Riobamba (Chimborazo), 18 de marzo de 2026.- Fernando G. P. deberá cumplir dieciséis años de privación de libertad, luego de que la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo ratificara la sentencia emitida por el Tribunal de primer nivel, que lo declaró culpable del delito de asesinato en junio de 2023.
En la audiencia de apelación, el Fiscal a cargo del caso enumeró las pruebas que, durante el juicio, demostraron el cometimiento del delito y la responsabilidad del ahora sentenciado. Con base en estos argumentos, los jueces de la Sala Penal rechazaron el recurso de apelación interpuesto por su defensa.
Contexto
Los hechos se registraron la tarde del 28 de enero de 2012, en el exterior del domicilio de la víctima, quien descansaba en el balde de su camioneta mientras su esposo pintaba una puerta. En ese momento, dos personas llegaron a bordo de una motocicleta, le dispararon y huyeron del lugar.
Posteriormente, se dirigieron al sector de Sigsipamba, en el norte de Riobamba, donde abandonaron la motocicleta y prendas de vestir. Estos indicios permitieron su localización por parte de la Policía Nacional.
Según la investigación, Fernando G. P., vecino de la víctima, habría planificado el crimen debido a un litigio de tierras y contratado a dos sicarios para ejecutarlo. Como pago, los implicados habrían recibido dinero proveniente de un préstamo bancario gestionado por el ahora sentenciado.
Además, durante un allanamiento a su domicilio, se encontraron recortes de prensa relacionados con el hecho y comprobantes de transacciones bancarias.
Fiscalía demostró la responsabilidad del sentenciado mediante la presentación de testimonios de agentes policiales; el acta de levantamiento del cadáver; la autopsia médico-legal; informes de cotejamiento balístico, reconocimiento del lugar de los hechos y levantamiento de evidencias; registros de transacciones bancarias; y el testimonio anticipado del esposo de la víctima, entre otros elementos.
Información jurídica
Fiscalía procesó a Fernando G. P. conforme a la normativa vigente al momento de los hechos, con base en el artículo 450, numeral 2, del Código Penal, que establece una pena privativa de libertad de dieciséis a veinticinco años. (FGE)
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