Quito (Pichincha).- Con base en más de treinta elementos de convicción, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Pablo C., excontralor del Estado, y Luis M., exdirector de Responsabilidades de la Contraloría General del Estado, por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de influencias.
En su intervención, la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, señaló que el 10 de septiembre de 2018, la Contraloría General del Estado emitió un informe de examen especial por una adenda para la asignación de una frecuencia adicional otorgada por el Estado, en favor de la Compañía CONECEL.
En dicho informe se determinó una responsabilidad civil culposa (glosa) por 111’906.514 dólares, debido a que el costo de las bandas adicionales entregadas a la referida empresa debió ser de 291’900.000 dólares y no de 180’000.000 dólares, monto que fue aprobado por las autoridades del Ministerio de Telecomunicaciones y la Agencia de Regulación y Control (Arcotel).
Tras esta decisión, la operadora CONECEL introdujo unos supuestos estudios en los que se incluían informes elaborados por tres consultoras contratadas, con base en los que Pablo C. ordenó el desvanecimiento de dicha glosa, a través del funcionario Luis M., quien canalizó los ejercicios de influencia hacia sus subalternos.
La Fiscal General agregó que uno de estos subalternos fue el analista a cargo del expediente, quien se habría negado a desvanecer esta responsabilidad civil, por lo que habría mantenido una reunión personal con Pablo C. para exponerle la ilegalidad que representaría la eliminación de esta glosa. Sin embargo, el Contralor hizo caso omiso a este criterio, afirmando que la determinación de responsabilidad en contra de CONECEL habría sido fruto “de un exceso de sus equipos auditores”, lo que demostraría el conocimiento y voluntad del procesado, respecto a estos hechos.
Más tarde, el mencionado funcionario fue trasladado a otra unidad y luego desvinculado de la Contraloría General del Estado.
Entre los elementos de convicción presentados en la audiencia de formulación de cargos, constan versiones, oficios, memorandos y el expediente de glosa que concluyó con la resolución con la que se resolvió su desvanecimiento a favor de CONECEL.
Además, se presentaron informes periciales practicados a publicaciones de la empresa telefónica, al teléfono celular de Pablo C., de extracción y materialización de los correos electrónicos de los investigados, un informe pericial de derecho administrativo, entre otros.
Al final de la diligencia, el juez Marco Vinicio Rodríguez acogió el pedido de Fiscalía y dictó arresto domiciliario (por ser adulto mayor) para el excontralor Pablo C. y prisión preventiva para Luis M.
Para el efecto, ofició a las instituciones pertinentes para la localización y captura del aún funcionario de Contraloría (Luis M.).
Además, ordenó la retención de cuentas y prohibición de enajenar bienes por 50.000 dólares.
La instrucción fiscal durará noventa días.
Información jurídica
El delito de tráfico de influencias, tipificado en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), es sancionado con pena privativa de libertad de tres a seis años. (FGE)
About The Author
Mas noticias
Dos hermanas fueron detenidas al intentar ingresar al Ecuador con más de USD 2 millones
34 años de prisión por robo con resultado de muerte
Fiscalía formula cargos por presunto tráfico de drogas a gran escala