El abuso de recursos jurídicos y el escaso control del Estado, favorecieron a Carlos Flores. Su familia operó dentro de la cárcel a través de una fundación y él consiguió salir sin cumplir la sentencia. Hoy esos mismos familiares buscan extinguir la pena argumentando su supuesta muerte.
Carlos Flores Santander debía estar preso 34 años y ocho meses de prisión por el femicidio de Cristina Palacio Salamea, pero recuperó su libertad el 2 de marzo de 2023, apenas seis años después de ser sentenciado, gracias a un recurso judicial muy popular en Ecuador: el habeas corpus.
Dos meses después de salir, su familia registró su muerte en un accidente de tránsito en Venezuela y emprendió jugadas judiciales que aún levantan sospechas.
Cristina tenía apenas 29 años cuando fue asesinada por Flores, el 28 de marzo de 2017. Ella había salido de su oficina en el Ministerio de Industrias y Producción, en Cuenca, cuando desapareció. Siete años después de ese crimen, y aunque la sentencia quedó en firme, cada recurso jurídico que beneficia al femicida es una bofetada para su familia.
Por ejemplo, hubo cuatro traslados que impidieron que Flores cumpliera el castigo en la prisión asignada, la cárcel de Turi: el 26 de febrero de 2020 fue enviado a la cárcel de Loja, el 16 de agosto de 2020 lo trasladaron a la prisión de Azogues para “recibir atención médica especializada”; el 29 agosto de 2020 fue a Santo Domingo de los Tsáchilas y, finalmente, fue devuelto a Azogues el 31 de octubre de 2020.
Antes de los traslados, del proceso de habeas corpus para evitar que lo saquen de la cárcel de Azogues y del recurso judicial que terminó por darle su libertad, se creó la Fundación Ama Nacer, una organización que enfocó su aparente labor altruista en los privados de libertad con problemas de adicciones, pero que en realidad se acercó al femicida para brindarle atenciones especiales.
Ama Nacer y su vínculo con el femicida
La Fundación Ama Nacer fue inscrita en el registro del Ministerio de Inclusión Social y Económica el 19 de septiembre de 2019, dos años y cinco meses después del asesinato de Cristina y de los intentos fallidos del femicida de cambiar el resultado de la sentencia a través de los recursos de apelación y casación.
En la última directiva registrada de esta fundación, Alexandra Quintanilla, actual viceprefecta del Azuay, aparece como presidenta y Oswaldo Flores Manzano, como vicepresidente. La primera es la hermanastra de Carlos Flores y el otro es el padre biológico. Además, Iván Cordero Torres, hermano del autor del femicidio de Bertha Minchala, ocurrido en noviembre de 2016, figura como secretario.
Hay más vínculos comprobados entre la fundación y Carlos Flores Santander. Uno es la dirección registrada en el Servicio de Rentas Internas, tanto del RUC de Carlos Flores como el de la fundación: una casa ubicada en las calles Abraham Barzallo y Miguel Ignacio Ochoa, en el sur de Cuenca. Allí, según la investigación policial, Cristina Palacio fue apuñalada 22 veces.
El MIES indicó, a través de un oficio, que el objetivo declarado de Ama Nacer son grupos de atención prioritaria (niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas con discapacidad) y la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad.
En ninguno de los documentos de conformación de ‘Ama Nacer’ se puntualiza que su labor se centrará únicamente en la atención de los privados de libertad y en la creación de un proyecto para implementar un área de recuperación para privados de libertad con problemas de adicciones.
Alexandra Quintanilla dice que fue su idea crear la fundación y que presentó el proyecto personalmente a Edmundo Moncayo, quien entonces dirigía el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes, SNAI.
Explica que la razón que la llevó a estar al frente de la fundación fue un supuesto cuadro depresivo de su madre y su padrastro, Patricio Oswaldo Flores, padre de Carlos Flores Santander.
El equipo periodístico intentó entrevistar al padre de Carlos Flores Santander, pero se negó al diálogo.
Escaso control a fundaciones
En Azuay se crearon 156 fundaciones en los últimos diez años y, hasta abril de 2024, 1.521 organizaciones sociales están registradas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, organismo del ejecutivo a cargo del control de las fundaciones de carácter social.
