La reunión para buscar una solución para Maricarmen Abascal se salda con éxito y la mujer, de 87 años, podrá volver a casa. Según ha comunicado Ana de Miguel, consejera delegada de la entidad, al fin del encuentro entre las partes representantes de Maricarmen, la empresa Urbagestión y intermediarios de la EMVS de Madrid, se ha conseguido pactar un contrato de arrendamiento regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos de una duración de hasta ocho años y con un alquiler que no supere el 30% de sus ingresos netos para que Maricarmen pueda volver a Sainz de Baranda, 46.
Este contrato nacerá “bajo el amparo del Servicio de Intermediación del Alquiler (SIA)” que se compromete a ofrecer a la inquilina “asesoría jurídica, económica, técnica y fiscal” y al propietario “un seguro multirriesgo y de impago”: “La EMVS será garante de esos pagos”, ha comunicado la consejera. Por parte de Maricarmen, su abogada, Beatriz Duro, ha expuesto que todavía falta que Maricarmen apruebe este acuerdo, algo que “seguramente pase por la mañana” porque a la hora de término de la reunión —aproximadamente las 22.00— ya estaba durmiendo. Una vez lo firme, “podría volver a casa en cuanto le den el alta”. Tanto Duro como la portavoz del Sindicato de Inquilinas que la acompaña, Carolina Vilareño, han calificado el hecho de “histórico”
“No se ha visto nunca nada parecido a lo que veremos si Maricarmen cruza esa puerta para volver a casa, no nos dio tiempo ni a sacar sus cosas”, asegura Duro. Por parte de Urbagestión, el representante personado en la EMVS de Madrid ha decidido no dar declaraciones. Aún así, tanto Ana de Miguel como la representación de Maricarmen han asegurado que, pese a la extensa duración del encuentro, ha sido una conversación “con un buen talante de las partes en todo el proceso”, ha definido de Miguel. La portavoz sindical ha apuntado a que ha sido larga porque son “muchos puntos”: “No ha habido grandes discrepancias, hemos tardado por negociar más de 20 cláusulas”, aclaraba Vilareño.

Un alquiler parecido al que ya pagaba
La abogada ha explicado que aún quedan por concretar algunos detalles del contrato, entre ellos la cuantía exacta de la renta, que deberá calcularse en función de los ingresos de Maricarmen, pero calcula que será una renta “aproximada a la que venía pagando” y que en ningún caso, como adelantaba de Miguel, superará el 30% de sus ingresos netos. Ahora falta que la propia Maricarmen dé el visto bueno definitivo. La mujer continúa ingresada en el Hospital Gregorio Marañón y, según su abogada, todavía no conoce el resultado de la reunión.
La intención es trasladárselo cuando puedan hablar con ella y se encuentre en condiciones de tomar una decisión. “En cuanto hablemos con Maricarmen y Maricarmen se vea con fuerzas de dar una respuesta y demás y ella como una confirmación del acuerdo, se comunicará”, ha explicado Duro. Si acepta y firma, el regreso podrá producirse en cuanto reciba el alta hospitalaria. “La entrada en la vivienda se efectuará también cuando Mari Carmen reciba el alta, porque recordamos que todavía continúa ingresada. Al principio la idea es agilizar los trámites para que, cuando le den el alta pueda ir directamente y volver a su vivienda”, ha señalado.
Un acuerdo “fruto de la movilización social”
La abogada considera que el acuerdo demuestra también el papel que ha tenido la movilización social y sindical durante los últimos días. “Esto es, sin duda, fruto de la movilización social, de la movilización sindical”, ha defendido. A su juicio, el caso ha generado un consenso sobre el problema de la vivienda “como hacía años que no se vivía” y ha puesto “sobre la mesa la necesidad de que situaciones como la de Maricarmen no vuelvan a producirse”. Vilareño ha reivindicado además que este tipo de mediaciones se convierta en algo habitual en los conflictos de vivienda.
“Nos tenemos que ir acostumbrando a que va a haber representaciones sindicales en los casos de vivienda, que esto va a ser la orden a partir de ahora cuando haya conflictos”, ha señalado. Según ha defendido, su presencia permite “equilibrar la relación de poder” entre las partes. A su juicio, si el Sindicato de Inquilinas no hubiera mantenido la movilización y la presión desde el día del desahucio, “hubiese sido otro desahucio más”. “Es fundamental trasladar que luchar sirve, que hay esperanza en que podemos construir cosas mejores si las queremos”, ha afirmado.
Duro también ha reclamado que lo ocurrido sirva para cambiar la respuesta de las administraciones ante los desahucios. “Creo que esto sí que debería suponer un cambio y se debería hacer norma”, ha defendido. Para ello, ha señalado, “las administraciones públicas deberían trabajar en alternativas habitacionales antes de que se produzcan los desalojos, y no esperar a que las personas se encuentren ya en la calle para buscar una solución”. El acuerdo alcanzado este lunes queda ahora pendiente de un último paso, pero tras seis días desde su desahucio, la solución pactada esta noche abre la puerta a que Maricarmen vuelva pronto a casa.
Fuente: 20minutos.es

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