En las próximas elecciones anticipadas del 20 de agosto de 2023, los ecuatorianos también deberemos pronunciarnos sobre la consulta popular sobre el Yasuní. Es decir, que a más de las papeletas para presidente o presidenta; asambleístas nacionales y asambleístas provinciales, recibiremos una cuarta papeleta.
Pero ¿Qué tan informada está la población sobre esta consulta? El desconocimiento es casi generalizado, pues a duras penas los ciudadanos están enterados de cuántos candidatos a la presidencia hay y qué propuestas se destacan dentro de sus planes de trabajo, en caso de llegar al poder.
Lo cierto es que lo que decidiremos sobre el Yasuní es tan importante como elegir un Gobierno, pues en nuestras manos está el futuro de una de las zonas con mayor diversidad del planeta, sino que además es el área petrolera de más proyección en el Ecuador, lo que se llama el bloque 43-ITT.
¿Y por qué se llama ITT? Se refiere a los tres yacimientos petrolíferos en la zona Ishpingo, Tambococha y Tiputini. Se estima que aquí existen 2000 especies de árboles y arbustos y 600 especies de aves. En 1989, la UNESCO declaró a este lugar como Reserva de la Biósfera.
ANTECEDENTES
El Gobierno de Rafael Correa, entre los años 2007 y 2013, promovió la iniciativa Yasuní-ITT, con el fin de mantener la zona intangible dentro del parque nacional Yasuní, que fue decretada como tal en el régimen de Jamil Mahuad, en 1998, con el fin de no interferir en el territorio de los grupos aborígenes.
Precisamente, es lo que se conoce como zona de amortiguamiento, donde circulan pueblos no contactados como los Taromenane y Tagaeri. No obstante, el proyecto oficial no tuvo la respuesta que se esperaba en la comunidad internacional, aduciendo que no hizo sus aportes económicos por la crisis financiera a nivel mundial.
En la consulta popular que se realizará el 20 de agosto de 2023, los ecuatorianos decidirán si quieren “desterrar” toda actividad petrolera del ITT para proteger a los bosques que lo rodean y a los pueblos en aislamiento voluntario que transitarían por la zona. No se trata de cualquier zona. El propio Ministerio del Ambiente la califica como “un santuario de biodiversidad“.
Por ello, en el 2014, el expresidente Rafael Correa, autorizó, mediante decreto ejecutivo, la liquidación de los fideicomisos Yasuní-ITT y por ende el comienzo de la explotación. Sin embargo, meses antes aparece el colectivo Yasunidos, que luego de recoger firmas presenta ante el Consejo Nacional Electoral el pedido de una consulta popular.
Esta solicitud fue desechada por el CNE, por lo que Yasunidos acudió ante la Corte Constitucional. Tras casi una década, la propuesta de los ambientalistas es aprobada y se pide al órgano electoral que en el menor tiempo posible organice la consulta popular, para lo cual la pregunta es la siguiente:
¿Está usted de acuerdo con que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? Para promover el Sí, la campaña la lidera los propios Yasunidos y otras organizaciones sociales, mientras que, por el No, ninguna organización social o política ha anunciado públicamente su postura.
¿UNA VOTACIÓN A CIEGAS?
Pero lo preocupante siempre de las consultas populares o referéndum es que la gente no tiene idea de las decisiones que implican un proceso como este. El desconocimiento y la desinformación son evidentes, consideran muchos ciudadanos, pero lamentan más el quemeimportismo del actual Gobierno.
“El régimen actual ha tomado una posición tonta de neutralidad, en vez de haber hecho campaña por el No. Eso te da a entender, que como el presidente está de salida ya no le importa nada, dejándole el problema al siguiente gobierno y no es así porque el gobierno es para todos los ecuatorianos”, menciona Campuzano.
De igual forma, García coincide que la gente no cuenta con toda la información sobre el tema, pero lo que más le preocupa es el hecho de que en la pregunta se incluya la frase “de forma indefinida” y qué implicaciones de tipo legal o jurídica, sea cual fuera la respuesta que gane.
Los ocho candidatos presidenciales poco o nada han hablado del tema, es más los mismos medios de comunicación han limitado la información sobre la consulta sobre el Yasuní. Desde el 29 de julio hasta el 17 de agosto será el periodo de campaña, ojalá 20 días sean suficientes para que el pueblo vote informado.
CLARA ROJAS:
“La verdad no tengo mucha información del tema. Tendría que ver más o menos en lo que pueda beneficiar y en lo que no. Lo poco que puedo decir es que lo que se busca es explotar los recursos naturales del Yasuní para mejorar la economía del país”.
LILY CABRERA:
“Bueno yo tengo muy poco conocimiento, pero le comento por qué. Porque nosotros a veces tenemos amistades que son políticos y medio nos hemos enterado, pero si me pregunta como una ciudadana común, nadie tiene conocimiento sobre esa consulta”.
VIVIANA BENÍTEZ:
“Me parece que la propuesta está bien, o sea, porque normalmente siempre ha sucedido eso, que han estado explotando el petróleo, pero ahora lo hacen público en la consulta. Si siempre eso ha ayudado a la economía del país, apoyo para que se explote el Yasuní”.
