a Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional (AN) aprobó este jueves 30 de abril el inicio de un proceso de fiscalización y control político. Esto ante el hallazgo de una presunta estructura organizada de corrupción en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP).
La investigación surge tras revelarse irregularidades en el sistema de facturación que habrían operado por más de diez años, generando un perjuicio económico al Estado ecuatoriano estimado en 300 millones de dólares. El operativo que detonó esta acción legislativa ocurrió el pasado martes 28 de abril de 2026, cuando las autoridades judiciales ejecutaron allanamientos en las oficinas de CNEL.
CNEL en medio ddel “ojo del huracán”
Según informes del Gobierno Nacional, la red involucraría a unos 50 trabajadores públicos, quienes presuntamente manipularon los sistemas de cobro para favorecer de forma irregular a empresas y hogares específicos. Las anomalías se concentran en las unidades de negocio de Guayaquil, Guayas-Los Ríos, Santa Elena, Manabí y Sucumbíos.
En el marco de sus atribuciones, la mesa legislativa emprenderá tres ejes de acción inmediata: el requerimiento de documentación técnica y administrativa a las carteras de Estado pertinentes, la convocatoria a comparecencias de las autoridades vinculadas al sector eléctrico y la ejecución de una investigación técnica para determinar el alcance de las infracciones.
El perjuicio detectado es significativo, pues los 300 millones de dólares representan el 21% de la facturación total generada por las 11 unidades de negocio de la corporación durante el año 2025. CNEL EP es la empresa eléctrica más grande del país y brinda servicio a 2,7 millones de usuarios.
Expansión del sistema eléctrico nacional
No obstante, su gestión ha estado marcada por controversias durante los últimos 13 años, incluyendo cuestionamientos a su contrato colectivo y denuncias contra sindicalistas por presunto manejo irregular de fondos. Los hallazgos actuales sugieren una estructura arraigada que ha comprometido los recursos públicos destinados al mantenimiento y expansión del sistema eléctrico nacional.
Dada la relevancia pública del caso y el impacto directo en las planillas de los ciudadanos, la Comisión de Desarrollo Económico ratificó su compromiso de ejercer un control político riguroso. El objetivo es esclarecer la responsabilidad de los funcionarios implicados y proponer reformas que eviten la manipulación de los sistemas de recaudación en las empresas públicas estratégicas de Ecuador.
Se espera que en los próximos días se establezca el cronograma de comparecencias para las autoridades de CNEL y del Ministerio de Energía y Minas.
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