Loja (Loja), 16 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado inició un proceso penal contra tres personas, entre ellas un adolescente, por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro extorsivo. El Juez de Garantías Penales que conoció la causa dictó prisión preventiva para Luis M. y Franklin V.
Además, en una audiencia posterior, se dispuso internamiento preventivo para el adolescente (17 años) procesado.
El hecho investigado ocurrió el 10 de marzo de 2026, cuando la víctima –un comerciante de la ciudad de Loja– fue interceptada por varias personas y trasladada hasta un lugar donde fue maniatada y amenazada. Sus familiares, que perdieron comunicación con él durante varias horas, empezaron a recibir mensajes y llamadas extorsivas la madrugada del 11 de marzo.
Según la investigación, los ahora procesados habrían exigido 500.000 dólares a cambio de liberar al ciudadano y de no atentar contra su vida ni la de sus familiares.
Con esta información, se presentó la denuncia que permitió iniciar las primeras pericias. A través de labores de inteligencia y levantamiento de información, se logró ubicar el lugar donde se encontraba la víctima y a los presuntos responsables. Con esos datos se organizó un operativo que concluyó con la liberación del ciudadano en una vivienda ubicada en el sector Zamora Huayco y la aprehensión de los sospechosos en la provincia de Azuay.
En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, Fiscalía presentó el informe investigativo y el parte de la aprehensión de los procesados y de la liberación de la víctima, respaldados con las versiones de los agentes policiales que participaron en el procedimiento.
Además, se expuso el informe de inspección ocular técnica del lugar donde fue liberada la víctima y el acta de evidencias encontradas en poder de los aprehendidos. Entre estas constan cuatro teléfonos celulares, un arma de fuego, cuatro municiones, dos radios de comunicación, un vehículo y dinero en efectivo.
Información jurídica
El delito de secuestro extorsivo está tipificado en el artículo 162 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años. (FGE)
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