TCE funciona con dos presidentes

Los dos jueces que aseguran ser presidentes del TCE se encuentran en funciones y ninguno quiere dejar el cargo.

La pugna por liderar el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha llevado a que el organismo cuente al momento con dos presidentes, el uno es Fernando Muñoz, posesionado en 2022 y a quien le resta un año en funciones; y la otra es Ivonne Coloma, quien junto con dos jueces logró que se le nombre presidenta desde el lunes 12 de julio.

Este 13 de agosto del 2024 la situación pasó a mayores, tras la sesión del pleno llegaron a la institución policías que respondieron a un llamado al ECU 911 en el que se había denunciado la existencia de agresiones físicas entre los jueces del TCE.

Los uniformados fueron recibidos por Muñoz, quien siguió despachando desde la oficina de Presidencia, mientras, los jueces Ángel Torres, Ivonne Coloma y Guillermo Ortega, cinco pisos más abajo, concluyeron un pleno presidido por Coloma y con Torres como vicepresidente.

Muñoz denunció ante la Fiscalía General del Estado a sus compañeros, por el delito de arrogación de funciones y no descarta la presentación de recursos en otras instancias, incluso internacionales, por lo que él califica como una vulneración de sus derechos.

Lo acusan de falta de gestión

Por su parte los jueces Torres, Coloma y Ortega informaron que la decisión de destituir a Muñoz la tomaron ante su incumplimiento de funciones, pues lo acusaron de retrasos en la tramitación de procesos e incluso de la demora en la obtención de recursos económicos para el próximo proceso electoral del 2025.

“A partir del 1 de septiembre (2024) no hay recursos para contratar al personal, justo cuando las causas contenciosas electorales serán más álgidas (…) esa fue la razón fundamental por la que fue necesaria la remoción del expresidente del Tribunal”, afirmó el juez Torres.

Por su parte, Muñoz negó las acusaciones de sus compañeros, afirmó que los recursos fueron solicitados al Ministerio de Economía y Finanzas y si no han llegado es porque el Gobierno tiene retrasos con todas las instancias del Estado, no solo con el TCE.

Pero según Coloma, no solo faltan recursos para atender el proceso electoral en marcha, denunció que los vehículos que posee la institución ni siquiera cuentan con combustible y los funcionarios no tienen acceso a pasajes para tratar causas en otras provincias.

Sustento para la destitución

Para destituir a Muñoz, los tres jueces se basaron en el Código Orgánico Administrativo (COA), que rige para todas las instituciones públicas, sin embargo, para el constitucionalista José Chalco, esta normativa no se aplica en este caso, pues el TCE no es un órgano administrativo, sino que es una corte electoral.

«No existe disposición normativa para remover a un presidente del Tribunal Contencioso Electoral, que es órgano jurisdiccional, administra justicia, es una corte de justicia electoral, no un órgano administrativo», recalcó el experto sobre esta situación que ha dejado al TCE con dos presidentes.

Muñoz recalcó que las únicas entidades que pueden removerlo de la presidencia del TCE son la Asamblea Nacional y la Contraloría General del Estado, si es que se le comprueba un incumplimiento de funciones o el cometimiento de una irregularidad.

En pugna por las causas

Para Fernando Muñoz su intento de remoción, pues asegura que sigue en el cargo, tuvo como objetivo el alejarlo del tratamiento de las últimas causas electorales que ingresaron al TCE, entre estas la denuncia de la vicepresidenta Verónica Abad en contra del presidente Daniel Noboa, a quien acusa por violencia política de género.  

Pero según Ivonne Coloma, fue Muñoz quien, pese a que la causa de Abad contra Noboa fue ingresada el jueves 8 de agosto del 2024, hasta el lunes 12 de agosto, cuatro días después, no había ordenado su sorteo para que un juez la sustente, retrasando su tratamiento.

“Esto no es una simple remoción, es un cambio de gestión, queremos que la institución salga adelante y que responda a los desafíos y necesidades”, recalcó Coloma, quien negó cualquier vinculación política o interés personal, de lo que Muñoz la acusó. (ANDREA SALAZAR – DIARIO EL MERCURIO)

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