Yaguachi (Guayas), 23 de diciembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado procesa a Marco Antonio L. L. y Joel Gregorio M. L. por el presunto delito de secuestro extorsivo, tras un hecho ocurrido el 19 de diciembre de 2025, en el que tres personas fueron retenidas. Los presuntos implicados habrían exigido 100.000 dólares a los familiares de las víctimas para su liberación, bajo amenazas contra su integridad.
De acuerdo con el parte investigativo y de aprehensión, las víctimas llegaron en su vehículo al kilómetro 26 de la vía Guayaquil–Milagro, donde descendieron para hacer compras. En ese momento, fueron interceptadas por ocho sujetos que se movilizaban en cuatro motocicletas y portaban armas de fuego.
Los agresores, mediante amenazas y agresiones físicas y verbales, obligaron a los tres hombres a subir a dos tricimotos, en las que las trasladaron hasta el sector conocido como “La Carlota”. Allí fueron retenidas y atadas de pies y manos.
Durante el hecho, los presuntos secuestradores sustrajeron 1.000 dólares en efectivo, tres teléfonos celulares, una cadena de oro y el vehículo en el que se movilizaban las víctimas. Posteriormente, contactaron a sus familiares para exigir el pago de 100.000 dólares a cambio de su liberación.
Personal policial, alertado sobre el delito, ejecutó un operativo en el sector y localizó el vehículo robado. Metros más adelante, identificaron a dos personas que custodiaban a las víctimas, quienes intentaron huir al notar la presencia policial, pero fueron aprehendidas. En ese momento, los secuestrados lograron liberarse y solicitaron auxilio a los uniformados, a quienes identificaron plenamente como sus captores.
Durante la aprehensión, se encontraron en poder de los detenidos dos pistolas calibre 9 mm y quince cartuchos del mismo calibre sin percutir. Además, se recuperó el vehículo de las víctimas.
En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, llevada a cabo en la Unidad Judicial Multicompetente de Yaguachi, la Fiscal del caso presentó los elementos de convicción recabados, entre ellos el informe investigativo y de aprehensión, las versiones de los agentes aprehensores, la denuncia de las víctimas, el acta de ingreso de evidencias y los reconocimientos médico-legales.
La Jueza de Garantías Penales acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra los procesados. La instrucción fiscal tendrá una duración de treinta días.
Información jurídica
El caso es procesado con base en el artículo 162, inciso segundo, numerales 2 y 10, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de secuestro extorsivo con una pena privativa de libertad de trece a dieciséis años. (FGE)
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