En ocho años, la Contraloría ha emitido al menos 6 informes que sustentan la investigación por el caso Reconstrucción de Manabí. En enero de este año, se formuló cargos por presunto peculado contra Carlos Bernal y Jorge Glas, -este ultimo recluido en la carcel la roca
La reconstrucción de Manabí, tras el terremoto de 7.8 grados del 16 de abril de 2016, ha estado marcada por la corrupción.
Fueron USD 3 344 millones que se presupuestaron en aquel año de devastación para restaurar a la provincia, la mitad generado por la Ley de Solidaridad que impulsó el gobierno de Rafael Correa y con la que recaudaron USD 1.614 millones.
Con esa normativa hubo aumento del IVA al 14 % hasta finales de mayo del 2017, la contribución de un día de sueldo hasta por 6 meses para quienes ganaban más de mil dólares, el pago único del 3% sobre las utilidades, y el impuesto del 0.9% al patrimonio que supere el millón de dólares.
Esos recursos fueron a parar a la administración del Comité de la Reconstrucción, con Carlos Bernal a la cabeza y como delegado del ejecutivo, el vicepresidente de ese entonces, Jorge Glas.
Dos años después, en abril de 2018, cuando ya estaba en el gobierno Lenín Moreno, se hizo público un informe de la Contraloría sobre la auditoría a las demoliciones contratadas por el Ministerio de Transporte, cuyo subsecretario era Franklin Bernal, padre de Carlos Bernal.
Según la Contraloría, hubo falta de sustento en las planillas de pagos por horas complementarias, por casi USD 30 millones. Era solo el inicio de las anomalías detectadas.
En mayo de 2019, la Fiscalía recibió un informe de la Contraloría sobre los contratos para la construcción del Parque Las Vegas, en Portoviejo, y la vía Manta- Colisa, cuya aprobación consta en el acta del Comité de Reconstrucción de 22 de mayo de 2017, dos días antes de que Correa terminara su mandato. Fue un paquete de 600 contratos por cerca de USD 2 900 millones en un solo día.
En 2020, saltaron más auditorías que revelaron corrupción en la construcción del Hospital de Pedernales, que se suponía estaría listo en ese año.
Entre esto, el informe de Contraloría detalló indicios de responsabilidad penal. porque el contratista, Consorcio Pedernales-Manabí, había recibido USD 8 millones como anticipo y luego retiró el 90 %, sin que se realizaran avances.
Finalmente se descubrió que ese dinero fue distribuido entre una red de corrupción que tenía como cabecilla al exasambleísta Daniel Mendoza.
Recién en 2023, ese hospital se inauguró por el gobierno de Guillermo Lasso, quien también terminó los hospitales de Chone, Bahía y Manta; afectados por el terremoto.
Las irregularidades no terminaron, en 2021 el plan de reconstrucción integral de las zonas afectadas por el terremoto (Priza), que era manejado por la Corporación Nacional de Electricidad(CNEL), tuvo dos observaciones: en cada una hubo pagos injustificados por hasta un USD 1 500 000 en obras de Portoviejo, San Vicente y Bahía de Caráquez.
En ocho años, la Contraloría ha emitido al menos seis informes que sustentan la investigación por el caso Reconstrucción de Manabí, y por el que en enero de este año, se formuló cargos por presunto peculado contra Carlos Bernal y Jorge Glas, este último recluido en la cárcel La Roca. (ECUAVISA)
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