Guayaquil (Guayas), 17 de septiembre de 2024.- Fiscalía procesa a José M. S. por su presunta participación en el delito de ataque y resistencia, luego de que fuera aprehendido por efectivos militares durante un operativo de control de armas, ejecutado el 15 de septiembre en Monte Sinaí.
El procesado, quien resultó herido, se trasladaba con otras personas a bordo de un vehículo que –junto a varias motocicletas, con sus ocupantes fuertemente armados– evadieron la acción policial y huyeron del lugar. Tras la persecución y en un cruce de balas, tres personas fallecieron. Herido, José M. S. fue trasladado al Hospital de Monte Sinaí.
Según el parte de aprehensión, personal militar estaba en un operativo de patrullaje y control, cuando un grupo de personas trató de escapar al percatarse de su presencia. Durante la huida, dispararon a la Unidad de Control, que –a través del uso progresivo de la fuerza– repelió los disparos.
En la audiencia de flagrancia y formulación de cargos –vía telemática–, el Fiscal del caso presentó los elementos de convicción recabados ante el Juez de Garantías Penales de turno.
Entre estos elementos se incluyeron: el parte informativo y de aprehensión elaborado por personal militar, las versiones de los agentes aprehensores que participaron en el operativo, los dos vehículos involucrados en el hecho (el de los fallecidos y el de Segura EP, que transportaba al personal uniformado), así como el acta de evidencias (que fueron ingresadas en cadena de custodia de la Policía Judicial).
El Juez de la Unidad de Flagrancia acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra el ciudadano José M. S. Además, dispuso la emisión de las boletas de encarcelamiento y su posterior traslado a la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, una vez que sea dado de alta de la casa de salud en la que fue internado. El procesado quedó bajo resguardo policial.
El plazo para el cierre de la instrucción fiscal será de treinta días.
Información jurídica
Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 283, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona a las personas que ataquen o se resistan con violencia o amenazas a los agentes de Policía, con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. (FGE)
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