La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló un plazo hasta el 7 de julio de 2023 para que el gobierno de Nicaragua informe sobre la situación de monseñor Rolando José Álvarez Lagos y demandó su excarcelación.
CIUDAD DE GUATEMALA —
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, ordenó este jueves al Estado de Nicaragua excarcelar al obispo Rolando José Álvarez Lagos, crítico del presidente Daniel Ortega y condenado a 26 años de prisión, tras negarse a abandonar el país.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha notificado el día de hoy al Estado de Nicaragua la Resolución de Medidas Provisionales adoptada en favor de Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, Obispo de Matagalpa, en la que ordenó su liberación inmediata”, indica el texto de la Corte IDH.
Álvarez fue condenado a 26 años de cárcel en febrero, y despojado de su nacionalidad por los supuestos delitos de traición a la patria, obstrucción de funciones, agravada desobediencia en perjuicio de la sociedad nicaragüense y difusión de noticias falsas.
La resolución encontró que, con la detención de Monseñor Álvarez Lagos, se configuran una serie de factores de riesgo que imponen la adopción de Medidas Provisionales.
“Se encuentra en una situación de gravedad”, agregó la resolución, indicando que podría tener “daños irreparables a su vida, salud e integridad personal”.
El religioso se encuentra en la cárcel conocida como La Modelo, en Managua, y desde entonces solo una vez ha podido ser visto públicamente desde febrero.
La Corte IDH afirma que su condición y las medidas adoptadas por la justicia nicaragüense “colocan” al Obispo de Matagalpa “en una situación de extrema vulnerabilidad”.
Además de requerir al Estado de Nicaragua para que de forma inmediata proceda a la liberación del monseñor Rolando José Álvarez Lagos, la Corte IDH exige la “adopción de medidas para proteger eficazmente su vida, salud e integridad personal”
El organismo exige que mientras ocurren los trámites administrativos necesarios para la liberación inmediata, el gobierno de Nicaragua deberá proceder “a garantizar un trato digno mediante el acceso inmediato a servicios de salud, medicamentos y alimentación adecuada, así como a facilitar su contacto con familiares y abogados”.
El texto indica además que “esta orden no podrá ser utilizada para retrasar la liberación del beneficiario”.
El Tribunal otorgó un plazo hasta el 7 de julio de 2023 para que el Estado de Nicaragua le informe sobre la situación del obispo condenado a una larga pena de prisión.
Fuente: Voz de América
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