El 12 de agosto de 2026, en el sector de Julio Andrade, provincia del Carchi, la Policía Nacional, en coordinación con el Bloque de Búsqueda, ejecutó un operativo que permitió detener a un ciudadano requerido por las autoridades judiciales de Colombia.
La intervención se desarrolló mediante diligencias investigativas y en cumplimiento de una orden de allanamiento emitida por la autoridad judicial competente.
El ciudadano, identificado como L. H., es requerido por las autoridades colombianas por su presunta vinculación con los delitos de secuestro extorsivo, homicidio agravado y fabricación y tráfico de armas de fuego.
La operación contó con la articulación de organismos de cooperación internacional, entre ellos la Agencia U.S. Marshals, a través de la FIU de Colombia, y la Subsecretaría de Migración, con el propósito de ejecutar las acciones administrativas correspondientes para su deportación hacia Colombia, donde será puesto a órdenes de las autoridades competentes de ese país.
El procedimiento administrativo de deportación se sustenta en la causal relacionada con amenaza o riesgo para el Ecuador.
Este resultado evidencia el trabajo articulado entre las instituciones nacionales y los organismos de cooperación internacional para fortalecer el control en la zona fronteriza y ejecutar acciones oportunas que contribuyan a la seguridad de la ciudadanía.
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