Ricardo (nombre protegido) buscó justicia durante 21 años y murió sin encontrarla. Denunció que fue víctima de abuso sexual sistemático por parte de F.G.C., religioso.
Tenía 15 años y era uno de los chicos que recibían asistencia en el centro juvenil de una congregación católica enfocada en niños y adolescentes en situación de calle en Quito. Las agresiones sexuales se habrían perpetrado aproximadamente durante seis meses.
Estos detalles se conocieron por un expediente que Ricardo recopiló por años. Un día antes de morir, Ricardo envío un correo a su esposa con documentos escaneados, correos y mensajes de WhatApp, donde constaba información sobre el abuso sexual que vivió cuando era un adolescente.
Sybel Martínez, representante legal de la familia de Ricardo, contó a Teleamazonas.com que en ese expediente consta que al menos once vicarios de alta jerarquía eclesial, tanto de Ecuador como del Vaticano, conocieron esta denuncia de abuso sexual.
Un día después de enviar ese correo a su esposa, Ricardo se quitó la vida en las instalaciones de la Asamblea Nacional, en Quito. Esto ocurrió el 5 de marzo del 2024.
En esa ocasión, la Asamblea dijo que personal legislativo encontró un cuerpo sin vida colgando en una de las vigas de la terraza. Ricardo era un exservidor de esa institución por eso pudo acceder al edificio.
Inicialmente se creyó, que él estuvo allí en busca de trabajo, pues fue visto con una carpeta solicitando ser escuchado. Pero, con la información que obtuvo la esposa de la víctima se conoció que buscaba justicia.
¿Cómo se perpetraron los abusos?
Ricardo tenía 13 años y medio cuando ingresó al centro juvenil religioso, en agosto de 1985. Antes de eso, el menor vivió un año en la calle y dos meses en un albergue temporal.
Durante el primer semestre, él experimentó una violencia entre los internos. «Ni la seguridad de tener comida todos los días ni una cama para dormir justificaban tanta agresión dentro del grupo», mencionó Ricardo, en el expediente.
Según Martínez, después de un año, Ricardo se adaptó a la dinámica de ese centro y comenzó una carrera de carpintería. Se destacó en sus estudios y era elegido para hablar en público sobre los beneficios del programa de educación e inserción social. Durante la época en la que él permaneció en ese lugar, había entre 80 y 125 niños y adolescentes de 6 a 18 años.
En 1987, cuando Ricardo tenía 15 años, comenzaron los abusos. Según los recuerdos de Ricardo, todo empezó en una enfermería del edificio central. Allí, F.G.C., de 32 años, se acercó y comenzó a tocar su cuerpo.
«Entró a la enfermería y empezó a acariciarme las piernas, en principio yo lo entendí como un juego puesto que él era muy ‘juguetón’ con todos los internos, pero luego empezó a acariciarme los genitales”. Esta narración la hizo Ricardo en el 2018 cuando hizo una declaración ante el denominado Tribunal Diocesano.
Esa instancia estaba conformada por el investigador delegado Presbítero Luis Miguel Aldaz y el notario Roque Gavilanes. Ellos estuvieron a cargo de lo que la Iglesia denominada ‘investigación previa‘ por la denuncia de Ricardo.
Lo ocurrido en la enfermería se repitió. F.G.C. invitó a Ricardo a su habitación. Ahí le dio un libro y mientras Ricardo lo ojeaba, sentado al filo de la cama, el laico religioso abusó sexualmente de él.
Según Martínez, ese mecanismo para abusar de él se convirtió en un ritual diario, donde Ricardo era recompensado con comida extra y exoneraciones de trabajos, de castigos o de tareas forzadas. Después de seis meses, Ricardo abandonó el centro y prefirió volver a las calles. «Él prefirió salir a las calles, porque el abuso es tremendo. Lo ocurrido a él le marca su vida», señaló la representante legal.
Las denuncias de Ricardo y la búsqueda de justicia
Ricardo tardó 16 años en denunciar estos abusos sistemáticos. Su primer intento fue una carta al Inspector de la comunidad religiosa, en abril del 2003. En cinco hojas narró todo lo que vivió en su estancia en el centro.
La respuesta del Inspector llegó a través de una llamada telefónica. Él le dijo a Ricardo que F.G.C. ya no pertenecía a la comunidad religiosa y también le dijo que no era sacerdote sino un laico religioso.
Ocho meses después de esa primera denuncia, F.G.C. se ordenó como sacerdote en otra congregación religiosa. De hecho, según Martínez, hasta la actualidad es párroco en Santa Cruz, en las Islas Galápagos.
Pese a la respuesta que recibió en 2003, Ricardo continuó con sus denuncias, incluyendo una carta abierta en 2006 a la congregación religiosa y un correo en 2018 a la Conferencia Episcopal, donde solicitó una audiencia personal por “abuso sexual a menor de edad”.
Ricardo mantuvo una reunión con monseñor Patricio Bonilla, obispo Vicario de Galápagos, y el padre Teófilo León, vicario de Misión. Ellos le solicitaron a rehacer la denuncia y ponerla en conocimiento de la máxima autoridad de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Ricardo entregó la denuncia el 15 de junio del 2018, y en ella solicitó que “se realice la investigación que determine las responsabilidades, sanciones necesarias del abuso sexual denunciado”.
El 8 de noviembre del 2018, monseñor Patricio Bonilla eleva a consulta el caso a monseñor Fernando Filone, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos de la ciudad del Vaticano. Allí le da a conocer que tras mantener una conversación personal con F.G.C., él reconoció su culpa.
En 2019, el Vicariato de Galápagos impuso una pena canónica de un año de suspensión. Durante ese tiempo, F.G.C. no podía celebrar misa, impartir la palabra de Dios y escuchar confesiones en Galápagos. Sin embargo, esta sanción no fue comunicada a Ricardo hasta 2024.
Sybel Martínez considera que la sanción impuesta no estableció ningún mecanismo de reparación a la víctima. Además, actualmente, F.G.C. sigue ejerciendo como clérigo.
Además, en su búsqueda de justicia, Ricardo habló con más compañeros del centro religioso. Al menos dos de ellos le confesaron que también fueron víctimas de abuso sexual por parte de F.G.C., pero que nunca denunciaron. (TELEAMAZONAS)
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