Desde 2017, a través de un decreto del expresidente Lenín Moreno, existe el reglamento para entregar personería jurídica a las organizaciones de la sociedad civil. Y, según el artículo 31 de ese documento, las fundaciones o corporaciones estarán sujetas a una regulación estatal de su funcionamiento, del manejo de fondos públicos, declaración tributaria, aduanera y al “seguimiento de la consecución de su objeto social”.
Pero el MIES no cuenta con un sistema efectivo de control a nivel nacional. Desde la misma cartera de Estado se indicó, a través de un oficio, que solo se ejerce control o visita protocolaria por “solicitud del representante legal de la organización social, o por iniciación de proceso administrativo motivado por una queja o denuncia”.
Cuando se solicitó información sobre algún tipo de control a la Fundación ‘Ama Nacer’, el MIES indicó que “no ha sido objeto de control de funcionamiento desde su creación”.
Iván Cordero, secretario de la fundación Ama Nacer, confirmó para esta investigación, que fue parte de la fundación y que se retiró luego de que “no se pudieron concretar los proyectos” existentes. Además, aseguró desconocer cuáles fueron los alcances que obtuvo esta organización.
Quintanilla, por su parte, aceptó su trabajo al interior de las prisiones donde se encontraba internado su hermanastro, pero negó tener algún tipo de relación con los traslados, liberación y posterior fuga de Carlos Flores Santander.
Poder dentro de las cárceles
La relación de la fundación Ama Nacer con el Centro de Privación de Libertad de Turi y la cárcel de Azogues se concretó cuando el expolicía Edmundo Moncayo fue nombrado director nacional del SNAI en junio de 2019, durante la presidencia de Lenín Moreno. Los miembros de Ama Nacer, cercanos al femicida, ejecutaron proyectos con los prisioneros de las cárceles en las que estuvo Flores, sin rendir demasiadas cuentas. Incluso realizaron adecuaciones en la prisión de Azogues.
Galo Tenezaca Chacón, exdirector de pabellones del CPL Turi, cuenta cómo llegó a tener contacto con el padre de Flores, y cómo terminó promoviendo la creación de un espacio de tratamiento y rehabilitación para los privados de libertad con problemas de adicción:
“Durante mi trabajo dentro de los pabellones me di cuenta de que la mayoría de problemas entre los prisioneros se originaron por sus adicciones. Carlos Flores siempre se metía en problemas por su adicción. Hasta vendía su comida”, recordó.
El área de desintoxicación fue creada para todos los reos y, durante la gestión de Tenezaca, unos 120 prisioneros se beneficiaron de ella. Luego, cuando se extinguió el Ministerio de Justicia, el cargo de Tenezaca desapareció y dejó de trabajar en el CPL Turi en enero de 2019.
Tras su salida, fue contactado por Flores para recrear el mismo proyecto, pero esta vez como una iniciativa particular para presentarla a Edmundo Moncayo.
“Recuerdo que el señor (Oswaldo) Flores me pidió hacer el proyecto, porque el director del SNAI era ‘su amigo de toda la vida’ y estaba garantizado que se ponga en marcha la clínica de rehabilitación”, puntualizó.
Tenezaca se encargó de crear un manual de requisitos que debían cumplir los reclusos para ingresar al área de desintoxicación y hasta el plan de financiamiento a través de recursos propios de las familias de los beneficiarios. Además, se contemplaba el apoyo de la Clínica de Recuperación “12 pasos”.
Luego surgieron diferencias con Flores. Una de esas fue precisamente el lugar en donde se establecería la clínica de recuperación. Tenezaca dice que él concibió el proyecto para aplicarlo en Turi y no en la cárcel de Azogues, que es un “lugar que no cuenta con la suficiente seguridad”. También mencionó que el tratamiento y asistencia médica debía estar a cargo del MSP y no en manos de particulares, como era la pretensión del padre del femicida y vicepresidente de la fundación Ama Nacer.
La viceprefecta Quintanilla admitió que a través de la fundación se realizaron adecuaciones en la cárcel de Azogues para convertirla en el centro de recuperación, pero negó tajantemente conocer a Tenezaca y desmintió haber recibido el proyecto ya elaborado. “Nunca he escuchado ese nombre”, dijo.