BRYAN AGILA:
“Estoy totalmente de acuerdo con la consulta y también con que se retire toda la maquinaria del parque Yasuní, ya que esto perjudica el ambiente. Cabe recalcar que la extracción del crudo ayuda a la economía del país, pero de todos modos, voy a votar Sí”.
QUÉ PASA SI GANA EL NO?
La otra cara de la moneda sería si gana el No. Para John Campuzano, el país se estabilizaría económicamente, habría más tranquilidad en la planificación de las finanzas públicas, por lo tanto, el próximo Gobierno no tendría que recurrir a ningún ajuste tributario, aunque duda de aquello porque el Estado no ha detenido su crecimiento del gasto fiscal.
“Esto se viene arrastrando desde el Gobierno de Correa y Lenin, el Gobierno del Lasso ha mantenido tal vez lentamente el crecimiento del gasto público, pero es necesario, además, que se viene para el mes de diciembre las necesidades de casi 1800 millones de recursos entre pagar sueldos y el décimo, así como otros compromisos de pago”, dijo.
“Todo debería apuntar a que la gente reflexione y tome conciencia para que esa pregunta sea votada NO, caso contrario, Petroecuador tendrá el plazo de un año para desmontar toda la maquinaria, por lo que las pérdidas no serían solamente de 1200 millones, sino mucho más (otros 500 millones) porque hay que mover toda la infraestructura que está puesta en alrededor de veinte o cuarenta hectáreas de explotación petrolera”, acotó.
Por su parte, Jaime García parte de la premisa que un recurso no puede ni debe estar enterrado, sino que tiene que ser aprovechado. “Debemos recordar que la venta de crudo de petrolero mueve cerca del 50% de la economía estatal ecuatoriana, es decir las pérdidas económicas son muy graves”, añadió.
Aunque tiene reparos para la pregunta, pues la califica de radical, sobre todo con la parte de “indefinido”. “Debemos recordar que las tecnologías de extracción petrolera están en constante innovación, y las técnicas van mejorando, y en el futuro puede que llegue una tecnología que permita extraer el petróleo con el mínimo impacto ambiental, pero ese recurso no podrá ser extraído”, explicó García, quien también fue trabajador petrolero.
Para el ingeniero en manejo y conservación del medio ambiente, en la extracción siempre surgen múltiples problemas ambientales, lo que “debemos tener son recursos humanos, técnicos, financieros y logísticos que controlen, mitiguen y eviten estos impactos ambientales generados por las actividades de extracción petrolera”, mencionó.
¿QUÉ PASA SI GANA EL SÍ?
Para el analista económico y docente universitario, John Campuzano Vásquez, en caso de ganar el Sí, inclusive en la consulta sobre el Chocó Andino que es sólo para las parroquias urbanas y rurales del cantón Quito que definirán el futuro de la minería en la zona, el país estaría dejando de percibir entre 1200 y 1400 millones de dólares al año, dependiendo del precio del barril de petróleo.
“Eso significan recursos que son casi permanentes para el erario nacional que conllevaría a un ajuste definitivamente por la vía tributaria, porque por algún lado hay que recuperar esos recursos. No se sabe por qué vía, podría ser el Impuesto a la Renta, podría ser un impuesto permanente a las empresas, probablemente subir el IVA o subir el ICE, con lo concebido el golpe que tendría para los ecuatorianos”, señaló.
Petroecuador produce 54800 barriles diarios actualmente en esta zona. En dinero, son 1000 millones de dólares en utilidades, lo que equivale al 1% del PIB (Producto Interno Bruto). De acuerdo a otras proyecciones económicas, el Ecuador dejaría de percibir la cantidad de 16470 millones de dólares por los siguientes 20 años.
“Lo lamentable es que cuando se hizo la consulta (2013), el pedido de consulta fue cuando no se explotaba todavía El Yasuní; en los actuales momentos ya sabemos que es una cosa cierta que genera recursos para el Estado. El ajuste sería irremediable porque no hay mecanismos tan rápidos para poder recuperar ese billete”, acotó Campuzano.
Por su lado, Jaime García Ochoa, ingeniero ambiental y catedrático universitario, si partimos que el Yasuní es considerado como un “santuario de biodiversidad”, con muchas especies de macrofauna como mamíferos, aves locales y migratorias, alta diversidad de anfibios, reptiles y peces, y desde luego lo más importante los pueblos no contactados que han habitado milenariamente en esta área, desde el punto de vista de conservación de biodiversidad y ambiental hay fuertes razones para que el área no haya sido intervenida.
“Todos queremos vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado como determina nuestra Constitución, pero me parece que esta pregunta ha llegado diez años después, esta área del Yasuní ya ha sido intervenida, y me gustaría preguntar a las personas que están promoviendo esta pregunta, ¿han realizado el Estudio de Impacto Ambiental?”, cuestiona el profesional, quien estudios de posgrado en Francia.
También insta a que se formulen otras preguntas como ¿en qué porcentaje han afectado las actividades petroleras este importante ecosistema?, ¿Qué tipo de impactos ambientales ellos han detectado? y lo más importante, ¿Qué medidas de mitigación plantean para evitar o reducir los impactos? dentro del área del Yasuní. (Andrés Carvajal y Emily Encalada – DIARIO CORREO)
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