Guayaquil (Guayas), 25 de julio de 2024.- La Fiscalía General del Estado emitió su dictamen acusatorio contra dieciséis personas por el delito de tráfico ilícito de armas de fuego. Fueron aprehendidas al interior de una finca ubicada en la Vía a la Costa, el 10 de mayo del año en curso, donde se encontró armamento, municiones, celulares y más de 200 personas, entre ellas, presuntos miembros y líderes de grupos de delincuencia organizada (GDO).
En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, desarrollada la tarde de este miércoles 24 de julio, el Fiscal de la Unidad Nacional contra Delitos Transnacionales a cargo del caso presentó como elementos de convicción: el parte informativo y de aprehensión, y las versiones de los agentes aprehensores.
Además, los informes de reconocimiento del lugar de los hechos, balístico, de microscopía electrónico de barrido, de inspección ocular técnica; también los indicios y evidencias recolectados por la Policía Judicial en el lugar del allanamiento, entre los que se incluyen armas de fuego (entre pistolas, subametralladoras y otras), municiones y explosivos, teléfonos celulares, chalecos antibalas y radios de comunicaciones, que se encuentran ingresados en su respectiva cadena de custodia.
La Jueza de Garantías Penales que conoce la causa acogió –en parte– el pedido de Fiscalía y dictó auto de llamamiento a juicio para quince de ellos: Josué Aldemar A. T., Arturo Xavier B. M., José Luis C. Q., Jesús Alberto Ch. M., Jonathan Ricardo M. F., Rolando Federico G. Q., Dilan Ismael M. G., Geremías Ricardo P. J., Julio David P. J., Luis Fernando G. R., Marlon Elian R. M., Marcos Javier F. G., Celso Miguel M. H., Leonardo Nery T. C. y Pedro Darwin S. V.
Para ellos, la Magistrada dictó las medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación semanal ante Fiscalía, levantando –de esta manera– la prisión preventiva que pesaba sobre cuatro de ellos: Celso Miguel M. H., José Luis C. Q., Ronald Federico G. Q. y Edwin Andrés M. C., todos señalados por la Policía como presuntos miembros y líderes de GDO y a quienes –según el parte policial– fueron encontrados con armas de fuego en su poder, el día de los hechos.
Además, para Edwin Andrés M. C., la Jueza dictó sobreseimiento.
Al respecto, Fiscalía apeló de manera inmediata –de forma oral–, tanto el auto de sobreseimiento (ya que considera que existen los elementos de convicción suficientes para presumir su participación en los hechos imputados), como el cambio de medida de prisión preventiva para los otros tres mencionados.
Contexto
Unidades especializadas de la Policía Nacional, tras haber recibido información de fuentes humanas, respecto a que, en una finca ubicada en la Vía a la Costa, se desarrollaba una fiesta en la que se encontraban más de 200 personas, y en las que estarían participando presuntos miembros de varios GDO –fuertemente armados–, los agentes ejecutaron el allanamiento.
Al percatarse de la presencia de los uniformados, varios de los asistentes a la fiesta intentaron huir, lanzando en el camino las armas que portaban; sin embargo, fueron neutralizados y las armas recuperadas (cuarenta y seis armas de fuego –entre cortas y largas–, 1.316 municiones). En el lugar también se levantaron 208 celulares, dinero en efectivo, un chaleco antibalas, entre otras evidencias, que fueron ingresadas en cadena de custodia de la Policía Judicial.
La mayoría de los participantes quedaron retenidos y rindieron versiones. Horas después, durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, Fiscalía procesó a treinta y tres personas.
Semanas después, Fiscalía excluyó de sus investigaciones a diecisiete de ellas, al considerar que no tenían participación en el hecho delictivo: trabajadores y personas contratadas para el evento.
Entre los ahora procesados están: Celso M. H., quien registra antecedentes penales por asociación ilícita y tenencia y porte de armas; Ronald G. Q., vinculado a la organización terrorista “Las Águilas”, con antecedentes por asesinato, robo, asociación ilícita y tenencia y porte de armas; y, José C. Q., con antecedentes por robo y enriquecimiento ilícito.
Información jurídica
La Fiscalía General del Estado procesa este caso con base en el artículo 362, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de tráfico de armas y municiones con pena privativa de libertad de cinco a siete años. (FGE)
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