La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsión (UNASE), ejecutó el 4 de julio de 2026 un operativo en el sector San Roque, centro de Quito, que permitió localizar un sitio de cautiverio, liberar a una persona que permanecía privada de su libertad y aprehender a dos personas presuntamente implicadas en el hecho.
El procedimiento se activó tras la denuncia de un presunto secuestro extorsivo. De acuerdo con las investigaciones preliminares, la víctima habría sido contratada para ejercer la representación legal de personas vinculadas a un proceso investigativo penal. Posteriormente, habría sido privada de su libertad y sus captores habrían exigido USD 7.000 para su liberación, bajo el argumento de la devolución de valores económicos.
Ante la alerta, personal especializado de la UNASE inició de manera inmediata labores investigativas y operativas, que permitieron recopilar información, establecer la posible ubicación de la víctima e identificar un inmueble en el sector San Roque, que presuntamente era utilizado como sitio de cautiverio.
Con base en los elementos obtenidos, los equipos policiales ejecutaron una intervención que permitió liberar a la víctima y ponerla a buen recaudo, además de aprehender a una mujer adulta y aislar a una adolescente, presuntamente vinculadas al hecho.
Aprehendida:
Mónica C., de 40 años de edad, quien no registra antecedentes.
Adolescente aislada:
Y. C. A. D.
Indicios:
02 terminales móviles.
01 vehículo.
01 arma blanca.
01 objeto contundente tipo bate.
01 cinta transparente de embalaje, presuntamente utilizada como elemento constrictor.
La persona aprehendida, la adolescente aislada y los indicios fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para las diligencias legales correspondientes.
Este resultado se enmarca en la Estrategia Operacional 3D de la Policía Nacional del Ecuador, orientada a debilitar, desorganizar y desarticular estructuras y redes criminales vinculadas al secuestro y la extorsión.
La Policía Nacional del Ecuador reafirma su compromiso de responder de manera inmediata ante delitos que atentan contra la libertad e integridad de las personas, mediante acciones investigativas y operativas especializadas que permitan localizar a las víctimas, ponerlas a buen recaudo y llevar ante la justicia a los responsables.
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