También puntualizó que ella tomó contacto con el director del SNAI cuando ya estaba en marcha una resolución que transformó a la cárcel de Azogues en un centro para la recuperación de los privados de libertad con problemas de adicciones. En este contexto, el SNAI y la fundación Ama Nacer firmaron un convenio para trabajar “en temas de salud mental y rehabilitación de los presos”.
Quintanilla aseguró que la idea era recibir en la “comunidad terapéutica” a privados de la libertad que tengan hasta dos años de sentencia para que pudieran hacer un proceso de desintoxicación de drogas, además de realizar otras actividades y adquirir oficios para su reinserción social.
El proyecto de clínica de rehabilitación entró en vigencia a través de una resolución del SNAI del 15 de noviembre de 2019, dos meses después de la creación de la fundación ‘Ama Nacer’.
Entonces, la cárcel de Azogues fue declarada oficialmente como un espacio para “el servicio exclusivo de tratamiento y rehabilitación a personas privadas de libertad consumidoras problemáticas de alcohol, drogas y otras sustancias sujetas a fiscalización”.
Además, se dispuso el traslado, en un plazo de 40 días desde la suscripción de la resolución, de todos los privados de la libertad que estaban en ese momento internados en la cárcel de Azogues.
El 29 de noviembre de 2019 se concretaron los traslados de los privados de la libertad desde la cárcel de Azogues hasta el Centro de Privación de Libertad de Turi, según consta en un oficio remitido el 4 de febrero de 2020 a Gustavo Vélez Crespo, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción del Cañar, en el que familiares de las personas privadas de libertad que fueron trasladados expresan su preocupación.
Las familias de los trasladados pedían el apoyo de Vélez, a través del oficio ante mencionado, para “protestar y exigir el normal funcionamiento del Centro de Rehabilitación de Azogues y no como demagógicamente se pretende convertirla en un Centro de Rehabilitación Social para Adictos, sin ningún tipo de planificación técnica que justifique dicho acto administrativo”.
Pese a toda esta resistencia, con el traslado se puso en marcha el resto del proyecto y la inauguración del espacio se anunció para el 14 de enero de 2021, un año y dos meses después que entrara en vigencia la resolución del SNAI, según se describe en una publicación de la víspera hecha a través de la cuenta de Facebook de la fundación, en la que se reseña:
“Gracias a la gestión del ministro Edmundo Moncayo, responsable del SNAI, mañana estaremos inaugurando la reactivación del CRS Cañar 2, donde personas privadas de libertad que sufren de adicciones podrán realizar los tratamientos necesarios para una adecuada rehabilitación”.
Ya el día de la inauguración, la fundación Ama Nacer publicó en su página de Facebook una imagen en la que se puede identificar a Quintanilla, Moncayo y Rómulo Montalvo, director del CLP Turi en aquella época, acompañados por un grupo de presos en Cañar.
Quintanilla recordó que el día de la fotografía fue la última vez que estuvo dentro de la prisión de Azogues, y que ese día escuchó a Carlos Flores en esa prisión. “Mientras estábamos tomándonos la foto escuché que me gritaron “suca”, y cuando me di la vuelta vi que era Carlos. Estaba en el tercer piso, en su celda, y desde ahí volvió a gritar “suca”.
Según la viceprefecta, ella había entrado por nueve ocasiones a la prisión, pero nunca lo había visto entre los pasillos ni en las celdas. Hay que recordar que, desde octubre de 2020, Flores Santander estaba recluido en dicha prisión y “salía todos los días al área administrativa, al área jurídica (…)”, según consta en un documento de la solicitud de habeas corpus para permanecer en la cárcel de Azogues.
Puntualizó que tras la escena vivida, le solicitó a Moncayo que diera de baja el proyecto que recién estaban inaugurando. “Sabía que con él ahí yo ya no iba a ser imparcial ni independiente”.
Para contrastar la información señalada por Quintanilla se pidió al SNAI, a través de un oficio el 8 de mayo de 2024, que se facilite los documentos y todos los respaldos de lo actuado por la Fundación Ama Nacer dentro de las cárceles de Turi y Azogues.
