Samborondón (Guayas), 12 de febrero de 2026.- La Fiscalía General del Estado formula cargos contra 5 personas por su presunta participación en el delito de tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos. Fueron aprehendidas al interior de un domicilio en el cantón Samborondón.
Según el parte de informativo y de aprehensión elaborado por la Policía Nacional, personal uniformado del Bloque de Seguridad de las Fuerzas Armadas –por información reservada–conoció que en el inmueble se guardaban armas de fuego y municiones.
Durante el registro del domicilio, en una de sus habitaciones se encontraron dos armas de fuego (una pistola y una escopeta), además de once municiones de diferentes calibres, ocho teléfonos celulares, dos cámaras de videovigilancia y dos drones (vehículos aéreos no tripulados) completos, con sus respectivos equipamientos.
Los ahora procesados no justificaron las armas incautadas ni los aparatos de vigilancia y aéreos hallados, guardando silencio ante las preguntas de los investigadores. Las evidencias fueron ingresadas en cadena de custodia de la Policía Judicial.
En la audiencia de calificación de flagrancia, el Fiscal del caso presentó como elementos de convicción: el parte informativo y de aprehensión, las versiones de los agentes aprehensores, las evidencias ingresadas en cadena de custodia, entre otras.
El Juez de Garantías Penales de turno acogió en parte el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Jaime D. M. y Melvi M. P.
Para los otros tres procesados –Anaís D. T., Magno S. H. y José V. V.–, el magistrado ordenó medidas como la presentación semanal ante el Fiscal del caso y la prohibición de salida del país.
La instrucción fiscal durará treinta días.
Fiscalía también solicitará al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, la práctica de pruebas de aptitud de disparo, y el ingreso de los testigos balísticos al Sistema IBIS, de las armas incautadas, para confirmar si fueron utilizadas en otros hechos criminales.
Información jurídica
Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 362, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona el delito de tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos con pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años. (FGE)
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