Ambato (Tungurahua), 22 de octubre de 2025.- La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Cristian V. y Jeniffer P. por su presunta participación en el delito de extorsión. Habrían solicitado 500 dólares a la víctima a cambio de no atentar contra su vida.
El Juez de la causa acogió el pedido del Fiscal de turno y dictó prisión preventiva para los dos procesados. La instrucción fiscal durará treinta días.
Los hechos
Ocurrieron el 21 de octubre del año en curso, en Ambato, en perjuicio de la propietaria de un local de pollos. La mujer habría recibido varios mensajes extorsivos a través de la red social WhatsApp, en los que se le exigía el pago de 500 dólares a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia.
De acuerdo con la investigación y los elementos presentados por Fiscalía y la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestro y Extorsión (UNASE), la ciudadana depositó 60 dólares en una cuenta del Banco Pichincha. Posteriormente, ante la persistencia de las exigencias económicas, la víctima acudió al ECU 9-1-1, que derivó la alerta a personal especializado.
Durante el operativo ejecutado en el barrio Caupicho, en el sur de Quito, fue aprehendida Jeniffer P., quien reconoció que los mensajes provenían de su pareja, Cristian V., actualmente recluido en el Centro de Rehabilitación Social Regional Cotopaxi, desde donde habría coordinado las exigencias extorsivas.
En el registro efectuado en el centro penitenciario, los agentes decomisaron tres teléfonos celulares y varios documentos manuscritos, ingresados con la respectiva cadena de custodia.
En la audiencia de formulación de cargos, el Fiscal de turno fundamentó el inicio del proceso penal con los elementos antes mencionados. Además, incluyó versiones, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, los informes de extracción de audio, video, entre y otros elementos.
La investigación será trasladada a una Unidad de Patrimonio Ciudadano de la Fiscalía de Pichincha.
Información Jurídica
El delito de extorsión está tipificado en el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años. (FGE)
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