La respuesta de la institución fue que “no se cuenta con respaldo físico ni digital del convenio en cuestión”, y se alega que “fue suscrito por el entonces Coordinador General Administrativo Financiero en funciones durante el tiempo comprendido entre los años 2019 al 2020, Jorge Aníbal Navarrete Rivadeneira”.
Y sobre la firma del convenio y la participación directa de Navarrete existe una publicación de la Fundación Ama Nacer realizada en su cuenta de Instagram, acompañada de dos fotografías en las que se encuentran Quintanilla, como presidenta, Iván Cordero como secretario de la fundación y el funcionario del SNAI.
El SNAI aclara que “pese a la suscripción que habría ocurrido, no se tiene registros de su cumplimiento ni ejecución”.
Además, se corroboró que la Fundación Ama Nacer realizó “el mejoramiento de infraestructura en un 60%, y dictó cursos de coaching” dentro de la prisión de Azogues. Sin embargo, la institución no dispone de información que dé cuenta del aporte, en términos económicos, por parte de la fundación.
También se confirmó que Carlos Flores Santander sí fue parte de los programas que implementó la fundación.
“La atención por parte de la fundación de Ama Nacer fue esporádica en temas de coaching para superación personal. En cuanto al señor Carlos Flores Santander, fue parte junto a la demás población penitenciaria en recibir los talleres de coaching, y asistían a terapias psicológicas grupales del profesional de aquel tiempo del centro”.
Aunque Quintanilla niega que el femicida Carlos Flores se benefició de algún tipo de servicio o atención por parte de la fundación, existe una publicación en la cuenta de Facebook del SNAI del 7 de septiembre de 2020 que registra que la fundación sí puso en marcha sus servicios de atención en la prisión donde estaba Flores. La publicación está acompañada de cuatro fotografías en las que se observa a quienes serían los profesionales de la fundación Ama Nacer atendiendo a las personas privadas de libertad.
Como si fuera poco, los miembros de la fundación Ama Nacer, que son familiares de los femicidas sentenciados, también mostraron interés en manejar los economatos de los centros de privación de libertad, espacios en los que se venden artículos y bienes de consumo a los presos.
Alexandra Quintanilla participó en el concurso para manejar el economato de la cárcel de Turi, pero lo perdió. Iván Cordero, el secretario de la fundación Ama Nacer, sí logró el manejo de varios economatos. Según información oficial remitida desde el SNAI, actualmente Cordero presta el Servicio de Economato en prisiones de Loja y El Oro, a título personal.
Abuso de recursos e impunidad
En agosto de 2022, el abogado Remigio Ramírez, defensor de Carlos Flores Santander, interpuso un recurso de habeas corpus para su cliente aduciendo que necesitaba de atención psicológica y psiquiátrica permanente de parte de un mismo especialista, así como medicación continua para su rehabilitación de consumo de drogas.
La solicitud fue admitida por la jueza constitucional de Azogues, María Verónica Toledo, quien dispuso que no se traslade más al femicida de Cristina Palacio. Dentro de la acción jurídica se estableció que un médico privado pueda atenderlo y que su padre correría con los gastos de dicho profesional. Para esto fue autorizado el ingreso del médico Ángel Oswaldo Herrera Lema, quien tiene consultorios en Azogues y Cuenca.
En octubre de 2022, a través del abogado Juan Pablo Velasco Terán, Flores Santander interpuso un recurso extraordinario de revisión de su caso alegando que “al momento de ocurridos los hechos —el asesinato de Cristina— me encontraba bajo los efectos de sustancias estupefacientes y, por lo tanto, se encontraba disminuida mi capacidad de comprender el acto y las consecuencias jurídicas del mismo”.
Y en medio de esta solicitud, el femicida aprovechó que estaba en marcha un recurso de habeas corpus en la provincia de Manabí, ante la jueza de Montecristi, Gina Zambrano, para que 23 presos con enfermedades catastróficas puedan salir con medidas sustitutivas a la prisión por su condición de salud.
