Todos los abatidos son hombres y la mayoría tenía entre 18 a 30 años. Aquí el detalle.
En los últimos meses, en varias publicaciones, la Policía Nacional ha destacado su trabajo al anunciar que durante enfrentamientos supuestos delincuentes han sido abatidos. De hecho, hay un lema que los acompaña: “Ante amenazas letales, respuestas letales”.
De acuerdo a cifras entregadas a este medio, en lo que va del año, 48 personas han fallecido en 43 enfrentamientos.Todos son hombres y la mayoría tenía entre 18 a 30 años. La incidencia de estas muertes se han registrado, principalmente, en las provincias de la Costa, en total 19 en el Distrito Metropolitano de Guayaquil. Le siguen El Oro, Los Ríos y Esmeraldas.
La situación plantea interrogantes y preocupaciones sobre la violencia en el país. Por su parte, defensores de derechos humanos, dicen que todas las muertes importan, mientras que la Policía asegura haber aplicado el legítimo uso de la fuerza en estas circunstancias.
Cambios legales y su impacto en el panorama de la violencia
En lo que va del año la cifra de personas abatidas por la Policía llega a 48, una cifra alta si se compara con el año anterior cuando fueron 22. El director de la Dinased, Freddy Sarzosa, en una entrevista con Ecuavisa.com explicó que el aumento de los casos está ligado a los cambios en la legislación.
Es que el pasado 1 de junio, el presidente Guillermo Lasso firmó el Decreto Ejecutivo 755 que contiene el Reglamento a la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza.
Además, el director destaca que las condiciones en el país han cambiado, se refiere a que los hechos son más violentos, especialmente en los homicidios intencionales, “ahora tenemos una infinidad de calibres, de indicios balísticos, y eso implica que la Policía debe actuar de acuerdo a esa agresión”.
Pero ¿qué pasa luego de que un enfrentamiento tiene como resultado una muerte? Sarzosa explica que primero el servidor policial debe aclarar su accionar, la Fiscalía es el ente que avala el procedimiento y en caso de existir algún tipo de duda o indicio, “inmediatamente empieza una investigación previa, los 48 casos han sido puesto en conocimiento de la Fiscalía”, asegura.
En el otro lado de la orilla, Billy Navarrete, director del Comité de Derechos Humanos (CDH) y quien ha seguido de cerca la problemática de las masacres carcelarias, cuestiona que se deben transparentar las circunstancias de estas muertes a profundidad, “hay que revisar si esos cuerpos de esas personas, reflejadas en esas cifras, en qué delitos estaban inmersos si es que realmente estaban las condiciones dadas para el uso del arma de fuego”, enfatiza.
Al consultarle a Sarzosa sobre cuántos de los abatidos tenían antecedentes penales dice que “hay un porcentaje mínimo”, en la entrevista asegura que el dato, en cuestión, será compartido luego, pero no sucede.
El defensor de derechos humanos también pone sobre la mesa otro aspecto. Navarrete expresa que si bien existe una ley que permite el uso del arma de fuego por parte de la Policía, “la intención de esa atribución es de neutralizar al atacante y debe haber una evidencia clara que había una amenaza, el fin es neutralizar, no buscar como único fin la eliminación física, la muerte”.
¿SABÍAS QUE?
Militares, policías y agentes de seguridad penitenciaria están obligados a presentar informes a sus superiores “en caso de que como consecuencia del uso de la fuerza resultaren personas con lesiones graves, fallecidas o afectaciones”. La ley, en su artículo 51, determina que los funcionarios deberán informar en un plazo no mayor a 24 horas al sistema judicial sobre el hecho. Estos informes no podrán ser declarados reservados.
Frente a ello, se le consulta a Sarzosa sobre si cree que podrían cometerse posibles violaciones de derechos humanos en estos procedimientos; el director de la Dinased responde que cuentan con el respaldo de la Ley y, que no solo debemos cuestionar esas muertes, si no los hecho de violencia que también son cometidos en contra de los servidores policiales. “Es necesario que se visibilice”, resalta.
De hecho, en lo que va de 2023 ya son 21 servidores policiales asesinados, sobre todo, por amenazas, dice, mientras que el año anterior fueron 33. Es que otro efecto que se produce cuando un agente termina con la vida de un supuesto delincuente, son las amenazas de las bandas, “debe ser sometido a un análisis de riesgo o debe ser cambiado de servicio, además, el protocolo correspondiente dice al servidor se le debe hacer una evaluación psicológica con la finalidad de conocer su situación actual”.
“Tenemos un amparo legal que legítima el uso progresivo de la fuerza, hemos tenido una dinámica totalmente diferente con respecto a años anteriores”, justifica Freddy Sarzosa, director de la Dinased.
Por su parte, Navarrete expresa su preocupación sobre cómo el gobierno comunica la lucha contra la inseguridad contando el número de muertos, “a partir de una cifra que es alta, con tono de victoria se señale la lucha contra el delito”, lamenta.
En ese sentido, Sarzosa también se refirió sobre los cuestionamientos que pueden recibir por parte de los grupos de derechos humanos “están en todo su derecho de objetar el procedimiento, pero han sido procedimientos donde se ha respetado el uso progresivo de la fuerza y todos los partes (policiales) han sido puestos a consideración de Fiscalía”, defiende.
El tema ciertamente genera preocupación y debate, Billy Navarrete, director del Comité de Derechos Humanos, lo resume en una declaración que destaca la importancia de valorar y proteger la vida de todas las personas por igual, sin excepción, y aboga por una justicia transparente en todos los casos que involucren pérdidas humanas:
“Todas las muertes nos deben importar, tanto de agentes de la Policía como de civiles, deben ser investigadas, no hay personas de segunda categoría, si es que hay conductas que atentan contra ella deben ser sancionados”, señala Billy Navarrete, director del Comité de Derechos Humanos (CDH).
GISELLA ROJAS – ECUAVISA
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