EL ORO.- En Puerto Bolívar, la creciente inseguridad ha sumido en el temor a los pescadores artesanales, quienes se ven obligados a pagar extorsiones conocidas como “vacunas” para poder trabajar sin ser víctimas de ataques violentos.
La situación genera un clima de desconfianza y silencio entre los trabajadores del mar. A pesar de la cordialidad con la que los pescadores reciben a los compradores en el muelle, la presencia de la prensa provoca una inmediata distancia.
Según testimonios, obtenidos de manera confidencial por este Diario, muchos pescadores abandonaron su oficio debido al temor generado por la inseguridad.
El modus operandi de los grupos delictivos para cobrar las “vacunas” es diferente para la embarcación pesquera y para el muelle, en donde los dueños deben pagar sumas semanales o mensuales para evitar ataques o amenazas de muerte.
En Puerto Bolívar hay un total de 200 muelles, todos son extorsionados por miembros de un grupo delictivo que ha tomado el control en esa zona. Cada embarcación pesquera paga $25 semanales, mientras que en los muelles pueden pagar entre $50 y $1.000 al mes.
La violencia escaló a tal punto que, durante el último fin de semana, una embarcación con 15 pescadores fue atacada, resultando en la presunta muerte de todos los tripulantes. Hasta el 13 de agosto, solo se recuperaron siete cuerpos, esto intensificó el temor entre los pescadores.
Mark Méndez, capitán de Puerto de Puerto Bolívar, confirmó que en la provincia hay entre 2000 y 2500 pescadores registrados, y aproximadamente 1500 embarcaciones dedicadas a la pesca artesanal.
Según Méndez, la función de la Capitanía es el control estatuario y que todo el personal marítimo cumpla con los requisitos legales y que las embarcaciones estén debidamente registradas y en condiciones adecuadas.
CONTROLES
A pesar de los esfuerzos de patrullaje y control por parte de la Capitanía y la Armada, la recolección de información sobre las actividades ilícitas en altamar representa un desafío.
Los controles en altamar se manejan por el Subcomando de Guardacostas y la Armada como autoridad marítima, precisó Méndez. Añadió que tienen la potestad de verificar si las embarcaciones se encuentran con zarpe o si están cumpliendo con su actividad.
RUTAS SEGURAS
Las rutas seguras, establecidas para proteger las embarcaciones dentro de la jurisdicción, no garantizan la seguridad personal de los pescadores, lo que agrava la incertidumbre en el sector.
Según Méndez, hay cinco rutas seguras, en áreas establecidas y en donde se ponen puntos de control, para que pasen las embarcaciones.
Desde la Capitanía se indicó que estas rutas seguras no son en altamar. Estas se dirigen desde el Subcomando de Guardacostas desde la isla Puná hasta Puerto Bolívar, y de la Capitanía, lo que sería Puerto Bolívar, y lo que serían sus canales interiores.
ALERTAS EN ALTAMAR
El ECU 911, encargado de gestionar las alertas de emergencia, reporta un promedio de tres a cuatro incidentes durante los fines de semana, principalmente relacionados con robos en camaroneras, precisó Méndez.
Además, indicó que son menos frecuentes las alertas por extorsión o robo de motores en la jurisdicción.
Méndez aseguró que tienen información respecto a cobros por extorsión, pero que estos delitos muchas veces no son denunciados. Sin embargo, mencionó que cuentan con un eje investigativo que trata de buscar u optimizar información que les permita llegar a estas situaciones.
La situación de actividades ilícitas en altamar es compleja, debido a que es un área extensa, explicó Méndez. Y añadió que, en muchas ocasiones, los pescadores no denuncian que embarcación está cometiendo el ilícito, cuántos salen o en qué momento del día se suscitó.
A pesar de eso, destacó que se mantienen realizando las operaciones de patrullaje y control, empleando los medios que cuenta la capitanía. (DIARIO CORREO)
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