Para obtener ese beneficio, Carlos Flores Santander alegó padecer VIH, pese a que jamás hizo referencia a esto en la mayoría de sus intentos de revisión o nulidad del proceso judicial.
Es así que bajo el supuesto padecimiento de VIH, Flores logró su libertad en marzo de 2023, con el compromiso de presentarse periódicamente ante el juez competente.
Aunque ese recurso quedó sin efecto un día después debido a ciertos indicios de irregularidades en el proceso de selección de los prisioneros beneficiados, una vez que Carlos Flores Santander salió de la cárcel las autoridades nunca más dieron con su paradero.
El femicida de Cristina Palacio fue incluido en la lista de los 10 más buscados por delitos de género en junio de ese año.
También se trató de generar una solicitud de alerta roja con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para lograr su captura y extradición.
Sin embargo, el 29 de agosto de 2023, la jueza de garantías penitenciarias María Verónica Toledo (la que dio paso al habeas corpus que permitió a Flores Santander permanecer en la cárcel de mínima seguridad convertida en un centro para presos con problemas de adicciones) negó la solicitud emprendida por el agente fiscal de violencia de género, Paúl Armando Serrano, alegando que no es competencia de la jueza extender la solicitud hacia la Interpol.
Dudas sobre la muerte del femicida
En mayo de 2024, un año y dos meses después de la salida y fuga de Flores Santander de la cárcel, el caso volvió a tomar fuerza. Patricio Oswaldo Flores, padre del fugitivo y vicepresidente de la Fundación Ama Nacer, visitó al abogado Remigio Ramírez para presentarle una supuesta acta de defunción de su hijo en la que se detalla que murió en un accidente de tránsito en Venezuela, en la localidad de Iribarren (según una fuente del Registro Civil), el 28 de abril de 2023.
Flores pide ahora la extinción de la pena impuesta en una sentencia ejecutoriada por el femicidio de Cristina Palacio.
La familia de la víctima teme que se trate de una nueva jugarreta para evadir la sentencia.
El acta de defunción señala como fecha de muerte el 28 de abril de 2023. “¿Cómo es posible que en septiembre de ese mismo año su abogado actúe en el caso de revisión si ya había perdido la vida cinco meses antes?”, sostuvo Juan Carlos Salazar.
Se refiere a que el abogado Remigio Ramírez firmó la solicitud de cambio de representante legal antes de que su representado quedara en libertad y, en septiembre de 2023, Ramírez, pese a supuestamente haber perdido contacto con su cliente, decidió registrar el cambio de abogado y cumplir con el compromiso legal ante la Corte Constitucional.
“No tenía contacto con mi defendido ni con su familia. Ellos (la familia de Carlos Flores) debían entregarme información para preparar la defensa del proceso, pero no pasó y me presenté para no ser sancionado por la autoridad”, puntualizó Ramírez para esta investigación.
Dijo que desconocía de la supuesta muerte de su defendido hasta que recibió al padre de Flores Santander en su oficina en Cuenca, en mayo de este año. Eso sí, detalló que sus honorarios fueron cancelados por adelantado.
Incluso Quintanilla, presidenta de la fundación Ama Nacer, se sorprendió con la noticia de la supuesta muerte de Carlos Flores Santander. “No lo sabía. Me llama la atención las cosas que dicen. Que el Carlos tenía VIH, que está muerto. Yo creo que mi mami me hubiese contado de forma inmediata”.
El abogado de la familia de Cristina Palacio interpuso una solicitud para que se determine la veracidad de la supuesta muerte del femicida.
Una fuente de la División de Investigaciones de Accidentes de Tránsito Terrestre, en Iribarren, en el estado venezolano de Lara, y la jefa de la entidad señaló que “con los datos del ciudadano no se consiguió nada”. En los registros de los siniestros viales de la época del supuesto hecho fatal no consta el nombre de Carlos Flores Santander.
Además, el fiscal de Azuay Leonardo Amoroso dio a conocer que se lleva adelante un proceso de investigación por supuesto fraude procesal.
Un sistema que favorece la impunidad
Tantas inconsistencias y abusos en garantías terminan en revictimización. Para Juan Carlos Salazar, “que un femicida sentenciado haya quedado libre sin haber cumplido su pena y que además se haya beneficiado de varias acciones es una falla estructural del Estado”.
