aminas, aguas amargas y unidades de no catalíticas I y II. En estos elementos fue necesario realizar ingenierías complementarias debido al incremento de capacidad de FCC, dijo la Contraloría.
“Otros sistemas afectados por la falta de estudios completos y definitivos fueron el eléctrico y de distribución eléctrica. La repotenciación elevó las exigencias del proceso refinador. Para solventarlas, se realizaron trabajos parciales conforme aparecían los imprevistos, pero fueron insuficientes ante el incremento de la demanda, según el informe.
“Las operaciones se consumaron a través de la suscripción de contratos complementarios, órdenes de trabajo adicionales por incremento de cantidades y creación de rubros nuevos y mediante convenios de pago. Así se canalizaron recursos adicionales a los establecidos en los contratos principales, para los programas de rehabilitación y sostenimiento por USD 836’879.460.
“En 13 contratos del programa de repotenciación los costos se incrementaron en USD 325’918.689, que representa el 1.472 %. En cambio, 15 contratos del programa de sostenimiento presentaron incrementos significativos por USD 510’960.770. Los administradores de Petroecuador utilizaron de forma recurrente la figura de régimen especial por giro específico de negocio, pero la documentación, dijo la Contraloría, no contiene argumentos suficientes que justifiquen la aplicación de esa modalidad en el 66 % de las adjudicaciones.
“De esta manera, se seleccionaron y adjudicaron directamente recursos por USD 1.517’406.542 sin argumentar la evasión del régimen común de contratación. Se vulneraron los principios de igualdad y transparencia, primordiales en la administración pública y no se precauteló el interés del Estado, pues los contratistas no garantizaron la calidad de los trabajos, ni sus ofertas representaron las mejores condiciones económicas. Solo en el 5 % de las contrataciones se llamó a licitación.
“La escasa competitividad técnica y económica de los procesos de contratación, a excepción de los celebrados con los fabricantes o licenciantes, promovió sobrecostos y que el 41 % de las contrataciones no concluyan. A la fecha de corte del examen (31 de diciembre de 2018) se encuentraban en proceso de terminación por incumplimientos contractuales, aun en ejecución o suspendidos. De esta manera, USD 946’649.378 no cumplieron el objetivo para el cual fueron asignados.
“El manejo ineficiente y la ausencia de rendición de cuentas caracterizaron la repotenciación del complejo petroquímico. Hasta finales de 2018 Petroecuador no tenía constancia del costo total del programa”.
La auditoría de la Contraloría señaló que, de 2015 a 2017, los gerentes generales de Petroecuador y de Refinación no revelaron en los informes anuales de gestión el precio de los proyectos del programa de sostenimiento, valorados en USD 1’100.095.567 y que fueron parte de los trabajos complementarios del proyecto de rehabilitación.
“En este contexto, las intenciones de recuperar la integridad mecánica y continuidad operativa al 100 no se cumplieron. Entre 2016 y 2018 la refinería no trabajó de forma continua y sostenida y los indicadores mostraron una tendencia a la declinación operativa, que en 2018 llegó al 88 %.
“La empresa pública Petroecuador no aplicó un proceso de gestión de la calidad para proyectos, que evalúe las implementaciones y el cumplimiento de los objetivos, identificando y registrando las causas que impidieron alcanzar las metas.
“Si bien, en 2016 las unidades intervenidas elevaron su eficiencia hasta en 47 %, la mejora no mantuvo una operación permanente. En la fecha del examen de auditoría, la refinería presenta indicadores operativos poco estables y en algunos casos se sitúan en los niveles previos a la repotenciación”.
En el actual gobierno está en análisis una nueva reportenciación, que según fuentes extraoficiales vinculadas a la estatal petrolera, podría superar los USD 1200 millones. (PLAN V)
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