Quito (Pichincha), 09 de abril de 2026.- La Fiscalía General del Estado procesa a dieciséis personas –entre ellas personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional— por el delito de delincuencia organizada con fines de sustracción de hidrocarburos. Los sospechosos fueron detenidos la madrugada del 8 de abril, durante operativos ejecutados en Pichincha, Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, El Oro y Orellana.
La Unidad Especializada de Investigaciones contra la Delincuencia Organizada (Unidot-G) inició la investigación previa en marzo de 2025, tras un memorando de la Fiscalía Especializada en Investigación del Uso Legítimo de la Fuerza, en el que se alertaba sobre la extracción de información en uno de los procesos a cargo de esta unidad.
La investigación determinó la existencia de una estructura presuntamente organizada que operaba en la sustracción de hidrocarburos desde distintos puntos del poliducto que atraviesa Montecristi, Santa Elena y La Concordia. Para ello, utilizaban la modalidad del “pinchazo”, con la que sustraían grandes cantidades de combustible. La operación contaría presuntamente con la participación de personal de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.
Según información policial, parte del hidrocarburo sustraído habría sido trasladado a Colombia, mientras que el resto presuntamente era comercializado de forma ilegal a través de estaciones de servicio.
Con base en los elementos recabados, Fiscalía solicitó a un Juez especializado la orden de detención de los investigados. Con la participación de quince agentes fiscales y su personal misional, se ejecutaron allanamientos en varias provincias, lo que permitió la detención de dieciséis personas.
Las evidencias incautadas –entre ellas dieciocho dispositivos electrónicos y documentación relevante– fueron ingresadas a cadena de custodia para su análisis.
En audiencia telemática, el Fiscal de la Unidot-G presentó los elementos de convicción recabados, entre ellos informes investigativos integrados y de premisas, partes de detención, evidencias levantadas en los allanamientos, análisis de seguimientos y vigilancias, y extracciones de información de dispositivos móviles.
El Juez especializado en delitos de corrupción y crimen organizado, con sede en Quito, acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Christian G. Z., Yuri P. P., Carlos R. S., Luis R. C. y Rommel D. G., los policías en servicio activo; así como para los militares Pablo G. M., Wilson Y. T. y Guillermo Ch. C.
La misma medida se dictó para Daniel K. A., Esther Ch. E., Jonathan G. M., Charly T. M., Dayerli M. L., Joseline T. M. y Carlos A. M. En el caso de Maoly M. G., se dispuso arresto domiciliario debido a su estado de embarazo, sustentado en certificados médicos presentados en audiencia.
La instrucción fiscal tendrá una duración de noventa días.
Información jurídica
Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de delincuencia organizada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. (FGE)
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