Lo secunda Nidia Solís, quien es coordinadora del Cabildo de Mujeres de Cuenca. Pero ella además cuestiona la impunidad social. “Es una sorpresa ver que no existe ningún tipo de reparo ético cuando la actual viceprefecta aspiraba al cargo tras haber sido cuestionada por el rol que tuvo su fundación vinculada con dos femicidas que lograron salir libres tras el habeas corpus”.
El prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret, reconoció que le alertaron de la cercanía de su compañera de fórmula, Alexandra Quintanilla, con la Fundación Ama Nacer. “Cuando conversamos con el Cabildo me llegué a enterar de una serie de temas adicionales pero eso tendrá que responder la viceprefecta, no yo”.
Tras ser alertado por el equipo periodístico de la supuesta muerte del femicida en Venezuela, el asambleísta Adrián Castro emprendió una acción de fiscalización.
A través de un oficio compartido, el legislador solicitó información detallada al Ministerio de Relaciones Exteriores, Consejo Nacional de la Judicatura, Ministerio del Interior, Policía Nacional, SNAI, Registro Civil. Castro señala que la revictimización a la cual ha sido sometida la familia de Cristina Palacio es un ejemplo de lo que no puede seguir pasando en Ecuador.
El asambleísta de Azuay, Leonardo Berrezueta, quien pertenece a la bancada de la Revolución Ciudadana, partido político del prefecto y la viceprefecta del Azuay, también se mostró sorprendido ante la supuesta muerte del femicida sentenciado y señaló que pedirá a la función judicial que solicite la exhumación del cuerpo.
También considera que Quintanilla deberá responder en su debido momento sobre la actuación de la fundación Ama Nacer y si su organización “hizo o dejó de hacer algo que benefició” al sentenciado.
“Es un tema que me llama la atención de la forma cómo se dan estos convenios. Cuál fue la motivación. ¿No será que es muy laxa la actuación del Consejo de la Judicatura o muy laxa la actuación del SNAI para permitir el ingreso de estas fundaciones?”, dijo Berrezueta.
Además, dejó la puerta abierta a una posible investigación a Quintanilla por parte del Comité de Ética de la Revolución Ciudadana. “Si fue auspiciada debe rendir cuentas al comité, en este sentido no habrá problema de poderlo revisar”, indicó.
Sofía Herrera, directora zonal del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, aseguró que desde el brutal femicidio de Cristina Palacio Salamea la entidad ha hecho seguimiento a este caso. Reconoce el tortuoso camino que ha vivido la madre de la víctima, quien clama justicia desde hace siete años.
Y por ello, dice haber trabajado de la mano de Sonia Salamea para alcanzar una restitución de derechos y apoyan la iniciativa de levantar un memorial impulsado por la Red de Familias Víctimas de Femicidio.
La representante del Ejecutivo también se refirió a una nueva sentencia de la Corte Constitucional, del 28 de febrero de 2024, que pone el foco en la liberación de Carlos Flores Santander gracias al habeas corpus.
La institución revisó las medidas cautelares constitucionales con efectos ‘inter comunis’ (en favor de terceros que no fueron parte) que fueron utilizadas por el femicida sentenciado y que le otorgó su libertad el 2 de marzo de 2023.
Se determinó que estas medidas cautelares serán improcedentes cuando tienen como pretensión interrumpir los efectos de sentencias penales y recuperar de manera ilegítima la libertad y contraviene el artículo 27 inciso tercero de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Pese a que esa sentencia suena positiva, es apenas una leve victoria en la guerra que lleva día a día Sonia Salamea para que alguien responda por el crimen de su hija.
En los próximos días, la familia de Cristina Palacio Salamea deberá enfrentar una vez más al sistema que ha favorecido al asesino: este 24 de julio se realizará la audiencia para la extinción de la pena, solicitada por el padre de Carlos Flores Santander, debido a una supuesta muerte que indigna a quienes buscan una reparación imposible.
Por Ximena Pesántez y Claudia Pazán DIARIO EL MERCURIO
Ilustraciones: Alex Dominguez (Axxel)
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