QUITO.- El secretario judicial Christian Gabriel S. C. y el policía Hector David P. F. se suman a la lista de procesados dentro del caso Metástasis que piden acogerse al procedimiento abreviado, es decir, reconocer su responsabilidad y participación en el delito de delincuencia organizada investigado. Los primeros en plantear la posibilidad fueron los policías en servicio activo Neycer Lanin M. y Gabriel Genaro G., también parte de una lista de 52 procesados penalmente en Metástasis.
Los pedidos fueron planteados por el abogado defensor de los procesados al juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Felipe Córdova. De igual forma, Christian Gabriel S. C. y Héctor David P. F. desistieron de la revisión de medidas cautelares que solicitaron. A ambos se le definió el 15 de diciembre pasado, que arrancó la instrucción fiscal del caso, prisión preventiva.
El artículo 635 del COIP señala que el procedimiento abreviado, el cual es un procedimiento especial, deberá sustanciarse de conformidad con reglas como: las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de hasta diez años, son susceptibles de procedimiento abreviado, excepto en delitos de secuestro, contra la integridad sexual y reproductiva, extorsión, en caso del delito de violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar, actividades ilícitas de recursos mineros, abigeato con violencia, financiación del terrorismo y delitos cometidos como parte del accionar u operatividad de la delincuencia organizada.
Además la propuesta del fiscal podrá presentarse desde la audiencia de formulación de cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. La persona procesada deberá consentir expresamente tanto la aplicación de este procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye. El defensor acreditará que la persona procesada haya prestado su consentimiento libremente, sin violación a sus derechos constitucionales y en ningún caso la pena por aplicar podrá ser superior o más grave a la sugerida por la o el fiscal.
Los cuatro procesados que buscan beneficiarse de una reducción en su pena fueron parte del primer grupo de 31 personas al que la Fiscalía formuló cargos por ser parte de una red liderada por el narcotraficante Leandro Norero para obtener fallos judiciales, beneficios penitenciarios e información privilegiada de miembros de la Policía y la Fiscalía en casos que tenían que ver con Norero, sus familiares o cercanos a la organización narcodelictiva manejada por alias el Patrón.
En la primera vinculación se incorporó como sospechosos a ocho personas más, mientras que en la segunda vinculación, dada el 15 de marzo, se incorporó a la instrucción fiscal trece personas más, entre ellas el exasambleísta de la Revolución Ciudadana Ronny Aleaga, y la exfiscal provincial del Guayas Yanina V.
PROCEDIMIENTO ABREVIADO
Cristian Gabriel S. C., alias CR7, secretario judicial del entonces juez Ronald G., también procesado en Metástasis. El rol del procesado giraba, según Fiscalía, en torno a viabilizar las decisiones de su superior jerárquico que ya se encontraban condicionadas bajo la recepción o promesa de pagos económicos. A su cargo se encontraba la coordinación y preparación de arraigos conjuntamente con el abogado Javier N., alias Novi o Novita, de cara a la audiencia de revisión de medidas de los procesados en el caso de lavado de activos en el que era procesado el narcotraficante Leandro Norero y su familia.
Se cree que inclusive llegó a tener contacto directo vía telefónica con Norero, quien desde el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, en Latacunga, le daba instrucciones respecto a cómo debía proceder en el cierre de la instrucción fiscal.
Héctor David P. F., agente investigador de la DILA (Dirección de Investigación de Lavado de Activos), oficial que estaba encargado del proceso de lavado de activos en contra de Leandro Norero y su familia. Se lo vincula con el haber planificado la manipulación de elementos de convicción conjuntamente con Helive A., alias Estimado. Aparentemente dicha participación estaba enfocada en la impunidad que pretendía la organización criminal, pues incluso llegó a modificar y manipular el informe policial integrado que fue presentado en el caso de lavado de activos.
Un punto principal en este caso es que el informe referido no habría sido puesto primero en conocimiento de la fiscal que llevaba la causa, sino fue puesto primero en conocimiento de Leandro Norero para que haga correcciones, enmiendas y solamente cuando les hayan pagado y hecho las correcciones lo presentaron en la Fiscalía. (DIARIO CORREO)
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