Fiscalía procesa a presunto secuestrador tras rescate de una joven en Cuenca

Azogues (Cañar), 21 de enero de 2026.- La noche del 19 de enero de 2026, una joven de 24 años habría sido retenida contra su voluntad y bajo amenazas de muerte, en la ciudad de Azogues. El presunto responsable, Cleidermar Gregorio M., habría trasladado a la víctima en un vehículo con dirección a la autopista Azogues-Cuenca.

Tras conocer lo ocurrido, los familiares de la víctima alertaron al ECU 9-1-1 y, con apoyo de la Policía Nacional, se inició una persecución tras localizar el automotor. Durante el seguimiento, el vehículo llegó hasta la avenida de las Américas, en Cuenca, donde los agentes cerraron la vía y ordenaron al conductor que detuviera la marcha. Sin embargo, el sospechoso aceleró el automotor, por lo que los uniformados dispararon a los neumáticos.

Pese a ello, el procesado continuó la huida y, metros más adelante, descendió del vehículo e intentó escapar a pie. Fue interceptado en el sector del parque Jacaranda por familiares de la víctima, quienes lo entregaron a los agentes policiales. En el interior del automotor se encontraba la joven.

Con base en estos hechos, la Fiscalía General del Estado inició un proceso penal contra Cleidermar Gregorio M., por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro.

En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la Jueza de turno acogió los elementos de convicción presentados por Fiscalía y dictó prisión preventiva para el ahora procesado. Además, dispuso medidas de protección a favor de la víctima y de su familia.

La instrucción fiscal, con una duración de treinta días, se sustenta en las versiones de la víctima, de su padre y de los agentes aprehensores, así como en los informes de inspección ocular técnica, reconocimiento del lugar de los hechos y grabaciones de video que documentan la persecución del automotor.

Información jurídica

El delito de secuestro está tipificado en el artículo 161 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con pena privativa de libertad de cinco a siete años. (FGE)