Quito (Pichincha), 04 de abril de 2024.- Con base en el dictamen acusatorio presentado por la Fiscalía General del Estado, el Juez que conoció la causa dictó auto de llamamiento a juicio para Marco R., Orlando R. y César R. –quienes pertenecen a un mismo núcleo familiar– y la empresa Llakirurak Global Investment S. A. por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
Los tres involucrados (dos están con prisión preventiva y uno con medidas alternativas por ser adulto mayor) fueron aprehendidos la madrugada del 30 de agosto de 2023, durante un operativo ejecutado en el marco de una investigación derivada de una causa por captación ilegal de dinero.
En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la Fiscal del caso señaló que, en 2020, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros emitió un comunicado mediante el cual se alertaba a la ciudadanía respecto a que Llakirurak no contaba con la autorización para su funcionamiento.
Añadió que en 2022, la Institución recibió un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) sobre la presunta comisión del delito, por lo que se inició una investigación en la Unidad Antilavado de Activos.
Luego del análisis de dicha información, se encontraron indicios que daban cuenta de que –entre 2017 y 2022– los procesados –de forma directa y por medio de la empresa Llakirurak– habrían simulado que sus activos provenían de actividades lícitas, a través de la adquisición de bienes muebles e inmuebles, por un valor aproximado de 1’534.830,22 dólares, con el objetivo de ingresarlos en el Sistema Financiero Nacional.
Según la investigación, los llamados a juicio se habrían beneficiado de –aproximadamente–2’318.736,90 dólares por medio de captación ilegal de dinero, delito por el que Fiscalía mantiene abierta otra investigación.
Marco R., Orlando R., César R. habrían efectuado actividades de intermediación financiera y servicios de inversión, como pólizas con un supuesto rendimiento del 70% semestral, 180% anual, 400% bianual o 700% trianual.
Esta captación ilegal era ofertada a través de plataformas digitales, redes sociales y eventos públicos, en los que se exponía que Marco R. era copropietario de una empresa internacional denominada Emporio Global (empresa ficticia) y de la empresa nacional Llakirurak Global Investment, lo que servía como una aparente garantía de legalidad.
En el desarrollo de la audiencia, Fiscalía también presentó el anuncio de su prueba, que incluye: la versión de los agentes aprehensores, el oficio reservado de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que refiere un análisis de información societaria, financiera y económica; entre otros elementos.
Información jurídica
Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que contempla una pena de hasta 13 años de privación de libertad. (FGE)
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