La Libertad (Santa Elena), 10 de abril de 2026.- La Fiscalía General del Estado procesa a cuatro personas presuntamente implicadas en la extorsión perpetrada contra un comerciante, a quien exigían el pago de 10.000 dólares, bajo amenazas de atentar contra su vida, la de sus familiares y trabajadores en caso de no acceder a lo solicitado. Las amenazas se ejecutaban mediante llamadas y mensajes de texto con contenido intimidatorio.
La Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Extorsión y Secuestro (Dinased) recibió la denuncia de la víctima, quien indicó ser objeto de exigencias económicas por parte de los presuntos extorsionadores, quienes reiteraban las amenazas en caso de incumplimiento.
El afectado señaló que los mensajes generaban un estado constante de temor y preocupación por su seguridad, la de su familia y la de sus empleados.
Los extorsionadores habrían indicado cuentas bancarias en las que debía hacerse el pago y establecieron un plazo para los depósitos. La víctima presuntamente efectuó varias transferencias por valores de entre 20 y 30 dólares, que sumaron un total de 100 dólares.
Tras la denuncia presentada ante Fiscalía y la Policía Nacional, se ejecutaron acciones investigativas que permitieron ubicar los teléfonos celulares desde los cuales se enviaban los mensajes extorsivos, así como a los titulares de las cuentas bancarias receptoras de los depósitos, en las ciudades de Guayaquil, Ambato y Tulcán.
Con estos elementos, la Policía Nacional ejecutó operativos en dichas localidades, logrando la aprehensión de los presuntos implicados: uno en Tulcán, dos en Ambato y una mujer en Guayaquil.
Dos de los aprehendidos aceptaron su participación en el hecho y proporcionaron información sobre el presunto autor intelectual, quien actualmente es ubicado por la Policía Nacional. Los aprehendidos fueron trasladados a La Libertad y puestos a órdenes de las autoridades judiciales. Como evidencias se incautaron cuatro teléfonos celulares y comprobantes de depósitos, ingresados bajo cadena de custodia de la Policía Judicial del cantón.
En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la Fiscal del caso presentó elementos de convicción como el parte informativo y de aprehensión, versiones de agentes de la Policía Nacional y de la Unidad Nacional de Antisecuestro y Extorsión (Unase), mensajes intimidatorios enviados al afectado, así como las evidencias recabadas.
El Juez de Garantías Penales de turno acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Antony Gabriel R. O., María Teresa R. M., Mara Velezka J. B. y William Rolando D. E.
Además, el Magistrado dispuso medidas de protección a favor de la víctima y su núcleo familiar, conforme al artículo 558, numeral 3, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), incluyendo la boleta de auxilio.
La instrucción fiscal durará treinta días.
Información jurídica
Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 185, inciso tercero, numerales 2 y 5, del COIP, que sanciona el delito de extorsión con pena privativa de libertad de siete a diez años. (FGE)
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