Gonzalo Pizarro (Sucumbíos), 11 de septiembre de 2024.- Que las pruebas actuadas por Fiscalía fueron contundentes para determinar la responsabilidad de dos adolescentes en un delito de violación, fue lo que resolvió la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos.
Ambos jóvenes –de 12 años de edad– sí deberán cumplir la medida socioeducativa de cuatro años de internamiento preventivo, en el Centro de Adolescentes Infractores Virgilio Guerrero, tal como lo resolvió una Jueza de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Gonzalo Pizarro, el 15 de mayo de 2024.
El fallo de la juzgadora fue apelado por las defensas de los adolescentes J.F.J.C. y G.D.D.G., quienes buscaban que se ratifique su estado de inocencia.
En la audiencia del recurso de apelación, los abogados alegaron que las pruebas que Fiscalía presentó en la audiencia de juicio no guardaron coherencia y no eran suficientes para determinar responsabilidades. Pero Fiscalía –por segunda vez– solventó el caso citando la prueba testimonial, pericial y documental que practicó durante el juicio. De esta manera, logró que la Sala deseche el recurso de apelación interpuesto por las defensas y que se ratifique la sentencia de primera instancia en todas sus partes.
Los hechos
En la audiencia de apelación, el Fiscal de la causa explicó a la Sala que los hechos se dieron entre los meses de mayo y junio del 2023. Los adolescentes J.F.J.C. y G.D.D.G. agredieron sexualmente a uno de sus compañeros del séptimo año de educación básica durante dos ocasiones, en la hora de recreo.
La forma cómo ocurrió la violación fue narrada por la víctima en su testimonio anticipado, prueba que fue reforzada con los testimonios rendidos por su madre y el personal docente de la institución educativa, a más de pericias que confirmaron el ultraje del afectado.
Entre los dos agresores lo golpeaban y le despojaban de sus prendas de vestir para luego cometer el delito.
A más del internamiento preventivo, J.F.J.C. y G.D.D.G. deberán recibir terapias psicológicas a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social, durante un lapso mínimo de seis meses.
Por orden judicial, ambos deben asistir a programas de educación sexual impartidos por profesionales de la Oficina Técnica del Centro de Adolescentes Infractores Virgilio Guerrero y, además, tendrán que pagar la suma de 2.000 dólares –entre los dos– a la víctima, como reparación integral por las secuelas que dejó el delito. (FGE)
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